El Gobierno convocó para el jueves 21 a una reunión del consejo asesor sobre la conducta ética de las asociaciones de consumidores. Lo integran unas 25 entidades de usuarios, las cuales recibirán información detallada sobre la marcha de la investigación a una de sus colegas, Adecua, por los acuerdos que firmó con seis bancos y financieras. El llamado lo hizo la subsecretaria del área, María Lucila “Pimpi” Colombo. El eje de la presentación serán los datos que Página/12 reveló esta semana: que los convenios permitieron a las empresas acotar a 1,7 millón de pesos las indemnizaciones pagadas por seguros y cargos mal cobrados, mientras que las empresas se libraron de pagar unos 367 millones en reparaciones. Por otra parte, ayer se confirmó la renuncia de los dos funcionarios y el asesor de una senadora oficialista que participaron, de manera directa o indirecta, en los acuerdos objetados.

El consejo asesor deberá evaluar la conducta ética de Adecua. Las entidades podrán emitir despachos individuales o conjuntos que no son vinculantes, pero que servirán a Defensa del Consumidor para avanzar con eventuales sanciones sobre la asociación. Ya hubo un primer pronunciamiento de aquellas entidades, tras la primera reunión del consejo asesor para analizar el caso, en septiembre pasado. Fueron cuatro presentaciones, algunas con una sola firma y otras grupales. Con matices, coincidieron en que los acuerdos de las asociaciones de consumidores “deben ser extensivos a todo el universo de los usuarios” y que “las devoluciones de sumas de dinero acordadas en dichos convenios deben efectuarse por el mismo medio en que fueron descontados a los consumidores”. Son los dos aspectos que no cumplen los arreglos de Adecua.

A esta altura, parece difícil que la asociación que encabeza Sandra González pueda esquivar algún tipo de penalidad. Defensa del Consumidor investiga además a otras dos asociaciones, Proconsumer y Consumidores Financieros, por haber suscripto convenios similares a los de Adecua. Una cuarta entidad, Cruzada Cívica, también aparece mencionada en los expedientes oficiales. Sin embargo, su situación difiere de las otras tres. Uno de sus fundadores es Juan de Dios Cincunegui, quien hasta ayer se desempeñaba como interventor de Intercargo y antes, desde 2008, como director de Aerolíneas Argentinas. Cincunegui debió renunciar al quedar envuelto en las denuncias, lo mismo que ocurrió con el número dos de la Secretaría de Medio Ambiente, Luis Romiti, y el asesor de la senadora Nancy Parrilli, Eduardo Baeza. Estos últimos trabajaban como abogados de Adecua en los seis juicios contra bancos y financieras.

Cincunegui buscó despegarse de ellos. Indicó a Página/12 a través de una carta que su situación es “absolutamente distinta” de la de Adecua, y aclaró que jamás trabajó ni tuvo relación alguna con esa entidad. El punto en el que confluyeron sus historias fue que Cruzada Cívica denunció a la financiera Gmac por abusos en los montos de los seguros de vida y responsabilidad civil cobrados en créditos prendarios. La demanda se presentó en 2006 y Cincunegui, si bien ya no formaba parte de los órganos societarios de Cruzada Cívica, actuó como patrocinante en la causa. Tiempo después Adecua también avanzó sobre Gmac, pero como ya había una presentación previa, la nueva se agregó a la anterior.

Finalmente hubo un acuerdo entre las asociaciones y Gmac, pero Cincunegui indicó que no tuvo “nada que ver” con los otros convenios de Adecua. De hecho, argumentó, Cruzada Cívica exigió la devolución automática de lo cobrado de más en los créditos aún activos, mientras que en los que ya cancelados sí fue necesario que los clientes se presentaran ante la financiera para lograr una indemnización. Pero la razón, dijo, es que ahí no hay cuentas abiertas donde depositar el dinero. A pesar de las diferencias, Cincunegui se vio arrastrado por una situación política más compleja y tuvo que dejar el cargo.