El presidente Eduardo Duhalde volvió a imprimir un nuevo giro a la negociación con las petroleras. Luego de afirmar anteayer que las empresas ganaron mucho dinero y que ahora deberían abstenerse de aumentar, ayer señaló que los subas de precios impuestas por dos de las tres firmas que controlan el mercado local fueron “razonables”. En tanto, en la Comisión de Energía y Combustibles del Congreso, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descubrió que no resultará tan fácil “hacer pasar” el impuesto a la producción en reemplazo de las retenciones. En conversaciones informales, petroleras y gobierno encontraron una nueva fórmula: aplicar las retenciones para evitar el desgaste político, pero con una alícuota decreciente en los sucesivos años. Sin embargo, en un contexto de fuertes presiones, por ahora la única certeza es la indefinición.
Las petroleras estarían dispuestas a aceptar las retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de crudo, pero sólo en el 2002. A partir del año próximo la alícuota sería más baja. La moneda de cambio la brindó el propio Duhalde al proclamar la urgencia en la recaudación. Fuentes de las petroleras dijeron a Página/12 que podrían adelantar los “350 millones de dólares” que necesita el gobierno para el presupuesto 2002 si se llegaba a un acuerdo para que ese porcentaje decrezca hasta su desaparición en 5 años. Cabe aclarar que la cifra emergente de retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de crudo y del 5 a los derivados, no son 350, sino 630 millones de dólares. En 2001 se exportaron 2844 millones de crudo y 1207 en derivados. La diferencia con las cifras que sostienen en público las empresas es de 280 millones.
El cambio de planes se produjo a partir del desgaste que está produciendo en el gobierno dejar de lado el espíritu de la Ley de Emergencia Económica que estableció las retenciones (luego ratificadas por el decreto reglamentario que marcó los porcentajes). En la Comisión de Energía –donde se polarizaron las posiciones entre los representantes de las provincias productoras, funcionales a los intereses de las petroleras, y las consumidoras– Jorge Capitanich dijo que estaba dispuesto a “escuchar alternativas”. En respuesta, recibió una andanada de recriminaciones. Principalmente, los legisladores le reclamaron que los argumentos sobre los supuestos problemas de rentabilidad que esgrimen las petroleras, tanto para pagar menos impuestos como para aumentar los precios de los combustibles, sean respaldados por números. También, si de rentabilidad se trata, que se les recuerde a las petroleras que fueron beneficiadas por la pesificación.
En esta línea, no faltaron quienes recordaron el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación que señala, entre otros puntos, que las petroleras, como consecuencia de su posición dominante en el mercado (que les permite fijar precios por encima de la paridad internacional), recibieron en los últimos 10 años transferencias extraordinarias por 4500 millones de dólares y evadieron, por distintas causas, 800 millones más. Además de números, a Capitanich se le pidió también transparencia, sugerencia que enfureció al ministro. Tras la tensa reunión, el jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa en la que ratificó que “el gobierno mantiene su decisión de aplicar retenciones a las exportaciones de hidrocarburos a partir del 1º de marzo”. No obstante, insistió en que el Ejecutivo “está dispuesto a considerar cualquier propuesta alternativa del Congreso de la Nación, en la medida que garantice al Estado un ingreso fiscal desde el sector petrolero similar al que se obtendría por la vía de las retenciones”.
Para obtener ingresos similares, entonces, el primer análisis que debe hacer el Congreso es cuál es el gravamen alternativo que permita recaudar 630 millones de dólares anuales. Pero las cuentas que sacan las petroleras son otras. Ofrecerán, en menor cuantía, “el efectivo ya” reclamado por Duhalde y aceptarán las retenciones, aunque cambiando su forma. La meracorrección de las alícuotas evitaría el desgaste político en el Legislativo y además, según estiman fuentes gubernamentales, la rebaja quitaría a las empresas los argumentos para reducir inversiones.
Mientras se busca apurar antes de la dead line del 1º de marzo una solución para la cuestión impositiva, todavía resta definir la más peliaguda cuestión de los precios. Las empresas, como ya lo demostraron en la práctica Shell y Esso, no aceptarán quedarse afuera de las ganancias por los cambios en los precios relativos. Fuentes de la española Repsol YPF dijeron a este diario que “llegado el momento habrá que sentarse a definir el tema precios, es decir, como será la recuperación”.
En tanto, en lo que ya se convirtió en un problema comunicacional cuando de temas económicos se trata, el presidente Eduardo Duhalde volvió a desdecirse de sus afirmaciones de la víspera. “Hubo noticias que eran catastróficas. Decían que iba a haber aumentos del combustible entre un 20 y 40 por ciento (...). Lo que se verificó hasta ahora es una suba muy pequeña”. Los aumentos, agregó, “se esta manejando dentro de límites razonables”. Lo que el presidente no dijo es que las noticias no hablaban de llegar a esos porcentajes de una sola vez, sino a través de “pequeños y razonables” aumentos sucesivos que aminoren el impacto.