Tras varias denuncias e investigaciones en curso por lavado de activos el negocio de las joyerías tendrá un mayor control. La AFIP integrará la actividad al Sistema del IMT (Indicador Mínimo de Trabajadores), que determina de oficio la cantidad de personas que deben emplearse para cada rubro y los consiguientes aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico de Seguridad Social. El objetivo de la iniciativa, que todavía no fue implementada, es poder contar con elementos de control a una actividad que opera en casi un 90 por ciento en la informalidad. Desde el sector reconocen este porcentaje de evasión, producto de la compraventa de oro en el mercado no registrado, además de que la mayoría de los locales opera como cuevas financieras para la venta de dólar blue. Las joyerías además venden el oro al público a la cotización del paralelo, incluso desde el Banco Ciudad, cuyo precio equivalente para la onza (aproximadamente 31,1 gramos) refleja un dólar a 8,06 pesos.

El circuito marginal del blue se alimenta de fuentes ilegales de dólares para su venta. Entre las proveedoras de divisas al segmento informal se encuentran las joyerías, principalmente las denominadas mayoristas, que tienen espalda financiera para poder seguir importando oro, pese a que fue prohibida su venta al público para atesoramiento. Las restricciones a la compra de moneda extranjera incluye también la de metales preciosos con el fin de atesoramiento.

No obstante, el negocio de las joyerías continuó en las sombras. La venta al público y las compras en el mayorista no se registran. Referentes del sector arguyen que los impuestos internos encarecen la importación del oro, lo que estimula la compra en negro. “Si un comerciante quisiera comprar el metal no hay lugar físico para hacerlo y además debería pagar el 25 por ciento de alícuota a Objetos Suntuarios, que grava la plata y el oro, más el 21 de IVA. La brecha entre el metal en negro y el registrado se amplió y nadie opera en blanco. Los mayoristas trabajan tranquila y cómodamente con calculadoras con rollo de papel, entregando a los clientes la clásica tira con la suma del total”, explicó el responsable de una joyería de la city. En el caso de la venta al público, la mayoría de estas joyerías no entrega boleta.

El arbitraje de estas operaciones se mantiene fuera de los registros del ente recaudador, que ahora busca obtener información completa sobre el circuito de esa actividad. La incorporación del sector al Sistema del IMT es el paso previo a que se regule ese negocio. El indicador discrimina entre empleados transitorios o permanentes y calcula la remuneración computable para la actividad. La persona física o jurídica que comercializa objetos suntuarios debe estar inscripta y liquidar impuestos internos, pero el registro no es sencillo y pocos son los que cumplen con el gravamen, debido a que no es generalizado. Esta información debería cruzarse con la cantidad de empleados y responsables de las joyerías, para lo que se usará el Sistema del IMT. Según fuentes del sector, el 90 por ciento de lo que se negocia en oro para atesoramiento se realiza a través de este circuito ilegal.

El recorrido no finaliza con abultadas ganancias por intermediación, sino que los dólares que se reciben por la venta de oro siguen dos caminos: se dirigen a las cuevas, muchas de las cuales operan en las mismas joyerías, o se dirigen a Uruguay. En los últimos dos años, la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de velar por el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero, solicitó varias órdenes de allanamiento en joyerías por posible lavado de activos de origen delictivo, entre las que cobraron notoriedad fueron Paul Baker, El Lingote y Ricciardi. Las joyerías deben recabar de sus clientes documentos que prueben su identidad y comunicar las transacciones que presenten indicios de delitos. La investigación en el caso de Ricciardi derivó en una multa por 100.000 pesos al establecimiento y para su dueño Jeffrey Alberto Benzadon, debido a que sus empleados negaron el ingreso de inspectores.

La informalidad en la que se mueve la actividad también se refleja en la cotización del dólar que se utiliza de referencia para los precios. Las agencias que operan con “oro financiero” lo importaban principalmente de Suiza, pero con las restricciones a la compra de divisas dejaron de hacerlo. Las joyerías toman un dólar de entre 9 y 10 pesos para la cotización del metal. De las entidades oficiales que lo comercializaban, como Supervielle y Banco Piano o financieras como Puente, sólo quedó el Ciudad y para operaciones de hasta 100 gramos por persona. El precio implícito para su adquisición también reconoce un dólar blue. Si se considera que una onza troy, que equivale a 31,1 gramos, en el Ciudad se ofrece a 10.975 pesos, representa un dólar a 8,06 pesos. El gramo se vende en 352,90 pesos. La cotización en el exterior se ubica en 1360 dólares que, con un dólar a 5,15, debería pactarse en no más de 7009,15 pesos para el equivalente a una onza.