–¿Y usted cuánto gana?
–¿Sueldo de bolsillo? –quiere precisar, meticuloso, el funcionario inquirido, un prestigioso técnico en ejercicio de un cargo de nivel político–. Poco menos de 2600 pesos –responde lacónicamente.
Pero ahora, gracias a un reciente decreto de Eduardo Duhalde, convirtiendo el tope de 3000 pesos que se le ocurrió a Adolfo Rodríguez Saá de bruto en neto, recibirá un aumento del 15 por ciento, que será de poco consuelo para él. Apenas dos años atrás cobraba más de 10 mil por la misma función, pero aquello duró poco. Sucesivas decisiones de José Luis Machinea, Domingo Cavallo y el caudillo puntano le podaron 75 por ciento del sueldo en pesos y 88 por ciento en dólares.
Ahora no sabe si van a pagarle a fin de mes, pero aún antes de conocer esta novedad fue esta semana a la escuela donde estudian sus hijos. “Les pedí que me fiaran, o que me los bequen, porque no me alcanza para las cuotas.” Cuando ganaba mejor que ahora tomó un crédito hipotecario, cuyas mensualidades ahora sólo le dejan unos 1200 pesos libres para vivir. “Estoy buscando otro laburo –informa–. Mandando mi currículum a todas partes. Mientras tanto, me estoy comiendo una plata que tenía guardada. Va a alcanzar a lo sumo para dos meses más.”
–¿Lo pilló el corralito?
–No, porque casi no teníamos ahorros. Pero aquí hay un subsecretario al que sí lo agarraron. Es del interior y alquilaba un departamento en la Capital, que tuvo que desalojar. Ahora vive en otro departamento que le prestaron.
De pronto parece quebrarse: “Esto es angustiante –confiesa–. Siempre fui funcionario público, y quisiera seguir siéndolo. Pero para eso hay que ser rico y querer darse el gusto, o conseguirse un sponsor.” Diferentes formas de corrupción son alternativas siempre disponibles para los inescrupulosos. Una variante es administrar algún proyecto con financiación externa, que permita tomar contratados y cobrarles por izquierda un diezmo sobre su sueldo.
Los empleados de otras áreas cobran sus salarios gracias a los llamados entes cooperadores, que extraen sus recursos del arancelamiento de servicios. Pero incluso esas zonas privilegiadas, relativamente a salvo de las penurias presupuestarias, ahora tiemblan viendo la declinante facturación de los registros, también asolados por la depresión. Tales fuentes paralelas de recursos se convirtieron en cruciales a medida que el llamado “presupuesto blanco” sufría los hachazos del ajuste.
También proliferaron extrañas formas de pago, como las “unidades retributivas”, u otras exógenas. Cavallo fue pionero en esta variante, al asegurarse para sí mismo y para todo el equipo que lo secundó entre 1991 y 1996 una retribución extra aportada por empresas de la Fundación Mediterránea. Entre varios otros casos puede también mencionarse el de las compañías de seguros, que pagaban mensualmente un “estímulo” a los funcionarios que debían fiscalizarlas.
Aunque sean víctimas de una política que sigue destruyendo al Estado, incluso cuando más se lo necesita, algunos funcionarios se sienten culpables de haberse equivocado. Por ejemplo, quienes pasaron en cierto momento del Poder Judicial al Ejecutivo. Ahora comprenden que fue como mudarse del primer al tercer mundo, y no se perdonan el “error”.
–Si me voy, nadie querrá reemplazarme –dice el entrevistado. Sencillamente porque sus inmediatos colaboradores ganan más que él, por el simple hecho de ocupar cargos administrativos, no estigmatizados como los políticos. “Acá nadie quiere ascender. Yo estaría feliz si me bajaran de categoría, para así ganar más, pero no es posible porque están congeladas las vacantes”, relata describiendo el absurdo en que han convertido al Estado.Pero estas situaciones disparatadas no son nuevas. Machinea, por ejemplo, cuando fue presidente del Banco Central, eligió seguir cobrando como gerente general porque así percibía más dinero. De lo contrario, vería aplastado su salario por el techo que se había impuesto Raúl Alfonsín.
El funcionario de esta historia, que rogó anonimato, tiene sentado en la entrada de su despacho a quien fuera su chofer. Como le quitaron el coche no lo es más, salvo cuando consigue un auto prestado, porque él no puede darse tamaño lujo. “Lo que se usa hoy día es el funcionario poligriyo –dice con humor amargo–. Como frecuentemente tenemos reuniones, caminamos mucho. La caja chica para taxis no alcanza. Preferimos reservarla para los ordenanzas que tienen que llevar expedientes.”
Salida a esta penuria no le ve. “La sociedad argentina hoy no cree que los funcionarios deban cobrar sueldos dignos. Cuando le preguntan sobre esto a un taxista o un cartero, dicen que debemos ganar lo mismo que ellos, quinientos pesos o algo así. Más vale que nos busquemos otra actividad”, concluye. Sólo descubre comprensión en el organismo donde aún trabaja, pero es una solidaridad casi humillante. “Los empleados me miran con conmiseración –describe–. Algunos me consuelan, me ofrecen prestarme unos pesos. Quizá porque me ven con el mismo traje todos los días. Pero aunque esté raído no puedo gastar en comprarme otro. Porque un cargo como el mío exige que venga bien vestido, de traje, corbata, zapatos. Pero el Estado no le compensa a uno ese costo.”
Desde hace por lo menos un cuarto de siglo, el desnaturalizado Estado argentino fue ascendido al cadalso. De él se valieron los intereses privados para licuar una y otra vez sus deudas, para beneficiarse con la corrupción y para capturar subsidios. Luego sobrevinieron las privatizaciones y la visión del sector público como un costo para el sector privado. Cavallo sostenía que el tipo de cambio real era la inversa del gasto público: bajarlo era una manera virtuosa de devaluar. Lo que nadie hizo fue mejorar la calidad del Estado, acordarse en serio de su razón de ser. Para los partidos, fue apenas un medio de financiación de la política y de enriquecimiento ilícito, un botín. Ahora se les dice a los estatales que cobrarán si la recaudación alcanza, y que sus sueldos no son primera prioridad. Esto quiere decir, en otras palabras, que los servicios fundamentales que debe prestar el Estado tampoco lo son.