Si la recaudación cae durante el mes de febrero más de un 12 por ciento, hipótesis muy factible según los propios pronósticos oficiales, los estatales de la Nación y jubilados, en ese orden, no podrán cobrar sus haberes íntegros. Para enfrentar esta inquietante eventualidad, admitida ayer por el propio presidente de la Nación, el Gobierno aún no tiene ninguna herramienta prevista y, por ahora, Economía fantasea con un improbable “préstamo”, quizás del propio Banco Central o, mejor aún, de alguno de los organismos multilaterales de crédito con los que el Estado argentino está a punto de entrar también en default. Con la magra performance fiscal y ante el creciente malhumor social, el gobierno duhaldista depende cada vez más de una vital e improbable ayuda externa y está empujado a tomar “antipáticas” medidas, como la aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Hasta el dramático esfuerzo del Tesoro para aportar los 55 millones de pesos para pagar la última cuota adeudada del incentivo docente parece un bálsamo poco eficaz, que amenaza perderse como una gota de agua en el océano. “Sudamos sangre”, graficó ayer el secretario Oscar Lamberto en alusión al costo para cubrir ese gasto con una recaudación en picada.
El pesimista panorama fue descripto por el propio Eduardo Duhalde, durante un reportaje radial matutino. “No pareciera que pudiéramos pagar íntegramente los sueldos del Estado Nacional. No hay dinero y, entonces, no se puede pagar”, reconoció el Presidente. Pero fue el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, quien por la tarde intentó precisar ante la prensa el alcance de esa advertencia.
El Tesoro Nacional necesita cerca de 1000 millones de pesos mensuales para cubrir el creciente faltante que enfrenta la Anses para pagar las jubilaciones, más los sueldos de la administración pública nacional y las cuotas correspondientes de los programas sociales. Con suerte, la pobre recaudación de febrero permitiría cubrir estos rubros que el Gobierno acaba de definir como prioritarios. El resto, incluida la cuota de intereses por la deuda contraída con organismos multilaterales de crédito –la única que no dejó de honrarse hasta ahora–, entre otros pagos, quedaría postergado para una mejor ocasión.
Dentro del propio gobierno no hay coincidencias acerca de la magnitud del derrape de los ingresos públicos. Mientras Lamberto se esmeraba ayer por hacer creíble el dato de que la recaudación no retrocedería más del 12 por ciento este mes, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, estimó ante Página/12 que esa caída llegaría al 20 por ciento.
En alguna medida, esas diferentes proyecciones acerca del promedio general podrían explicarse por el singular comportamiento que registran los impuestos este mes, según los datos que maneja Hacienda. Extrañamente, el Impuesto al Valor Agregado estaría subiendo alrededor de un 25 por ciento, tal vez por el aumento de los precios, porque ya no puede imputarse a cuenta de ese tributo el impuesto al cheque y porque pudo haber habido alguna suba en productos de consumo de primera necesidad. Pero, al mismo tiempo, la recaudación previsional, normalmente estable, estaría menguando más de un 20 por ciento.
“Apelo a la sociedad argentina para que pague las contribuciones a la seguridad social, ya que de eso dependen los jubilados”, exhortó ayer ante las cámaras de televisión el secretario de Hacienda. La situación es especialmente dramática para la Nación, ya que estaría subiendo el IVA, que es un impuesto que se coparticipa (y, por lo tanto, cualquier suba debe ser compartida con las provincias), mientras que los aportes jubilatorios sólo son competencia de la administración central.
Frente a esta situación, la Nación optó por cubrir apenas los rubros prioritarios (jubilaciones, planes alimentarios y de empleo y salarios, en este orden) y sólo hasta donde se lo permita la recaudación. El eventualpago parcial no significaría un recorte permanente como la última reducción del 13 por ciento que soportan los estatales y jubilados con haberes superiores a 500 pesos mensuales desde el año pasado, sino una baja circunstancial pero de magnitud indefinida y, tal vez, creciente, si las famélicas arcas públicas no consiguieran robustecerse.
El Estado nacional no tiene crédito. Tampoco considera la posibilidad de emitir títulos que aumenten su deuda. Finalmente, poco le seduce apelar a la emisión monetaria, aumentando la que está prevista en el Presupuesto. Hacerlo, según Lamberto, significaría convalidar una suba de precios adicional y hasta alentar la temida hiperinflación.
La esperanza se deposita, entonces, en algún préstamo aún no gestionado. Quizás Lamberto sueñe con las líneas especiales del Banco Mundial y del BID, de uso libre para el destinatario, que sólo debe comprometerse a metas de reforma estructural, laxas y lejanas. Pero esos créditos sólo son accesibles si el país beneficiario selló su acuerdo con el FMI, con el que Argentina aún no comenzó las negociaciones formales.
También suena a apuesta excesivamente optimista que está garantizado el comienzo de las clases con el pago del incentivo docente atrasado. Presumiblemente, los maestros también querrán alguna garantía de que cobrarán ese beneficio este año, algo verdaderamente utópico. Los legisladores planean extender el alcance de Bienes Personales, camino inconducente cuando la recaudación tributaria amaga reducirse a la mínima expresión.