El Gobierno dio a conocer ayer la oferta económica presentada por las empresas que siguen en carrera para hacerse cargo de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Los consorcios que pueden llegar a ganar la licitación son Austral Construcciones, de Lázaro Báez, quien está imputado por un fiscal en una causa por lavado y acompaña a Sinohydro (China); Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, junto a Gezhouba (China); Impsa, de Pescarmona, junto a Odebrecht (Brasil) y Alstom (Francia), y Panedile, Helport e Isolux (España). La inversión que requiere el proyecto energético que estará ubicado en el río Santa Cruz asciende a unos cinco mil millones de dólares. Permitirá generar 1740 megavatios, el 5 por ciento de la capacidad actual.

En enero, el ministro de Planificación, Julio De Vido, encabezó la apertura de los sobres de los cinco consorcios conformados por 21 empresas que se presentaron a la licitación. En ese momento se dijo que en marzo se conocerían las características de cada oferta –paso que se dio recién ayer– y que en junio sería la adjudicación. Desde Planificación indican que en las próximas semanas se dará a conocer el “puntaje” de cada propuesta y se adjudicará el proyecto al ganador. El Gobierno definió que el valor global máximo de las ofertas presentadas no supere los 24.358 millones de pesos, Que el porcentaje de financiamiento no sea menor al 50 por ciento, incluir un mínimo de 30 por ciento de industria nacional, establecer el plazo total de su devolución, el período de gracia, garantizar 6900 puestos de trabajo y terminar las obras en cinco años y medio como máximo.

La oferta más atractiva para costear el proyecto ejecutivo, la provisión de materiales, el equipamiento, las maquinarias y la mano de obra fue presentada por la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Electroingeniería, la china Gezhouba Group e Hidrocuyo, de 22.948 millones de pesos, aunque con un descuento de 17,44 por ciento, que la lleva a un valor global final de 18.001 millones. Sinohydro, Iecsa, Austral Construcciones, Chediak y Esuco pidieron 20.480 millones de pesos. Austral es la constructora de Lázaro Báez, imputado por el fiscal Marijuán en la causa por supuesto lavado de dinero. En tanto, Panedile, Isolux, Eleprint, Helport e Hidroeléctrica Ameghino cotizaron por 21.818 millones de pesos, mientras que Odebrecht, Pescarmona y Alstom demandaron 23.993 millones.

Sin embargo, otras variables que incorporaron las empresas matizan los datos anteriores. El grupo de Electroingeniería solicita cobrar 6 dólares por megavatio hora (mvh) de energía producida y ofrece financiamiento por el 121 por ciento del total de la obra (más del total porque incluye la carga impositiva). Odebrecht e Impsa también piden 6 dólares mvh y el 100 por ciento de financiamiento. Austral Construcciones planteó un mvh de 17,64 dólares y fondeo del 112 por ciento del total, mientras que Panedile y Helport calcularon 9,65 dólares el mvh y financiamiento equivalente al 106 por ciento.

Desde Planificación, de todos modos, aclaran que esos valores no son definitorios, sino que se tomarán en cuenta también otros criterios financieros y el papel de la industria nacional, en una fórmula que dará como resultado un puntaje definitivo. Estará a cargo de esa tarea una comisión evaluadora conformada por Obras Públicas, Energía, Recursos Hídricos, el Ministerio de Economía y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). “No hay plazos formales previstos para ese paso, pero será algo rápido, para comenzar la obra en el curso del segundo semestre”, indicaron desde la cartera de De Vido.

Sólo una de las cinco propuestas concretadas en enero quedó descalificada. Fue el proyecto presentado por Comercial del Plata Constructora, del empresario Cristóbal López, junto a la coreana Hyundai, José Cartellon, Rovella Carranza y la brasileña Constructora Oas. De Vido explicó que ese consorcio no presentó la propuesta de financiamiento.

Un aspecto relevante del proyecto será el aporte que haga la industria nacional en términos de tecnología y bienes de capital, y no sólo en el plano de la obra civil. La presencia de fuertes empresas chinas y brasileñas supone que el financiamiento que provenga de los bancos de desarrollo de esos países estarán atados a la intervención en materia industrial.