La Corte de Apelaciones de Nueva York podría dar a conocer en las próximas semanas su veredicto en la causa que enfrenta la Argentina con los fondos buitre. Si bien el tribunal no tiene una fecha estipulada para resolver, la proximidad de la feria judicial prevista por las vacaciones de verano en Estados Unidos hizo recrudecer los rumores entre funcionarios, abogados y expertos en el tema. Los encargados de resolver son los magistrados demócratas Daniels Barrington Park y Rosemary Pooler, y la republicana Reena Raggi.

Hay dos alternativas a las cuales los especialistas otorgan más probabilidades. La primera es que la Corte dictamine que los holdouts tienen derecho a cobrar el 100 por ciento de su deuda y que la Argentina viola el pari passu (tratamiento igualitario), pero a la vez anule el método de pago propuesto por el juez Thomas Griesa por considerar que viola derechos de propiedad de terceros. Griesa había ordenado disponer, llegado el caso, del dinero destinado a los acreedores que ingresaron al canje. Esta sentencia dejaría su aplicación en abstracto, a no ser que los fondos encuentren algún bien comercial de la Argentina en Estados Unidos para poder embargar.

La segunda alternativa, menos favorable a la Argentina, es que se le ordene al país pagar el ciento por ciento con el método de pago propuesto por Griesa. En ese caso serían penalizadas entidades financieras intermedias de los pagos si no acatan la medida, lo que obligaría a la Argentina a cambiar de jurisdicción y hasta de intermediarios para el pago de los bonos, y desataría un camino de pago inexplorado, pero no imposible, para pagar la deuda a los bonistas. En el mercado consideran que esa segunda alternativa derivaría en un default técnico, pero en el Gobierno sostienen que no puede denominarse de esa forma porque se conserva la voluntad y la capacidad de pago, por lo que se podría encontrar otra forma para efectivizar los desembolsos.

El Gobierno, a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el vicepresidente Amado Boudou garantizó el cumplimiento de los pagos a los bonistas ante un escenario desfavorable, aunque se reservó el cómo para cuando llegue la sentencia, porque también aquí hay un abanico de posibilidades. Asimismo, a través de la defensa argentina en Nueva York, le hizo saber a la Cámara de Apelaciones que no podría cumplir un fallo que obligue al país a abonarle ciento por ciento a los fondos buitre, que en esta sentencia se circunscribe a dos de ellos: NML –del fondo Elliott, perteneciente al magnate Paul Singer– y Aurelius.

El argumento argentino hace eje en cuestiones de caja, de equidad y de potenciales implicancias que podría tener a nivel internacional un fallo de este tipo con respecto a procesos de reestructuración que puedan llevar adelante otros países, entre otras cuestiones. Por un lado, porque se desataría un reclamo del resto de los holdouts (entre capital e intereses piden 15 mil millones de dólares) y de los acreedores que ingresaron al canje y que reclamarían lo mismo que los holdouts, pudiendo elevarse el monto reclamado en 50 mil millones de dólares. Por otro lado, porque considera inequitativo pagar más a los fondos buitre que a la mayoría de los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. En tercer lugar, porque podrían peligrar futuras reestructuraciones de países con crisis de deuda, aun las operaciones promovidas por el FMI, si quedan afectados los pagos de los canjes y si a la larga los fondos buitre siempre ganan en el litigio. El fallo esperado es de segunda instancia, con lo que en cualquier caso resta la instancia final de la Corte Suprema, aunque los analistas auguran pocas chances de que la misma acepte tratar el caso.