El Gobierno está dándole más protagonismo al Ministerio Público Fiscal en la lucha contra las “cuevas” de la city porteña. El Régimen Penal Cambiario le otorga sólo al Banco Central facultades para fiscalizar a los operadores del mercado financiero e investigar infracciones, pero en la entidad reconocen que les es difícil combatir en soledad ese tipo de ilícitos. Por tal motivo, solicitaron la colaboración de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que conduce Carlos Gonella. El área de Fraude Económico y Bancario de ese organismo inició un trabajo de inteligencia, junto con Gendarmería, que hasta el momento permitió detectar cinco casas de cambio no autorizadas, luego allanadas por la Justicia. Esa tarea de colaboración se combina con una serie de reuniones que viene manteniendo Gonella con fiscales del fuero Penal Económico para fijar estándares y criterios de actuación común en la materia. Incluso en el Gobierno evalúan ir más allá e introducir el delito cambiario en el Código Penal para que los fiscales puedan intervenir sin que se los tenga que solicitar el Banco Central, cómo hacen con cualquier otro delito.

El 20 de diciembre del año pasado, la jefa de los fiscales federales, Alejandra Gils Carbó, anunció la creación de la Procelac para potenciar la eficacia en la persecución de los delitos económicos, dependencia que cuenta con seis áreas operativas, entre las que se incluyó Fraude Económico y Bancario. Ese día la funcionaria les solicitó al procurador adjunto y a los coordinadores de las flamantes áreas que no se limiten a obrar como auxiliares de los jueces y que asuman un papel protagónico en las investigaciones. También les pidió que trabajen de manera articulada con otras dependencias públicas y privadas. “Esto no lo puede hacer sólo el Ministerio Público. Por eso invitamos a otros fiscales, referentes del sector público y privado, autoridades legislativas, organismos de control, fuerzas de seguridad y un Poder Judicial que avance en la democratización de la Justicia para que no prevalezca la persecución penal de los culpables fáciles, con olvido de los delitos económicos graves que atacan los pilares del desarrollo sustentable con equidad social al que aspiramos”, concluyó.

El Banco Central recogió el guante y cuando el dólar negro comenzó a convertirse en un problema para el Gobierno, le solicitó a la Procelac colaboración para avanzar sobre las “cuevas”. El fiscal Gonella y Pedro Biscay, coordinador de Fraude Bancario, iniciaron una investigación y procuraron una serie de diligencias a través de Gendarmería. Como consecuencia de ello, se detectaron cinco casas de cambio no autorizadas sobre las peatonales Florida y Lavalle, que operaban sin inconvenientes por la complicidad policial. La Procelac le presentó las pruebas al Banco Central que a su vez las elevó a la Justicia, lo que permitió dictar una serie de allanamientos e incautar divisas de diferentes nacionalidades.

La colaboración entre la Procelac y el Central continúa. A su vez, la intención del Ministerio Público es que el conjunto de los fiscales del fuero penal económico tengan una mayor participación en el combate de los delitos cambiarios. Por ese motivo, Gonella mantuvo varias reuniones con ellos en las que resaltó la necesidad de impulsar una política criminal en la materia que acompañe y sea coherente con la política económica y financiera implementada por el Estado. Uno de los obstáculos que tienen los fiscales es el propio Régimen Penal Cambiario, aprobado por la Ley 19.359, que limita su accionar a la voluntad del Banco Central. Para sortear esta limitación y darle más poder a los fiscales, el Gobierno está evaluando introducir el delito cambiario dentro del Código Penal.

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