El lanzamiento por parte de la Presidenta de la nación de una convocatoria a empresarios y sindicalistas a un debate político y económico reflotó inmediatamente algunas de las cuestiones que ocupan hoy el primer plano cuando otras más básicas parecieran resueltas. Ya no son el empleo, la producción, los aumentos salariales o las jubilaciones los temas urgentes. Las críticas al Gobierno, con demanda de urgente respuesta, van por el lado de “la inflación”, “el cepo cambiario” o el Impuesto a las Ganancias “sobre los salarios”. Eso es lo que se vio reflejado no sólo en manifestaciones callejeras opositoras, sino también en los discursos de campaña y volvió a surgir en los primeros comentarios tras el encuentro del gobierno nacional con cámaras empresarias y centrales sindicales que tuvo lugar en Río Gallegos el último miércoles. Durante la campaña previa a las PASO, el discurso opositor encontró en esas tres cuestiones la veta para alimentar cierto malestar de clase media. Y no sólo de ella, ya que algunas manifestaciones coincidentes de desagrado, apoyadas en estos mismos tres elementos, surgían de estratos económico-sociales más bajos pero también entre los más acomodados. Ese malestar pareciera haber incidido en el voto más de lo que el oficialismo calculó previamente, desplazando incluso la valoración de los logros en materia de inclusión e ingresos en estos diez años, sobre los que el Gobierno y sus candidatos pusieron el énfasis en la campaña.

Iniciado el proceso de debate político y económico, el desafío vuelve a ser el mismo: cómo entrarles a cuestiones que al Gobierno ciertamente le caen incómodas, le están provocando un daño electoral considerable y sobre las que las consideraciones generales acerca de la preservación del modelo de inclusión social no parecen dar respuestas suficientemente satisfactorias.

Hasta acá, ni el oficialismo ni la sociedad en su conjunto logran sacar mucho rédito de la confrontación de discursos con la oposición. Uno de los rasgos que caracteriza las críticas a las políticas oficiales en materia de precios, política cambiaria e impuestos sobre los ingresos personales es la falta de propuestas alternativas viables o de fondo. En materia de inflación, casi todos los planteos opositores remiten a cambios en el Indec (cambiar el termómetro pero sin sugerir cómo se baja la fiebre). En el Impuesto a las Ganancias, sin demasiado rigor se propone elevar el mínimo no imponible hasta en un 50 por ciento o eliminar directamente el gravamen sobre los sueldos de cualquier nivel. En política cambiaria, las propuestas son más audaces pero también más peligrosas: megadevaluación y/o el regreso al endeudamiento con los mercados financieros internacionales.

En tanto, las respuestas del Gobierno a cada uno de estos reclamos tampoco resultaron convincentes para una amplia franja de la población, según se deduce por la persistencia de los mismos. Respecto de la inflación, las posiciones oficiales variaron entre la negación y la adjudicación de las subas de precios a las “tensiones lógicas” en la puja de ingresos en un proceso de crecimiento. Respecto de Ganancias, el discurso más audible es el de una dificultad insalvable de encontrar gravámenes sustitutos para compensar una eventual reducción. En cuanto a las restricciones cambiarias, el fundamento central para eliminar la venta directa de dólares para atesoramiento ha sido la necesidad de preservar las reservas en divisas privilegiando el pago de deuda preexistente y las importaciones que permitan mantener el proceso de crecimiento.

De un modo que merece especial atención, algunos planteos que instan a profundizar el análisis de estos temas y buscar respuestas alternativas están surgiendo de espacios que están fuera del Gobierno pero que reconocen afinidades fundamentales con las políticas que impulsa el kirchnerismo. Algunas de las reflexiones que pudieron recogerse en estos días desde esas filas, respecto de estos temas, son las siguientes.

Inflación

Alejandro Otero, economista del Frente Grande, publicó en su blog un comentario señalando la falta de un debate profundo sobre esta cuestión, advirtiendo que el Gobierno “tiene a disposición una batería de herramientas para combatirla, desde controles y acuerdos más eficaces buscando democratizar los procesos de formación de precios en sectores que se consideran claves, hasta intervenciones microeconómicas en empresas formadoras de precios con posición dominante en sus respectivos mercados”. Para la aplicación de estas herramientas, Otero sugiere formularse previamente la pregunta: “¿Sabemos si la suba de precios es por inflación de costos que se trasladan al precio final? ¿O es por aumento de la tasa de ganancias de las empresas formadoras de precios, que abusan de su posición dominante? La política a aplicar es distinta en un caso o en otro, pero para ambas situaciones el Gobierno tiene herramientas”, sostuvo.

Uno de los economistas que más ha trabajado y producido material de estudio sobre la concentración empresaria y conductas monopólicas en Argentina es Eduardo Basualdo, de Flacso, otro especialista muy cercano al Gobierno. Recientemente se alejó del directorio de YPF, probablemente por diferencias con políticas de su actual gestión pero, con toda seguridad, no porque haya tomado distancia de las políticas y objetivos del actual gobierno. Felisa Miceli, ex ministra de Economía y titular del Centro de Estudios y Monitoreo de Políticas Públicas (Cemopp), también se refirió en los últimos días a la inflación señalando la necesidad de una acción pública sobre las empresas formadoras de precios.

Ganancias

Un interesante aporte acerca de cómo abordar una reforma en el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios fue formulado por Alfredo Iñiguez, economista del Centro de Investigación en Economía, Política y Comunicación (Ciepyc) de la Universidad de La Plata, que sugiere un abordaje más serio que la simple elevación del piso del impuesto. El resultado sería un gravamen más progresivo y con resultados no tan onerosos para el fisco. Consiste en modificar los tramos de ingresos sobre los que se aplica el impuesto (a partir del piso del mínimo no imponible más las deducciones), elevándolas después de más de una década sin actualización. Además, propone bajar la tasa inicial del impuesto (la del primer tramo), del 9 por ciento actual al 6, con lo cual logra “hacer más gradual la imposición y bajar la tasa efectiva que pagan quienes se incorporan al impuesto”. Los tramos siguientes serían más amplios (diferencia entre mínimo y máximo) y la elevación de la tasa entre uno y otro sería más gradual, lo que equivale a decir que los escalones del impuesto serían más anchos y menos elevados, de lo que resulta una cuesta (elevación del impuesto a medida que crece el salario) menos empinada, sin los saltos actuales cuando se pasa de un tramo al otro de la escala (que es lo que provoca que muchos trabajadores prefieran no tener un aumento de sueldo o cobrarlo “en negro”, porque tienen la sensación de que “se los come el impuesto”).

Hacia el final de la escala, en los tramos más altos, propone crear una escalón con una tasa del 40 por ciento, que se aplica exclusivamente sobre los ingresos que superan el escalón anterior (por ejemplo, 500 mil pesos de ingresos anuales, a valores de hoy. Vale aclarar que la tasa efectiva del impuesto para esos sectores de muy altos ingresos resulta menor al 40 por ciento, porque sobre los 500 mil pagaría una tasa inferior).

También en materia de política tributaria hay propuestas atendibles de Jorge Gaggero (Cefid.Ar) y otros especialistas que colaboran en el mismo centro de estudios.

Política cambiaria

La restricción cambiaria fue un modo de parar la fuga de divisas, ya sea hacia el exterior o para atesorar en forma irregular (no declarada). Lo que varios analistas de estos espacios aludidos sugieren es que el paso siguiente sea “una respuesta estructurada que a la vez combata el delito de evasión y genere en la población en general alternativas de ahorro que preserven el valor de los mismos”, teniendo los activos financieros dolarizados como opción. Tanto desde el Cefid.Ar como desde otros centros de estudios se han generado y reproducido investigaciones sobre el funcionamiento de la fuga de capitales, agujero principal del balance cambiario argentino en esta etapa, en la que ni el pago de deuda externa ni los términos de intercambio comercial le juegan en contra al país ni le significan una carga significativa. Combatir la especulación y los delitos financieros sería una forma de adopción de una política de ataque, en reemplazo o superadora de la actual política defensiva mediáticamente rotulada como “cepo cambiario”.

Informalmente, ese espacio de nuevos centros de investigación económica está generando algunas de las propuestas más atrayentes para poner en debate en las actuales circunstancias. El Gobierno enfrenta dificultades a veces originadas en una falta de comprensión de las medidas y otras veces porque los resultados no son plenos. Mientras tanto, un neoliberalismo que nunca se fue del todo, un tigre que se mantuvo al acecho, vuelve a afilar las garras.