El juez de instrucción Osvaldo Daniel Rappa rechazó por segunda vez el pedido del Ministerio Público Fiscal para indagar a directivos y clientes del BNP Paribas, sospechosos de haber lavado más de 1000 millones de dólares. La Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) informó ayer que el magistrado tomó la decisión sin considerar los argumentos que los fiscales Horacio Azzolin y Carlos Gonella habían incluido en su presentación y los hechos que la Cámara dio por acreditados.

Azzolin, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 49, y Carlos Gonella, titular de la Procelac, habían solicitado al juez Rappa la declaración indagatoria de una serie de personas imputadas por lavar dinero de origen delictivo en cuentas del banco, a través de sucursales del exterior. Como lo hizo anteriormente ante el pedido del fiscal Abraldes, el juez Rappa volvió a denegar la medida que habría permitido avanzar en la causa en la que se investiga, entre otros, a los principales responsables del banco en el país.

El fiscal Sandro Abraldes, que había intervenido en un primer momento en la causa, comprobó la existencia de una organización criminal clandestina, bajo la órbita de la sucursal de Buenos Aires del banco BNP Paribas, cuya actividad –decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional y coejecutada por sus dependientes– era “administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera –y por un monto total cercano a los mil millones de dólares–, mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos”.

De acuerdo con el pedido presentado por Azzolin y Gonella, los clientes que concurrían a la oficina del piso 25 de Leandro N. Alem 855 no lo hacían para concretar sus negocios jurídicos particulares con Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon o Alexis Nicolás Quirot de Poligny –algunos de los directivos del banco–, tal como declararon, sino que “buscaban (...) proveerse de los servicios ilegales ofrecidos por la sucursal local de una entidad financiera con estructura y renombre internacional”. De esta manera, los fiscales señalaron que desde la entidad financiera se concretó una asociación para administrar capitales de procedencia delictiva.

Los fiscales recordaron que ya la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideró que se había acreditado el ocultamiento de la oficina a los organismos de control. La Cámara entendió así que, tanto sobre el lavado como sobre los delitos precedentes, existían los elementos necesarios para indagar a los imputados, pero el juez Rappa ratificó su postura, funcional a los intereses del banco BNP.