El Senado dio el primer paso para reabrir por segunda vez el canje de deuda. En medio de la causa judicial contra la Argentina llevada adelante por los fondos buitre en Estados Unidos, la Cámara alta aprobó ayer la iniciativa del Poder Ejecutivo por 57 votos a favor y ocho en contra, enviando así una señal de buena voluntad hacia la Corte Suprema estadounidense, que debe decidir si acepta o no tratar el tema. El proyecto pasará ahora a Diputados, que lo trataría martes y miércoles de la próxima semana. Además del Frente para la Victoria, acompañaron el proyecto –en general– la UCR, el Frente Cívico catamarqueño, el peronismo pampeano y el peronista disidente Roberto Basualdo. En cambio, votó en contra el Frente Amplio Progresista y parte del PJ disidente.

“Me parece que hemos actuado con responsabilidad, política, institucional, y dentro de las normas que el propio Congreso ha votado durante los canjes pasados”, aseguró Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque del FpV, después de casi seis horas de debate. Con ansias de micrófono luego de varias semanas sin actividad, 24 senadores hicieron ayer uso de la palabra. El encargado de defender la iniciativa fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández, quien repasó la situación de la deuda externa argentina.

“La Cámara (de Apelaciones de Nueva York) desconoce lo actuado en los canjes de 2005 y 2010, que comprendieron el 93 por ciento de la deuda defaulteada”, detalló Fernández, cuestionando la decisión de la Justicia norteamericana, que hace unas semanas defendió la resolución del juez Thomas Griesa de que la Argentina les pague a los fondos buitre. El tribunal consideró al país como un “deudor recalcitrante”, aunque la aplicación del fallo quedó en suspenso hasta tanto la Corte norteamericana resuelva si toma o no el caso para su análisis.

El ex ministro del Interior explicó que existe en Estados Unidos una ley federal que protege a los Estados soberanos que emiten deuda. “Argentina goza de esta inmunidad soberana. Por eso es incomprensible esta intromisión”, recalcó Fernández, quien recordó la frase con la que el ex presidente Néstor Kirchner defendió la política de desendeudamiento: “Los muertos no pagan las deudas”. “Este tipo de situaciones, como el fallo de la Cámara, ofenden al país, porque jamás hemos dejado de pagar un solo centavo. Nos están demandando tenedores de títulos que los compraron con el objetivo de hacer una demanda para cobrar la totalidad de la deuda. Les importa un comino la situación del país. Eso es lo que todos conocemos como fondos buitre”, completó el senador bonaerense. Para ejemplificar, citó el caso del fondo Elliot, que compró los papeles de deuda en el 2008 por un valor nominal de 400 millones de dólares en 40 millones de dólares y ahora pretende cobrar, con intereses, más de 700 millones.

Cuando se inició el canje, la Argentina tenía una deuda externa que alcanzaba un 166 por ciento del PBI, mientras que hoy la deuda en manos privadas sólo representa el 10 por ciento. “Esta es una de las deudas más bajas de la historia de la Argentina. Cuando paguemos en septiembre los bonos Bonar, vamos a llegar al 8,3 por ciento del PBI”, completó Pichetto, casi sobre el final del debate.

Desde la oposición, el radicalismo pidió modificaciones en tres artículos de la ley que suspende la vigencia de la denominada ley cerrojo y establece una nueva convocatoria que se realizará en “términos y condiciones financieras” similares a la operación concretada en 2010. La iniciativa apunta a “llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos” que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010. Pero además del texto de la norma, se trata de una señal política hacia la Corte estadounidense, manifestando la voluntad de pago del Estado argentino.

A través de Ernesto Sanz, el radicalismo anticipó su acompañamiento, pero con críticas en el tratamiento en particular, ya que consideró que la reapertura del canje es una herramienta que “no sirve por sí sola”. “Hay que cambiar la estrategia jurídico-política para tratar de convencer, de seducir, a los que tenían que fallar. No para seducir a los bonistas”, señaló Sanz, quien sostuvo que “hay razones legítimas para votar en contra”. Fue un guiño para sus aliados del FAP, que prefirieron directamente cuestionar la legitimidad de la deuda.

“Siempre me opuse a pagar una deuda cuya legitimidad no fue comprobada, tal como lo estableció un fallo de la Justicia argentina”, enfatizó el socialista Rubén Giustiniani, que recordó la investigación de Alejandro Olmos y reclamó que el tema sea tratado como parte de una estrategia articulada de la Unasur. Para su compañero del FAP, Jaime Linares, se trata de “un mensaje que llega tarde, con un grado de improvisación alarmante y en un escenario de condiciones complejas para la economía argentina”.

En el otro extremo, el peronista salteño Juan Carlos Romero prefirió hacer su propio cálculo de la deuda externa, sin contemplar el incremento del Producto Bruto argentino. “En la suma, no hemos bajado nada. Uno no dice vengo a pagar un porcentaje del PBI. Con este gesto de abrir el canje no resolvemos nada. Pensemos en ordenar las cuentas, que este despilfarro, este gasto, provoca la inflación”, se despachó el ex gobernador.

Al cruce le salió Fernández, quien explicó que no es la misma magnitud de la deuda y son distintas las circunstancias económicas. “Esta deuda es sana. No compromete a las futuras generaciones. No me van a convencer porque no pueden convencer a nadie. No es lo mismo una deuda de 160 mil millones sobre un PBI de 90 mil millones contra una deuda de 190 sobre un PBI de 500 mil millones”, planteó el ex jefe de Gabinete.

Otro punto cuestionado por la oposición fue la decisión de mantener la jurisdicción de los tribunales norteamericanos. Sobre ese punto, Fernández recordó que la prórroga de jurisdicción que se otorgó a partir del canje “es muchísimo más restringida que la que se utilizó” para emitir deuda, de la cual el actual gobierno no es responsable.

Antes de pasar a la votación, Pichetto aclaró que se le introdujo una modificación al proyecto del Ejecutivo, colocando en el ámbito del Congreso la decisión de dar por terminado el proceso de canje de deuda.