Los ánimos quedaron sensibilizados en España después del encuentro de Néstor Kirchner con empresarios de ese país. La interpretación de parte de la prensa fue que el gobierno argentino estaría dando pasos para cortar vínculos con empresas españolas que prestan servicios públicos. Al menos ésa fue una de las inquietudes que surgieron en la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron ayer en Madrid los cancilleres argentino, Rafael Bielsa, y española, Ana Palacio. “No hay absolutamente ninguna visión política, ni tomada ni conversada, que propicie la transferencia de la propiedad de las empresas a manos diferentes de las que hoy las tienen”, manifestó Bielsa, quien sin embargo volvió a marcar que las privatizadas que ahora se quejan por la falta de aumento de tarifas, en los ‘90 estuvieron beneficiadas.
El tono de la conferencia de prensa fue más relajado que el de la entrevista de Kirchner con los principales empresarios españoles con intereses en la Argentina. Pero a nadie le quedaron dudas de que la realidad política ha cambiado y que a las compañías privatizadas les será trabajoso conseguir lo que antes obtenían fácilmente. El diario El Mundo, por ejemplo, dedicó un importante espacio en su edición de ayer al discurso de Kirchner. “Presidente, usted nos ha puesto a parir a todos”, fue el titular, tomando la declaración del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas.
Bielsa siguió la línea del Presidente al manifestar que “estará en manos de las empresas ver lo que hacen con sus activos. Nosotros queremos un marco legal que permita una negociación razonable”. Pero recordó que “los contratos (de concesión) se realizaron en una realidad macroeconómica en mi país que cambió sustancialmente”. Aquella realidad “benefició” a las empresas, y ésta “en parte, es perjudicial para las compañías”.
El eje del discurso de Kirchner había sido que las privatizadas deben asumir riesgos, y más si previamente se habían aprovechado ampliamente de los beneficios. “Hay una gran hipocresía cuando se protesta por la situación actual habiendo remesado exageradas ganancias en dólares en el exterior en los años ‘90”, había expresado el Presidente. “¿Acaso habían ido a la Argentina en la década del 90 a hacer beneficencia?”, añadió, incomodando a los máximos responsables de unas 19 empresas que tienen inversiones en la Argentina.
Palacio, la canciller española, estuvo lejos de repetir las expresiones de los empresarios. Su principal definición fue destacar la “voluntad” del gobierno argentino para dar “continuidad y seguridad jurídica” a las empresas de su país que invirtieron aquí. Luego anunció que tras las vacaciones de agosto viajará a Buenos Aires, para reafirmar las relaciones entre los gobiernos.
Una información que se destacó en Madrid fue la promesa del presidente provisional del Senado, José Luis Gioja, y del titular del bloque justicialista del cuerpo, Miguel Angel Picheto, de aprobar el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar tarifas y contratos con las privatizadas durante agosto. Bielsa subrayó que esa renegociación buscará establecer que las prestadoras de servicios públicos cumplan con “estándares internacionales”, que tengan en cuenta “la inversión comprometida, la inversión realizada, la seguridad en la prestación de los servicios y la calidad de los servicios”.