Sin dudas, uno de los pilares de este modelo de crecimiento con inclusión social, luego de la debacle neoliberal, fue la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de tomar y sostener un camino distinto en materia de tarifas de servicios públicos. Durante la década del ’90, luego de las privatizaciones, se habían dolarizado las tarifas, lo que se traducía en pérdida de competitividad de la economía, menor poder adquisitivo para los salarios y rentabilidades exorbitantes para un puñado de empresas energéticas, en su mayoría extranjeras.

Desde entonces, persiste un corifeo que reclama de manera constante y sonante, sin otra alternativa que no implique castigar a los usuarios, volver a ese esquema de tarifas dolarizadas. Pero en su análisis sesgado intencionalmente omiten un dato económico clave: la energía en la Argentina tiene costos en pesos y resulta muy competitiva respecto de otros países de la región.

Esto es así porque los costos deben medirse independientemente de quien los pague, es decir si lo afrontan los consumidores o lo subsidia el Estado, lo que en todo caso forma parte de una concepción política inclusiva de promover el consumo y el mercado interno. Medido en valores constantes, el costo promedio de generar un megavatio en nuestro país es de 66 dólares, es decir un 15 menos que en Brasil (que tiene un 80 por ciento de energía hidráulica), un 50 por ciento de lo que se paga en Chile. De la misma manera, se paga por millón de BTU (British Termic Unit) de gas menos de seis dólares, lo que está ostensiblemente por debajo de los 24 dólares que se pagan en Brasil.

Pero no sólo los costos son los menores de la región, también es sustancialmente mayor el consumo per cápita de energía, que es un indicador indubitable de calidad de vida y actividad económica: 329 por ciento más que Brasil, 184 por ciento más que Chile y 174 por ciento más que Uruguay. Estos niveles son exactamente el doble de los que teníamos en la Argentina neoliberal, de las tarifas dolarizadas.

En consecuencia, esta política de sostener y promover valores de energía competitivos para impulsar el consumo ha sido con frecuencia calificada como “populista” por los defensores del libre mercado que cuestionan los subsidios a los servicios públicos por considerarlos un gasto innecesario. Los resultados de cada década constituyen una refutación más que contundente: cuando en nuestro país se aplicaron las políticas que ellos promueven, las industrias se fundieron, la desocupación llegó al 25 por ciento y miles de compatriotas se vieron condenados a la miseria, y lo peor, a la desesperanza. En cambio, con este modelo económico se crearon cinco millones de puestos de trabajo (menos de un dígito de desocupación), el parque automotor pasó de cinco a once millones de vehículos y la pobreza se redujo drásticamente, con los salarios, tanto mínimo como promedio, más altos de América latina.

Todo esto tiene que ver con la fuerte promoción al sector productivo que significa pagar el gas y la electricidad al costo más competitivo de la región, al mismo tiempo que el gasto en estos servicios pasó de representar el 20 por ciento de los ingresos de los hogares a menos del tres por ciento. Esa diferencia brinda a la industria condiciones inmejorables de competitividad, que en su mayoría se vuelca al consumo, lo que redunda en una mejor calidad de vida y en un fortalecimiento del mercado interno que de manera virtuosa impulsa los niveles de actividad y empleo.

Por ello, sería bueno que en esta época electoral, en la que se discute si profundizar el rumbo o se buscan alternativas, cada candidato exponga qué propuesta tiene en relación con las tarifas de energía. Seguramente no la pueden explicar porque es inconfesable y bajo enunciados generales como “replantear la política energética”, como señaló hace algunas semanas un intendente que disputa una banca de diputados en la provincia de Buenos Aires. Se esconde retornar a esa Argentina con tarifas alineadas a los precios internacionales, es decir pagando en dólares la energía que se produce en pesos y la eliminación de los subsidios para todos los sectores.

Por eso vamos a seguir trabajando para profundizar el rumbo, procurando mantener y mejorar la competitividad de los costos de la energía, siempre en pos de que todos los usuarios accedan a los servicios en igualdad de condiciones, estén donde estén, sin ciudadanos de primera y segunda, como proponen algunos, y no para asegurar las ganancias de unos pocos, sino la inclusión de todos los argentinos.

Este proyecto que conduce la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es claro en sus objetivos y lo respaldan diez años de crecimiento, que no fueron a costa de endeudar a las próximas generaciones, sino de la firme decisión de poner nuestros recursos al servicio del desarrollo y la calidad de vida de todos los argentinos.

* Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.