El Gobierno está a punto de poner en marcha otra ofensiva antievasión, esta vez en contra del trabajo en negro. Rubén Cortina, coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo, reveló que las inspecciones oficiales se iniciarían en cuestión de horas, con 400 inspectores en la calle. Pero en Alem 650, sede de la cartera laboral, relativizaron esa posibilidad. Dijeron que todavía no se habían definido los detalles del plan de controles ni el momento en que se lanzará. Sin embargo, ya aclararon que los operativos tendrán en cuenta la situación particular de cada empresa que se encuentre en infracción.
Las últimas cifras oficiales señalan la existencia de 3,7 millones de personas, aproximadamente el 44 por ciento del total de empleados. Son trabajadores sin cobertura sindical ni obra social. Y carecerán de chance de jubilarse aunque cumplan con los requisitos. Además, quedaron afuera de los aumentos salariales otorgados por la administración Duhalde y, por supuesto, del beneficio de que esos 200 pesos se incorporen al salario, tal como acaba de decidir el Gobierno.
Según informó Cortina, cuando los inspectores encuentren irregularidades en sus visitas a las compañías se dará un plazo de dos semanas para que éstas regularicen la situación. Una vez transcurrido ese lapso, Trabajo impondría las sanciones previstas.
Un dato clave y polémico a la vez fue pronunciado por el funcionario al momento de revelar los próximos pasos contra el empleo informal. Los inspectores “van a desarrollar fundamentalmente su trabajo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, ya que es allí donde más se pueden detectar trabajadores en negro”, destacó. Sin entrar en polémicas sobre la conducta de las empresas más grandes, lo cierto es que si bien existen pymes que lograron cierto repunte en su nivel de actividad después de la devaluación, muchas de ellas arrastran todavía serios problemas por la crisis. Si bien Trabajo no dio precisiones sobre la ofensiva antievasión, seguramente tendrá en cuenta esa realidad para diseñar los planes de regularización.
La clave la dio el propio coordinador de la cartera laboral. Aseguró que una vez detectada la irregularidad “se abrirá un canal de diálogo entre la empresa y el Ministerio para tratar de ayudar a las empresas a recobrar su disciplina y conducta en el marco de la normativa laboral”. “Se va a contemplar la situación de las empresas, ya que ésta puede ser complicada. Es un hecho que debe ser reconocido”, completó Cortina.
Desde los gremios ya se empezaron a contar los apoyos al plan oficial. El primer respaldo fue de Ramón Baldasini, representante de un sector de los trabajadores postales. El gremialista calculó que un 73 por ciento de los empleados del sector que trabaja en el interior del país se encuentra “en negro”. Y que esa relación cae al 42 por ciento en la Capital. Baldasini estimó que el crecimiento de la informalidad se dio “desde la liberación abrupta y sin normas regulatorias” del sector. “Creció el número de empresas clandestinas que violan las normas laborales e impositivas”, denunció.
La ofensiva del Gobierno contra el empleo informal se da en simultáneo con el ataque a los evasores impositivos, a través de los proyectos específicos que se enviaron al Congreso. Entre ellos figura el que persigue las supuestas operaciones irregulares de las exportadoras de granos. Respecto del empleo “en negro”, la provincia de Tucumán aparece con los peores índices: posee el 56,6 por ciento de sus trabajadores en condiciones precarias.