De Ricardo López Murphy para abajo, muchos siguen culpando al gasto público y al déficit fiscal por el luctuoso óbito de la convertibilidad. Pero un minucioso estudio de la década del 1 a 1 denuncia con pulidos datos que la acusación es falsa, aunque el FMI suscribiera esa interpretación viciada para lavarse las manos. El trabajo, firmado por los economistas Mario Damill, Luciana Juvenal y Roberto Frenkel, señala que los factores que volvieron insostenible el régimen fueron la apreciación cambiaria (sobrevaluación del peso) y la consiguiente vulnerabilidad externa de la economía. En verdad, el resultado fiscal primario (antes de intereses) fue en promedio notablemente equilibrado en los ‘90 (0,1 por ciento de superávit en relación al PBI), después de dos décadas con un déficit primario de entre cinco y seis puntos del Producto. Pero, para entender por qué se quemó el guiso, la década de Menem-De la Rúa debe subdividirse en tres fases: la primera (1991-94), parecida a una despreocupada opereta de Franz Lehár; la segunda (1995-97), asimilable a una dudosa versión de la tocata y fuga en re menor, y la tercera (1998 y después), similar al cuarto movimiento de la Patética.
El primer gran quiebre lo produjo la reforma previsional que Domingo Cavallo impuso en 1994. Gracias a ella, el déficit de la Seguridad Social describió esta evolución: 6495 millones en el cuatrienio 91-95, 16.193 millones en el trienio 95-97 y 29.656 millones en el cuatrienio 98-01. ¿Adónde habrá ido a parar toda esa plata? Pero no es la única parábola impactante. En esos mismos tres subperíodos, los pagos de intereses fueron de 10.654 millones de dólares en el primero, 14.036 millones en el segundo y 35.271 millones en el tercero. Con esa aceleración vertiginosa, digna de una picada en la Lugones, el sector público argentino pagó 60 mil millones de dólares de intereses en un decenio, sólo para deber mucho más que antes. Los números trazan el identikit de la pareja asesina: las AFJP, en primer lugar, y la espiral crisis asiáticorrusa –alza del riesgo país–escalada de tasas, en segundo y letal sitio.
Aun después del Tequila (colapso mexicano de diciembre de 1994), el fisco argentino logró en el lapso 95-97 un superávit primario de 1,7% del Producto, si además de los intereses se excluye la Seguridad Social. Peroincluso con ésta, el déficit fue de apenas 0,3%. En 1995, en plena recesión, Cavallo compró el respaldo del FMI (que provocaría un brusco aumento en la deuda) con un paquete de ajuste procíclico. En esa etapa, el aumento del desbalance total (el déficit llega al 2,6%) se debe en un 60% a la SS y en un 25% al aumento en la carga de intereses sobre la deuda.
Entre el valioso aporte del trabajo de Juvenal, Frenkel y Damill para cubrir datos que faltaban, se destaca la explicación de la discrepancia entre déficit fiscal y aumento de la deuda pública, lo que llevó a desconfiar tanto de las cifras de Hacienda. El mayor desvío se detecta en los primeros años, cuando el endeudamiento crece casi 22 mil millones por encima de lo esperable a partir de las cifras del déficit, y esto a pesar del rescate de títulos por las privatizaciones (u$s 7100 millones) y de la (magra) quita lograda merced al Plan Brady (2300 millones). Lo que explica lo inexplicable es el masivo reconocimiento de deudas previas con jubilados y con proveedores del Estado. A pesar de ello, la deuda pública seguía representando menos de un 30% del PBI.
“No había signo alguno de insostenibilidad fiscal hacia 1994”, dicen los autores, y tampoco se la detecta en 1997, cuando la relación entre deuda pública y Producto rondaba apenas el 35%. Esto antes del inicio de la depresión, a mediados de 1998. La crisis rusa de agosto de ese año imprime un giro dramático, aunque conocedores como el entonces ministro Roque Fernández le restaron toda importancia. Ahí precisamente empezó el problema fiscal.
En números, y según el criterio de lo devengado, el déficit anual promedio ascendió a u$s 11.458 millones en 98-01, siendo así superior en 7112 millones al de 1994. Dos son las grandes razones de ese descarrilamiento. Una, el aumento de los intereses (6784 millones más). La otra, que la mancha roja de la SS se amplía en 4867 millones. Repetidas rondas de ajuste fiscal lograron captar por año más de 5100 millones en recursos adicionales promedio, pero éstos resultaron insuficientes frente a la magnitud del shock externo y del previsional.
Los autores califican de “explosivo” el comportamiento de la cuenta de intereses: en 1991 éstos se llevaban un 5,6% de la recaudación tributaria; en 1995 ya era el 9,2%; en 1999 se había pasado al 15,9%, y en 2001 se escurría en pagos financieros el 23,4% de la colecta impositiva, incluyendo los ingresos del sistema de reparto. Fue la vertiginosa culminación de un cuatrienio declinante en el que la deuda pública bruta (sin incluir la del BCRA) creció en 52.817 millones de dólares, para completar un aumento de u$s 100.570 millones en la feliz década del 1 a 1 (1992-2001). En esos mismos diez años el déficit que acumuló el sector público consolidado (nación más provincias) fue de 69.897 millones.
El trío de analistas ligados al Cedes admite que el gasto público se acrecentó considerablemente entre los extremos de la década, pero muestran que se debió principalmente al brinco en las tasas de interés en la segunda mitad del decenio. Así, el gasto primario (sin pago de intereses) no muestra un incremento significativo. En términos reales (deflactado por IPC) resultó en 2001 apenas 3% más alto que diez años antes, tras haber oscilado en la década en torno del 26,6% del PBI.
En los acordes finales, Frenkel y sus colegas disparan sobre el FMI, que acogió a la convertibilidad bajo su paraguas y, para eludir la autocrítica, no quiso “reconocer que el crecimiento de la deuda pública es un resultado en buena medida endógeno del propio aumento de la prima de riesgo país”. Respecto del paquete de fines de 2000, prodigado a De la Rúa/Machinea (inolvidables afiches triunfalistas), afirman que “el apoyo estaba claramente dirigido a extender la supervivencia del régimen cuando había claras indicaciones de que era insostenible; los recursos multilaterales terminaron financiando el pago de los servicios de la deuday la fuga de capitales”. Pero aún habría otro desembolso en agosto de 2001.
“Es comprensible que el FMI prefiera no recordar esa historia –dicen en la coda–. El diagnóstico que atribuye la crisis de la Argentina sólo a las variables fiscales es conveniente porque libera al FMI de toda responsabilidad en los acontecimientos y sus desastrosas consecuencias, incluyendo entre éstas no sólo a las que cayeron sobre la población, sino también las pérdidas de capital de los inversores externos. Menos comprensible –reprenden– es que posteriormente el FMI haya negado por largo tiempo el mínimo apoyo a políticas que intentan administrar las consecuencias de la crisis a que condujeron las políticas que apoyó previamente.”