El decreto y el proyecto de ley que servirán de marco para renegociar las privatizaciones otorgan a los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación, Julio De Vido, amplias potestades para disponer, inclusive, aumentos tarifarios “a cuenta” de una renegociación definitiva. Ese tipo de ajuste el año pasado fue bloqueado por medidas judiciales en contra de los decretos con que el Gobierno había dispuesto subas “de emergencia” en luz y gas. Aquella aspiración de virtuales superpoderes puso en alerta a algunos legisladores de la oposición y terminó bloqueando el afán de los senadores justicialistas de que haya un inmediato dictamen a favor.
Con fecha 3 de julio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el decreto 311, por el que creó la Unidad de Renegociación de Contratos, que funcionará bajo el comando conjunto de Infraestructura y Economía. Al mismo tiempo, giró el proyecto de ley que extiende hasta diciembre del 2004 el plazo para realizar las revisiones contractuales, prorrogando hasta entonces la vigencia de la Ley de Emergencia Económica.
Por esta ley, el gobierno de Eduardo Duhalde pesificó y congeló las tarifas de los servicios públicos a partir de enero de 2002, inmediatamente después de la devaluación. Ahora, en los dos textos que el Ejecutivo envió al Congreso hay un párrafo calcado, que resulta clave a la hora de definir las potestades de las que gozarán aquellos ministros para reformular los contratos, universo en el que la gestión de Néstor Kirchner también decidió incluir a las polémicas concesiones de Aeropuertos y Correos.
“Los acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales (...), contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias (...) e incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas”, consigna el aludido fragmento. “Las enmiendas transitorias deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos”, añade el proyecto de ley. Con esto, habilita a la Unidad –y, por consiguiente, a los ministros que la dirigen– a tomar decisiones antes de terminar con un proceso de renegociación. Es a lo que en algún momento Lavagna se refirió como ajustes “de emergencia” o “a cuenta” de una versión definitiva de los contratos.
“En caso de enmiendas transitorias, las mismas deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos”, completa otro párrafo, ratificando esa voluntad de tomar decisiones antes de concluir lo que puede ser un engorroso proceso de revisión.
Las críticas parlamentarias resultan previsibles. “El problema es que autoriza a modificar tarifas antes de hacer cualquier otra cosa”, advertía ayer ante este diario el senador radical Raúl Baglini. “El proyecto desdice las reiteradas promesas de Kirchner y de De Vido de que primero hay que analizar inversiones y rentabilidad obtenida y después resolver sobre las tarifas”, protesta el diputado socialista Héctor Polino.
Las iniciativas fueron consideradas ayer en una informal reunión de la Comisión de Infraestructura. Su titular, Jorge Pardal, promovió un acuerdo para que el proyecto de ley sea también analizado por las de Asuntos Administrativos, de Asuntos Municipales y, quizá, por la Bicameral que crea la propia Ley de Emergencia. En este mismo encuentro se decidió postergar para mediados de agosto el tratamiento en el recinto del proyecto y citar a De Vido para el 12 de agosto.
Cuando concurra al Congreso, el titular de Infraestructura seguramente será interrogado sobre otros aspectos del proyecto de ley y del decreto, que otorgan amplias facultades a la Unidad de Renegociación. Por ejemplo:
- Las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo “no se hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios”.
- Los órganos de control quedan subordinados a lo que resuelvan aquellos ministerios, ya que podrán ejercer sus atribuciones “en tanto resulten compatibles con el proceso que desarrolle el Poder Ejecutivo nacional”, sostiene el proyecto de ley. El decreto limita la función de los reguladores a “trabajos técnicos a partir de las instrucciones precisas que imparta la Unidad”.
- Los ministerios diseñarán por resolución “los regímenes de audiencia, consulta pública o participación ciudadana que resulten pertinentes y apropiados en relación con los distintos procedimientos”. Serán Lavagna y De Vido quienes dispongan de qué manera se cumplirá la formalidad de darles cabida a los usuarios, que sólo tendrán voz en las renegociaciones integrales.
Cuando esté concluida, la nueva versión contractual irá al Parlamento para que en 60 días éste la rechace o apruebe en bloque a través de una resolución de cumplimiento forzoso para el Ejecutivo. Pero esto no bastó para que los senadores oficialistas consiguieran que aquel proyecto de ley se trate sobre tablas este mes.