La Federación Internacional de Derechos Humanos y sus afiliadas en Argentina (Comité de Acción Jurídica) y en Francia (Liga de los Derechos del Hombre) expresaron ayer su reprobación al recurso presentado por Electricité de France ante el Centro Internacional para la Resolución de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. La principal accionista de Edenor reclamó ante esa instancia por la pesificación de las tarifas eléctricas y la falta de ajustes a partir de la devaluación, a fin de obtener reparación ante los perjuicios pretendidamente sufridos por dicha decisión del gobierno argentino.
La organización defensora de los derechos humanos a nivel internacional resalta que “todo aumento de tarifas en Argentina agravará necesariamente la difícil situación del pueblo argentino, que enfrenta una crisis económica y financiera dramática, como lo constatase la misión internacional realizada por la FIDH en julio de 2002”. Dicha misión había titulado su informe “Argentina: la catástrofe de un pueblo, una política criminal de responsabilidades múltiples”.
La entidad remarcó en su comunicado “el carácter totalmente ilegítimo e inequitativo del reclamo efectuado por la empresa del Estado francés, teniendo en cuenta sus ganancias exorbitantes en el período 1990/2000, mayoritariamente repatriados a Francia en beneficio, principalmente, del gobierno francés”. La Federación acusó a la empresa de propiedad del Estado francés de “haber contribuido, así, junto a otras empresas extranjeras, a la actual situación de crisis de la Argentina”.
El documento firmado por Claude Katz, secretario general de FIDH, y Juan Carlos Capurro y Michel Toubiana, como titulares de las afiliadas argentina y francesa, considera que es “una obligación mínima de solidaridad internacional impuesta al Estado francés, el no exigir al gobierno argentino un aumento de tarifas”, a propósito de la visita del ministro Francis Mer al país a partir de hoy.