La cantidad de viviendas sin vender en España suma 675.000 unidades, según la estimación oficial, elevándose a 815.000 de acuerdo a cálculos del sistema financiero. A ese stock se agrega casi 500.000 casas en construcción registradas por agentes inmobiliarios y el propio gobierno. En algunas provincias, como Castellón, el 25 por ciento de las viviendas está deshabitado. Con el estallido de la burbuja del ladrillo, la situación del mercado inmobiliario español se resume en que la oferta supera a la demanda, como le gusta sintetizar a los economistas. Con el mismo criterio simplista para abordar cuestiones complejas, la solución que encontraron para ese desequilibrio es la demolición de viviendas. Así disminuye la oferta para intervenir sobre el mercado con el objetivo de nivelarlo a la demanda. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el “banco malo” que absorbió activos incobrables de entidades para salvarlas de la quiebra, tiene un presupuesto aprobado en marzo pasado de 103 millones de euros para la destrucción de edificios no terminados. La estrategia de la piqueta ya la aplicó Irlanda a través de su “banco malo” (Nama) en grandes urbanizaciones casi vacías donde se acumulaban unas 300.000 casas sin habitar. La demolición de viviendas responde a criterios económicos convencionales, cuyos promotores consideran que su concepción de la ciencia económica es la “racional” y cualquier otra que la cuestione pasa a integrar el grupo de “irracionales”. Ante el desequilibrio del mercado inmobiliario, sin evaluar los motivos y quienes son los responsables que lo provocaron, la propuesta es destruir unidades justificándola con el argumento de que el costo de conservación de esos edificios es superior al operativo de derribarlos, además de que su existencia en el mercado mantiene deprimido el precio del resto de los inmuebles de la zona. Sólo como observación a esa línea de acción ofertista y de mercado, ¿no ingresa dentro de las posibilidades contemplar un Estado activo, no para salvar bancos, sino invirtiendo para la satisfacción de las necesidades urgentes de vivienda social en una economía con más de un cuarto de la población desempleada, desalojos masivos y suicidios por la pérdida de la casa propia?

La descripción del problema inmobiliario en España es un caso extremo de aplicación de la lógica económica convencional, donde ortodoxos y no pocos heterodoxos sacian la pretensión de redentores de una sociedad desorientada. Ante tensiones más o menos importantes, aunque para ellos todas son trascendentales, se presentan como los portadores del saber para aliviarlas, con una particularidad: en general, afectan las condiciones materiales de las mayorías buscando proteger los intereses de minorías intensas e influyentes. Cualquier gobierno o economista que proponga la ecuación inversa, o relativice algunas preocupaciones instaladas como graves en el sentido común, es rápidamente señalado como negador o incompetente para comprender “la realidad”. Por caso, la cuenta turistas de divisas se presenta como un problema de gravedad extrema, exageración que requiere ser neutralizada con una estrategia estructural vinculada a disminuir la brecha cambiaria más que a profundizar ensayos impositivos o impulsar un tipo de cambio específico para el sector.

Es abrumador el bombardeo diario sobre los peligros que estarían acechando a la economía argentina por el estado de las reservas, la competitividad del tipo de cambio y las cuentas externas, además del repiqueteo constante acerca de la inflación. Esos frentes están en una situación menos aliviada que hace algunos años, lo que no significa la inevitabilidad de un estallido, menos aún cuando existen herramientas de política económica para manejarla sin efectos traumáticos. Algunas de ellas se están aplicando, como el plan de inversión de YPF o la exigencia a los privados en el mercado de hidrocarburos para recuperar el autoabastecimiento energético y aliviar la presión de divisas por la importación de combustible.

Las turbulencias que se presentan en el sector externo son originadas por una economía en crecimiento; no por una en recesión, endeudamiento asfixiante o pronunciado deterioro sociolaboral, como en las décadas del ’80 y ’90. Por lo tanto, el sendero a transitar debería ser diferente al tradicional de quienes evalúan ambas situaciones como si fueran idénticas. El desafío no menor es evitar medidas de demolición de edificios. Estas tienen de piqueta el ajuste clásico cuyo horizonte es alcanzar el equilibrio económico, objetivo que unifica a diversos economistas, incluyendo a heterodoxos que todavía no descubrieron cuánto de conservador tienen sus propuestas.

La terapia sugerida hasta por ex funcionarios de éste y de otros gobiernos, que tuvieron el privilegio de implementarla y probar el sabor del fracaso, está integrada por:

- Subir la tasa de interés para supuestamente desalentar la compra de dólares, minimizando su impacto sobre el nivel de actividad.

- Disminuir fuerte los subsidios a las tarifas de servicios públicos (luz, agua y gas), aclarando que habrá una tarifa social sin precisarla y sin mencionar su impacto inflacionario y reducción del ingreso disponible afectando la demanda del mercado interno.

- Devaluar en forma brusca el tipo de cambio para recuperar la competitividad de economías regionales y encarecer el turismo al exterior, ocultando los efectos regresivos social, económica y políticamente de esa medida, además de no mencionar que la recesión en las economías desarrolladas han generado excedentes de producción que afectan la salida exportadora de esas actividades. Y que la cuenta turismo de divisas está determinada por la brecha cambiaria en un contexto de elevados ingresos en sectores acomodados de la población que deciden viajar al exterior al tiempo de crisis en países desarrollados que disminuye el turismo receptivo.

- Reducir el gasto público porque la carga del Estado agobia al sector privado, con efecto inmediato de caída de la demanda doméstica.

El saldo de cada una de esas opciones para abordar supuestos desequilibrios macroeconómicos es una fuerte caída del crecimiento rumbeando hacia la recesión. Es probable que disminuya así la tasa de inflación pero también el Producto, el empleo y el salario con la consiguiente inestabilidad social.

FIEL, una de las principales usina de la ortodoxia económica donde abrevan analistas y fuerzas políticas para sus habituales comentarios aunque no estén directamente identificados con ese think tank del establishment, es una referencia para conocer el relato convencional sobre cómo abordar la cuestión económica. Como se sabe, el desembarco de FIEL con su equipo económico en el gobierno de la Alianza duró pocas semanas ante la resistencia al plan de ajuste del gasto en Educación, Anses y Salud, pensiones graciables, poda del 30 por ciento de empleados de la administración pública y eliminación de exenciones al IVA. En el último boletín informativo mensual, el economista de FIEL Daniel Artana planteó los desafíos de mediano plazo. Vale reconocer la sinceridad de la que carecen muchos de sus colegas al afirmar que “aun suponiendo que la situación no se deteriora de aquí a 2015, el próximo gobierno tendrá la necesidad de encarar un ajuste fiscal cercano a tres por ciento del PIB”. Precisa que “el candidato natural a ese ajuste es la reducción de subsidios a la energía que insume 2,5 por ciento del PIB. Ese subsidio favorece a los consumidores residenciales (aproximadamente el 40 por ciento) y al comercio y la industria. Indica que debería haber un esfuerzo fiscal reducido para proteger a los consumidores de los tres deciles más bajos de la pirámide ingresos. Pero advierte que “aproximadamente un 40 por ciento de la contribución de los usuarios residenciales proviene de los cuatro deciles siguientes que tendrían ingresos familiares entre 10.000 y 22.000 pesos mensuales”. El ajuste fiscal vía reducción de subsidios recaería en los sectores medios, que tienen el extraño comportamiento de acompañar ese tipo de propuestas, para luego quejarse con ganas por haber sido perjudicados.

La economía es un espacio de tensión y rupturas permanente donde se dirimen intereses contrapuestos de diferentes sujetos económicos y sociales y, por lo tanto, de disputa de poder. Por ese motivo está en desequilibrio; entonces lo relevante es observar cómo se orientan esas pujas a través de la política económica. Para eludir las recetas convencionales entonces se requiere primero estar convencido de querer desafiarlas, luego cohesionar un equipo económico que tienen a sus cinco integrantes dedicados a dejar trascender diariamente sus posiciones divergentes, después precisar el diagnóstico eludiendo lugares comunes que tan bien se reflejan en la mayoría de los medios de comunicación, para finalmente tener la convicción de intervenir de otro modo al tradicional. Esto implica que frente a la irrupción de la restricción externa lo principal es descartar la opción de demoler edificios.

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