En el mismo comunicado en que dio a conocer la aprobación de la última revisión del actual acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario publicó la lista de reclamos que le está formulando al gobierno de Néstor Kirch-ner. El propio Horst Köhler fue el encargado de suscribir esa archiconocida nómina: ajuste de tarifas, reestructuración del sistema financiero, renegociación de la deuda y una reforma impositiva que incluya cambios en la coparticipación federal, de manera de asegurar la sustentabilidad fiscal. También se pide “un mayor esfuerzo” para lograr seguridad jurídica y “respeto a los derechos de los acreedores”. La previsible receta ortodoxa del organismo concluye con un llamado a la sensibilidad: que el plan tenga en cuenta a la pobreza y a los “asuntos sociales”.
“El trabajo del nuevo gobierno en la agenda de reformas estructurales necesita acelerarse”, refrendó Köhler al ejercer presión sobre la nueva administración. La aprobación del FMI se convirtió en la bandera de largada para la nueva negociación de un pacto de largo plazo, y sin dudas marca la inauguración de otra nueva ronda de reiteradas y repetidas negociaciones entre la Argentina y el Fondo. Además, le permitirá a la Argentina embolsar 1050 millones de dólares, que compensarán un pago de monto similar efectuado a los organismos hace un par de semanas. Se espera que hoy mismo arribe a Ezeiza una comitiva técnica encabezada por el subdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental, John Dodsworth. Lavagna se enteró de la decisión del FMI en Canadá, de boca de las propias autoridades del organismo.
En sus declaraciones por escrito, Köhler fue elogioso sobre la situación económica, a pesar de que un documento interno del FMI, elaborado por técnicos y conocido la semana pasada, había sido muy crítico. “El desempeño macroeconómico de la Argentina continúa siendo favorable. Ha aumentado la confianza del consumidor, se redujo la inflación, se fortalecieron los indicadores de mercado y la recuperación económica ha sido alentadora”, manifestó. En uno de los seis párrafos de la comunicación, el director ejecutivo aseguró que “las nuevas autoridades están comprometidas a mantener la disciplina fiscal”, al tiempo que destacó el superávit de las cuentas públicas que superó las metas firmadas a principios de año.
La lista de pedidos de Köhler confirma la posición histórica del FMI: salir en respaldo de las empresas internacionales y de los bancos, y también de los acreedores. “Las perspectivas de mediano plazo dependerán de manera crítica de la reestructuración de la deuda pública. Es importante que el proceso negociador con los acreedores privados siga avanzando de manera decisiva”, sugirió.
El directivo alemán también reconoció que la economía muestra una inflación en baja. “Dada la ausencia de presiones inflacionarias, la continuación cauta de una expansión de la base monetaria parece apropiada”, sintetizó. El párrafo parece un elogio al Banco Central. A principios de año, mientras el FMI insistía con mantener en caja la emisión de dinero, Alfonso Prat Gay y Pedro Lacoste lograron convencer a Washington de hacer lo contrario con el objetivo de aceitar la actividad económica.
La llegada del inglés Dodsworth y su equipo de técnicos pondrá en marcha, formalmente, la negociación para un acuerdo de tres años. La aspiración de Economía es que ese pacto se cierre antes del próximo 9 de septiembre, día en que hay un vencimiento de la deuda impostergable por 2900 millones de dólares.
La pregunta inevitable, entonces, es cuáles serán las condiciones que aceptarán Lavagna y Kirchner. En especial la referida al superávit fiscal. Economía se inclinaría por mantener, para el año 2004, el actual superávit de 2,5 puntos del PBI. El otro tema clave refiere a las tarifas de las privatizadas. En la Casa Rosada ya manifestaron su decisión de revisar todos los contratos ante de tomar cualquier decisión.