Los hogares más pobres de la Argentina utilizan como combustible el gas en garrafa. Muchos de los 15 millones de usuarios habituales, sin embargo, se vieron forzados a recurrir a otras fuentes de energía, más precarias y riesgosas, debido al explosivo aumento de su precio. Desde la salida de la convertibilidad, la suba del GLP (gas licuado de petróleo) fue del 140 por ciento. Con el invierno ya avanzado, el Gobierno logró sentar a los productores y fraccionadores más importantes y llegó a un acuerdo para que reduzcan el precio. El anuncio de ese convenio se hizo anoche y establece que la garrafa de 10 kilos pasará a costar entre 18 y 19 pesos durante los próximos 90 días.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y la subsecretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja, brindaron una conferencia de prensa para comunicar la novedad. También indicaron que se buscará alcanzar un acuerdo similar en el precio de los lácteos, que se anunciaría en pocos días.
La rebaja del GLP se producirá sólo en 300 puntos de venta, sobre un universo de 2000 que existe en todo el país. La medida busca abaratar el combustible para los sectores de menores recursos. Por eso sólo se redujo el precio de la garrafa de 10 kilos y no el del tubo de 45, que son comunes en casas de ingresos medios a las que no llega el gas natural por red, como, por ejemplo, las de la costa atlántica. Otra condición es que se venderá una sola garrafa por persona.
El Gobierno difundirá desde hoy la ubicación de los 300 locales que venderán el combustible más barato. La prioridad estará en las zonas carenciadas. La totalidad de los habitantes de Formosa, Chaco y Misiones usa gas de garrafa, mientras que en la provincia de Buenos Aires el 40 por ciento de los hogares también recurre al gas envasado. En la Ciudad de Buenos Aires se utiliza en inquilinatos y villas de emergencia, concentrando el 10 por ciento del consumo residencial total de este combustible.
Antes de la devaluación, 10 kilos de GLP valían entre 8 y 9,50 pesos, según la zona. Después saltó a 23/25 pesos, y hace un mes el Gobierno llegó a un acuerdo con los productores para aplicar una rebaja del 7 por ciento. Ahora, con el nuevo convenio, los precios serán de 18 pesos en el 80 por ciento de los 300 puntos de venta, de 18,5 pesos en el 10 por ciento, y de 19 pesos en el 10 por ciento restante.
El consumo mínimo para una familia tipo es de una garrafa y media por mes. Para un hogar con ingresos de 300 pesos mensuales, el gasto en GLP representaba en diciembre de 2001 el 4,5 por ciento. Con la suba, llegó a equivaler el 16,6 por ciento. Y ahora se ubicará en 12,6. El precio de este combustible es libre, debido a que una ley que regule su venta está por sancionarse desde hace once años. Cuando se privatizó el gas, se creó un marco regulatorio y un ente de control para el gas en red, y se fijó un plazo de seis meses para hacer lo propio con el GLP, lo que nunca ocurrió. En este momento el Congreso estudia un nuevo proyecto, que tramita la Comisión de Energía de Diputados, y que podría ser sancionado próximamente. De allí que el acuerdo sea sólo por 90 días.
El Gobierno tenía dos elementos de presión importantes para negociar. Uno era la autorización para regular precios que le concedió la Ley de Emergencia. El segundo era la posibilidad de aumentar las retenciones, que se ubican en 5 por ciento y podría haber llevado al 20. Con eso, el precio de exportación se hubiera colocado en el mismo nivel de 18-19 pesos que fijó el acuerdo. Repsol-YPF, Petrobras y TGS concentran el 65 por ciento de la producción, y sumando a Shell Refinor, Total Austral y Gas Medanito se llega a cerca del 90 por ciento. Con ellos fue que se firmó el convenio. Así como con un grupo de fraccionadores, que encabezan YPF y Shell. El Gobierno reconoce que se trata de un mercado poco transparente.