La Justicia rechazó la demanda de un director de YPF designado por Repsol que había solicitado una copia del contrato firmado con la estadounidense Chevron. Luego de que la empresa se negara a darle la documentación, Luis García del Río, representante de la petrolera española, judicializó el reclamo, pero el miércoles pasado la Cámara de Apelaciones en lo Comercial Federal entendió que la posibilidad de exigir por esa vía la documentación requerida se encuentra vedada, dado que YPF tiene previstos mecanismos internos que deben ser utilizados previamente.

Luego de la firma del contrato entre YPF y Chevron, Luis García del Río y Carlos María Tombeur, los dos directores que aún conserva Repsol en la petrolera controlada por el Estado, solicitaron la documentación disponible, pero la conducción de la firma rechazó el pedido y sólo les facilitó “la información pertinente” a la evaluación del contrato para su aprobación en el directorio. A mediados de la semana pasada, YPF puso en conocimiento de la Bolsa de Comercio el dictamen del comité de auditoría de la empresa que respaldó la postura de Galuccio, al considerar que los dos directores españoles se encuentran “incursos en una situación de conflicto de interés” con YPF, dada la disputa que Repsol mantiene abierta con la petrolera argentina en su demanda de una indemnización millonaria por la expropiación de las acciones. La petrolera española había amenazado con impugnar la inversión de Chevron en áreas asignadas a YPF si previamente no se le ofrecía “un acuerdo razonable” para compensar la pérdida del control accionario.

La negativa al pedido de documentación volvió a promover suspicacias en torno de la supuesta existencia de “cláusulas secretas” en el contrato. YPF, en cambio, sostiene que la defensa de la confidencialidad de los detalles del contrato es “estratégica” para evitar que Repsol encuentre una veta para impugnar el acuerdo de inversión en Vaca Muerta. “García del Río y Tombeur se encuentran incursos en una situación de conflicto de interés en relación con aquellas cuestiones en que los intereses del grupo Repsol se encuentren en conflicto con los de YPF en general, y en particular respecto de la celebración y el acceso a la información asociada al acuerdo entre YPF y Chevron”, resolvió el Comité.

Luego del rechazo, García del Río se presentó a la Justicia, pero los camaristas Gerardo Vassallo, Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia descartaron el pedido. El tribunal reconoció que “la cuestión planteada por García del Río había sido derivada al ámbito de la vía interna de evaluación por parte de un comité en un todo de acuerdo con una aceptada y aceptable solución propia de un buen gobierno corporativo”. Asimismo, entendió que no era ajeno al ámbito de conocimiento del Comité de Auditoría de YPF “la dilucidación de conflictos intrasocietarios vinculados al ejercicio del deber, derecho de los directores de acceder a la información cuando es rehusado”. Finalmente, la sentencia también resaltó que el “derecho-deber de información de un director no tiene carácter absoluto o irrestricto, ya que podía estar sujeto a razonables límites en determinados supuestos, incluyendo entre estos supuestos al caso del interés de un director orientado a favorecer a personas vinculadas a él o a ciertos y determinados accionistas. Esta restricción tiene por base la idea de que el ejercicio del derecho a la información por parte de un director no pueda servir de medio para obstruir o perjudicar la actividad social”.