El Gobierno anunció un nuevo sistema de administración de los principales corredores viales del país cuyas concesiones finalizan el 31 de octubre próximo. El nuevo esquema fue diseñado para ser superavitario a lo largo de los cinco años que durarán los nuevos contratos. El sector privado en su conjunto ya no recibirá subsidios, ni administrará lo que cobre por peajes. Con la recaudación se conformará un fondo fiduciario que administrará el Estado y que servirá para el financiamiento total del sistema. Los peajes se mantendrán en los niveles actuales, aunque el Gobierno se comprometió a no aumentarlos. Con el nuevo esquema el sector público recuperará, a través de Vialidad Nacional, la potestad de planificar la inversión sobre la red vial argentina.
El 31 de octubre vencen las concesiones de doce corredores viales nacionales. Se trata de cerca de 8000 kilómetros de rutas que ahora serán relicitadas mediante una nueva reagrupación que disminuye a la mitad el número de concesiones, agrupándolos por unidad económica con el objeto de mejorar las economías de escala y los costos de operación.
En una conferencia de prensa brindada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, se anunció que con el nuevo esquema el Estado ya no pagará los 325 millones de pesos anuales de subsidios. En cambio, se espera que el sistema sea superavitario, a lo largo de cinco años, en poco más de 18 millones de pesos, aun considerando una Tasa Interna de Retorno de la inversión empresaria del 15 por ciento. Estos números resultan de un estudio realizado por la cartera de Planificación, según el cual la recaudación anual del sistema, sin IVA, alcanza con las actuales tarifas casi 140 millones de pesos. Siempre de acuerdo al estudio, de los nuevos seis corredores, tres estarían en condiciones de ser muy rentables, dos se ubicarían en un punto de relativo equilibrio, mientras que sólo uno necesitaría de aportes extra. En consecuencia la modalidad de las nuevas licitaciones quedará abierta a “concesiones onerosas”: en las que ganará la firma que oferte un canon máximo, o “concesiones subvencionadas”, en las que ganará quien oferte recibir la mínima subvención. La decisión de la modalidad quedará abierta al oferente.
El sistema en su conjunto está pensado de la siguiente manera: los concesionarios realizan el mantenimiento y realizan el cobro. Todo el dinero se deposita en un fondo fiduciario. Este paga una vez que el Estado certifica que en el mes en cuestión se ha cumplido la meta establecida en los nuevos contratos.
Las nuevas licitaciones que se concretarán el 17 de octubre próximo serán “públicas nacionales”, lo que no quiere decir que no puedan participar firmas de terceros países. Los oferentes deberán ser “empresas constructoras asociadas con consultoras o concesionarias o empresas especializadas en mantenimiento vial también asociadas con concesionarias o consultoras”, describió De Vido.
Además del autofinanciamiento, la principal característica del nuevo esquema es que “no se calificarán las ofertas de los actuales concesionarios que no hayan resuelto el actual contrato a entera satisfacción del Estado”. Esta disposición está relacionada con el actual proceso de liquidación de los contratos. “El 31 de octubre tiene que haber un cierre de la relación contractual de los doce años de concesión”, señaló a este diario José López, subsecretario de Vivienda a cargo de Obras Públicas. “En ese esquema se resolverá si hay saldo a favor o en contra. Hoy las empresas dicen que el Estado les debe, mientras que el Estado sostiene que las que deben son las empresas”, agregó.
El funcionario consideró también que el rediseño “tiene por objetivo generar unidades económicas con un menor costo de mantenimiento y operación”, ya que “está pensado para mejorar las economías de escala, no para concentrar”. En consecuencia “algunas unidades económicas resultarán menores, lo que permitirá la presentación en las licitaciones de empresasde menor envergadura”. La menor concentración respondería a que las nuevas concesionarias ya no tendrán a cargo las tareas de repavimentación ni de mejoras de las rutas (rotondas, segundas calzadas e iluminación), funciones que asumirá el Estado, aunque no en forma directa sino a través de licitaciones públicas.
Durante la conferencia de prensa, De Vido aclaró que quedarán excluidas del concurso las rutas nacionales 12 y 14, los ejes viales Rosario-Victoria y Cipolletti-Neuquén, además de los accesos a Buenos Aires, cuyos vencimientos de contrato son posteriores a octubre. “Este sistema de licitación se realizará con una transparencia que lamentablemente no ha sido muy usual en la Argentina”, concluyó De Vido.