“Apoyo firmemente la postura del Gobierno de no ceder ante las demandas irrazonables de los fondos buitre, los cuales persiguen el pago de montos que rayan con lo inmoral”, dijo ayer Cephas Lumina, experto independiente de Naciones Unidas en materia de deuda externa. Este especialista sudafricano visitó Argentina para evaluar el impacto del endeudamiento sobre la capacidad del Estado para avanzar en ampliación de derechos económicos, sociales, culturales y de desarrollo para la población. La recomendación preliminar, de un documento que se publicará en marzo, fue avanzar en una auditoría transparente de los pasivos externos del país, con el objetivo de dejar de pagar deuda ilegítima que se adquirió durante la última dictadura militar. En este punto, el arreglo con el Club de París debería realizarse si existe revisión previa.

El experto de la ONU dio un panorama histórico de la evolución de los compromisos financieros del país. “Gran parte de la deuda que se está pagando fue tomada en circunstancias cuestionables, en particular durante el último período de la dictadura militar en las décadas del ’70 y ’80”, dijo. Mencionó que en esos años hubo bancos, instituciones financieras internacionales y países que otorgaron créditos a la Argentina, los cuales no sólo financiaban proyectos de infraestructura, sino que apoyaban indirectamente a un gobierno ilegítimo que “reprimía y desaparecía a sus opositores”. Agregó que en esa etapa el pasivo con acreedores internacionales creció exponencialmente, una tendencia que volvió a repetirse en los ’90. Entre 1989 y 1999 la deuda aumentó 123 por ciento, al tiempo que los pagos de intereses se incrementaron 253 por ciento. “La esperanza era que la entrada de capitales estimulara el crecimiento económico y el bienestar general, pero los resultados fueron desastrosos. La deuda subió, al mismo tiempo que aumentaron la pobreza y la desigualdad”, indicó el referente de Naciones Unidas.

A diferencia de estos períodos de endeudamiento, el especialista subrayó que las reestructuraciones del 2005 y 2010 permitieron una fuerte reducción de pasivo y tuvieron un efecto positivo en términos de bienestar de la población. “En los últimos años, el canje de la deuda permitió al Gobierno un mayor espacio fiscal para invertir en el sector social, lo cual se complementó con una serie de políticas para promover el crecimiento económico con inclusión social”, señalo Lumina, para precisar que la crisis de la deuda, tras el estallido de la convertibilidad, había provocado un fuerte impacto en materia de derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a la educación.

Al cierre de junio de 2013, la deuda pública totalizó 196 mil millones de dólares, de los cuales 135 mil millones se debieron a deuda externa (compromisos con acreedores que no residen en el país), mientras que 25 mil millones de dólares se explicaron por organismos internacionales de crédito. En esta cifra no se computaron 11.500 millones de dólares, los cuales se encuentran en posesión de agentes privados que no aceptaron las condiciones de la reestructuración soberana. En parte, estos vencimientos pertenecen a fondos buitre. “La Argentina ha logrado avances significativos respecto de la mejora en las condiciones sociales de su población. No debe permitirse que los fondos buitre y las decisiones de financiamiento irresponsable restrinjan ese progreso”, afirmó Lumina.

Informe: Federico Kucher.