Otra vez la llegada de los días de intenso calor en el área metropolitana hizo colapsar el sistema de distribución eléctrica pobremente atendido por dos concesionarias que no dejan de quejarse porque dicen no tener recursos para hacer las inversiones necesarias. Otra vez, las respuestas de estas mismas empresas, ante la emergencia, llegaron tarde y mal, con interrupciones que se prolongan mucho más allá del fin de la ola de calor y ausencia de explicaciones o previsiones precisas sobre cómo y cuándo llegarán las respuestas. Otra vez, las sanciones del Gobierno y la imposición de obligaciones de reparación económica a los usuarios afectados que no alcanzan a cerrar las heridas abiertas. Y otra vez, el Estado saliendo a hacerse cargo, ya en la instancia final y sin que funcionaran previamente ninguno de los mecanismos previstos, de la ejecución de las obras de instalación de un nuevo cableado en media y baja tensión, tendido de nuevas redes, reparación de estaciones transformadoras o sustitución por nuevas, repotenciación de centros de transformación. ¿Alcanzará todo ello para poner el sistema eléctrico en condiciones, siendo operado por las mismas concesionarias que en el último año han dejado de pagar hasta la factura por generación eléctrica que reciben de Cammesa? ¿Será todo este esfuerzo suficiente para afrontar futuros picos de demanda, posiblemente en niveles de consumo y equipamiento de los hogares un par de escalones más altos que los actuales? ¿Será este mismo sistema de concesión del servicio, heredado de la década menemista y emparchado varias veces, el que pueda dar respuesta a tantos interrogantes? ¿No hay experiencias válidas, dentro y fuera del país, para buscar otro tipo de respuestas o complementarlas con las que el Gobierno adopta, a falta de actitud positiva de las empresas?

El planteo de la cuestión eléctrica se nutre más de interrogantes que de respuestas. Pero eligiendo las preguntas de forma tal que permitan orientar la búsqueda de las respuestas. El anuncio del viernes último del ministro de Planificación, asumiendo la responsabilidad de ejecutar obras por 3950 millones de pesos en el sistema de distribución de la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires es una resolución “por default”: como no lo hace el privado, lo hará el Estado. Podría haberse elegido un atajo, asumiendo el Estado la ejecución anticipadamente, advirtiendo que las concesionarias no lo iban a hacer. No tienen la decisión ni la voluntad para ello. Tampoco se las ve predispuestas a tomar el personal que deberían contratar para aumentar las cuadrillas trabajando en la calle en un 20 por ciento, como el viernes les reclamó Julio De Vido. Ya ni levantan el teléfono para atender a los usuarios reclamando por la falta de servicio.

De lo que ya quedan pocas dudas es de la necesidad de un Estado más presente. El anuncio de las inversiones del viernes es un paso en tal sentido. Falta ver quién o quiénes serán los socios de ese Estado: quién operará el servicio. La continuidad o no de Edenor o Edesur es un debate abierto, en el que ni la voluntad de las propias empresas está suficientemente clara (¿quieren seguir, realmente?). Su rol futuro no se define en función de lo que se resuelva respecto de la tarifa, la retribución como distribuidoras, el subsidio a los usuarios, segmentado o no. Esas son cuestiones que deberán discutirse o resolverse más allá de lo que se decida hacer con los actuales concesionarios (ver comentarios de Marcos Rebasa al respecto).

En materia de prestación del servicio, el funcionamiento de más de seiscientas zonas en el país atendidas por cooperativas eléctricas brinda una experiencia a la que habría que prestarle mayor atención. Hay un eje central que recorre el núcleo de la debilidad de las privatizaciones pergeñadas por el menemismo: la contradicción entre prestar un servicio público básico, vital y, por lo tanto, necesariamente universal y económico, y el fin de lucro de una empresa privada que lo presta y querrá que le resulte rentable.

Ariel Guarco, de Cooperar, presentaba un ejemplo válido. “A la entrada de Coronel Pringles, la cooperativa tiene dos estaciones transformadoras instaladas. Con una funcionando al 60 por ciento se atiende el suministro, la otra está de reserva.” ¿Ineficiencia o seguridad para tener un servicio de calidad? En Buenos Aires, hace cinco o seis años un experto con experiencia en el sector privado planteaba que para atender un crecimiento promedio del 5 por ciento anual de la demanda había que hacer una inversión de cierta magnitud porque el sistema ya estaba funcionando al límite. Pero para atender los picos de demanda, la inversión necesaria se triplicaba. “¿Qué empresario privado va a triplicar la inversión para utilizar dos tercios de la misma cinco días y tenerla ociosa el resto del año? Si la inversión es de 300, va a hacer la de 100 y aguantarse los insultos de los clientes durante cinco días al año, pero ahorrándose 200”, reflexionaba en estricto off. Para algunos, una decisión empresaria “sana”, pero difícilmente compatible con el interés público.