Si la Corte Suprema de Estados Unidos convalidara el fallo dictado a imagen y semejanza del reclamo buitre, obligando al país a incumplir sus pagos (default técnico) con el 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje, todos perderían. Los buitres no cobrarían la sentencia, los tenedores de bonos reestructurados dejarían de recibir sus pagos en tiempo y forma, y Argentina enfrentaría una situación de crisis financiera aun cuando garantiza el pago de esos pasivos con las reservas. El eventual triunfo judicial de los fondos buitre en la disputa contra Argentina no representaría necesariamente para ellos una victoria económica. Esto es lo que piensa un grupo de grandes fondos internacionales encabezados por Gramercy y Fintech, y por ese motivo elaboraron una propuesta para que el universo de buitres ingrese al canje de deuda y desistan de sus demandas contra Argentina. Plan que, según pudo averiguar Página/12, está bastante avanzado, tanto que en los próximos días se conocerán los dos bancos internacionales organizadores. Mientras, el equipo económico se prepara para presentar a mediados de febrero el pedido de revisión del polémico fallo al máximo tribunal estadounidense.

La solución que proponen Gramercy y Fintech para las diferentes facciones de acreedores contempla la cesión de una parte del rendimiento de los bonos reestructurados que cobrarían entre 2014 y 2018 a los buitres, con un escenario base de 1500 millones de dólares. Con ese incentivo monetario, esperan que todos los fondos litigantes ingresen al canje. Los actores involucrados reconocen que se trata de una apuesta audaz, novedosa y de difícil implementación.

En los próximos días, la iniciativa de los inversores institucionales internacionales que tienen gran parte de la deuda reestructurada comenzará a tomar forma cuando se presente a los dos bancos europeos que intermediarán en la operación entre privados. Esas instituciones financieras se sumarán al estudio de abogados Linklaters, que fue contratado el mes pasado por los bonistas. Esta firma ya intervino en el canje de 2010.

La confirmación del fallo en la disputa legal, política y económica impulsada por los buitres obliga al país a realizar un pago en efectivo por 1330 millones de dólares y condiciona a las entidades (la principal, Bank of New York) encargadas de cursar la cancelación de los vencimientos con el 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron al canje a la ejecución de la sentencia. El gobierno argentino rechaza esa forzada interpretación de las cláusulas de tratamiento igualitario –pari passu– de los bonos locales. Como alternativa propuso a los buitres que ingresen a un nuevo canje de deuda, una oferta que ya fue rechazada en dos oportunidades.

Con la victoria legal de los fondos buitre NML Elliot y Dart, encabezados por Paul Singer y Kenneth Dart, los grandes fondos internacionales que concentran los bonos locales como Gramercy y Fintech perderían mucho dinero. La cotización de sus tenencias se desplomaría y además dejarían de cobrar los intereses, puesto que poseen papeles de deuda con legislación Nueva York. En el mercado, los bonos argentinos que tienen esos fondos valen alrededor de 78 dólares y si se impone el reclamo buitre podrían caer hasta 40 dólares.

En cambio, si se llegara a una solución de mercado subirían hasta 100 dólares. La atractiva recuperación en el precio limitaría la magnitud del esfuerzo de otorgar a los buitres alrededor de 1500 millones de dólares en intereses futuros. Por eso, para Robert Koenigsberger (Gramercy) y David Martínez (Fintech) ceder parte de su flujo de ingresos para seguir cobrando, es una alternativa viable, además de rentable. Y, suficientemente atractiva para que los buitres ingresen al canje. Como adquirieron sus bonos a precio de remate, la solución entre acreedores redundará en una abultada ganancia especulativa para los buitres.

Ceder una porción de los intereses para atraer a todos los buitres al canje no es un proceso sencillo ya que requiere un elevado grado de adhesión. La cláusula de acción colectiva (CAC) incorporada en la reestructuración de la deuda le permite al emisor y a los acreedores modificar las condiciones de pago de los bonos –lugar, fechas, agente de pago, tasas o legislación– siempre y cuando logren un nivel mínimo de adhesión que fuerce la participación de todos los tenedores de bonos.

Para conseguir que todos entreguen una porción de los intereses se necesita el visto bueno del 75 por ciento de cada serie de bonos –Par, Descuento, Global– o el 85 por ciento del total (con un mínimo del 66 por ciento sobre cada emisión). Si se alcanzaran esos niveles, algo que ya habrían logrado los impulsores de la propuesta, se gatillarían las CAC y el resto de los bonistas pasan a estar obligados a aceptar las modificaciones.

Junto con el visto bueno de sus pares, requerirán el consentimiento del emisor, o sea de Argentina. Hasta ahora el Gobierno no se involucró en la operatoria promovida por Gramercy y Fintech –dos fondos que tienen una larga historia con el Poder Ejecutivo–, pero sí decidió no avanzar en la apertura formal del tercer canje de deuda, a la espera que se materialice la iniciativa.

La propuesta, que tomará forma en las próximas semanas, tiene una ventana de negociación reducida: hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se exprese. En febrero, Argentina deberá presentar su pedido de revisión –writ a certioriari– y, en el peor de los escenarios donde el máximo tribunal descarte rápidamente evaluar el caso, el proceso concluirá en junio, o como mucho se puede llegar a extender durante un año. Si la operación es exitosa, Argentina cerrará el capítulo del default con acreedores privados.

En paralelo, el Ministerio de Economía y la Unidad de Reestructuración de Deuda están reactivando las negociaciones con el Club de París para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la cesación de pagos con esos países. Todavía no está cerrada, pero la propuesta que impulsa el equipo económico no insumiría divisas, contempla una quita y el pago se realizaría en bonos, una dinámica similar a la alcanzada con las cinco empresas que tenían sentencias definitivas en el tribunal arbitral del Banco Mundial, Ciadi.