“El Gobierno no va a permitir que aparezcan conductas irracionales en materia de precios porque tenemos los instrumentos y herramientas necesarios para evitar cualquier acción por parte de sectores especulativos que pretendan poner en peligro el esquema de políticas económicas vigente”, aseguró ayer el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, quien además ratificó que controlarán a todos los actores de las distintas cadenas comerciales. El funcionario realizó estas declaraciones luego de reunirse con distintos empresarios en el marco del programa Precios Cuidados.

Costa estuvo reunido junto al subsecretario de Comercio Interior, Ariel Langer, con los representantes de las cámaras, empresas y proveedores de la industria de la alimentación, bebidas, perfumería y artículos de limpieza para presentarles el sistema de gestión de alertas con el cual la secretaría se encargará de monitorear el debido cumplimiento del listado de productos pactados.

El funcionario les explicó a los empresarios cómo será el mecanismo de alertas tempranas, para detectar cualquier aumento injustificado de precios. “Mediante la asignación de un usuario, cada representante del sector privado podrá alertar a la secretaría de cualquier dificultad en el cumplimiento de los compromisos en materia de abastecimiento, precios y debida señalización en góndolas de los productos con precios acordados. El objetivo de las alertas es identificar el problema y dar respuesta rápida sobre el tema”, sostuvo Costa.

A su vez, durante la reunión se avanzó en la implementación de la política de administración de precios hacia el interior del país. Al respecto, el secretario pidió a cada uno de los sectores que “se comprometan en garantizar el rápido abastecimiento de las sucursales de supermercados a nivel nacional, así como también a los establecimientos regionales para poder federalizar esta política”.

En el encuentro estuvieron presentes la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, la Copal, las empresas Nestlé, Quilmes, Timbó, Unilever, Bimbo y Lácteos Danone, entre otros.

A partir de la devaluación de esta semana, la secretaría buscará controlar que no existan “traslados injustificados” a los precios finales de bienes de consumo. En muchos casos, se evalúa que los incrementos aplicados el año pasado anticiparon, de alguna manera, “el impacto de la devaluación”. Desde el Gobierno estiman que habrá grupos empresarios que intentarán empujar los precios al alza, como mecanismo de incertidumbre hacia la sociedad.