Las legislaciones internas de los Estados regulan mecanismos para que, si una persona cae en insolvencia, pueda reestructurar su deuda y así pagar a sus acreedores. Si el deudor hace una propuesta de reestructuración, en los EE.UU. (Chapter 11) o en la Argentina (Ley de Quiebras) basta que acepten el 66 por ciento de sus acreedores para que la propuesta sea aplicable a todos. Y aunque no exista una ley de quiebras internacional, los porcentajes exigidos en los casos de deuda emitida con Cláusulas de Acción Colectiva son similares para Estados que reestructuran sus deudas soberanas. En la reestructuración de la deuda argentina, la aceptación fue del 93 por ciento. Los fondos buitre que hoy pleitean contra el país representan el 0,45 por ciento. Y en la aventura judicial exigen que se les reconozca el ciento por ciento de unos bonos que ellos compraron en el 2008 (ya defaulteados) al décimo de su valor.

Los tribunales de Nueva York (juez Griesa y de Apelaciones del Segundo Circuito) acogieron las pretensiones de los buitres soslayando la equidad. El concepto de los fallos es que Argentina incumple la igualdad de trato (pari passu) que debe dar a sus acreedores-bonistas, ya que sólo les está pagando a aquellos que entraron en el canje y no a la minoría ínfima que lo rechazó para especular. Así, igualan al buitre con el acreedor que sí canjeó. No esperamos ya que distingan el interés de un usurero con sede en el lavadero de Cayman (como NML, principal demandante) del interés de un Estado soberano que vela por el bien común. Pero sería alentador que resguarden el principio de congruencia de las resoluciones judiciales, el que violan cuando fundamentan el fallo en elucubraciones y descalificaciones sin asidero, como llamar al país “deudor recalcitrante” cuando desde el 2003 viene pagando regularmente más de 170 mil millones de dólares.

Argentina y los amicus curiae –terceros que se presentan para colaborar con el juez– alegan que un triunfo de los buitres implicaría la inviabilidad de otras reestructuraciones, ya que, con el precedente sentado, todos elegirían ir a juicio. Lo mismo advierten la Reserva Federal y el FMI. El Banco de N.Y. agrega que si la Justicia norteamericana hace naufragar esta reestructuración que se operó en Nueva York, nadie más querrá volver a negociar allí. Estas consideraciones de tipo económico en pos de preservar el interés de Nueva York como plaza para reestructuración de deudas (un gran negocio) parece serán los argumentos más potentes (por sobre la justicia y equidad) al momento de tratar de convencer a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. de que se aparte del criterio de los jueces neoyorquinos. Las oportunidades son hoy, en ocasión de presentarse la solicitud de revisión de los fallos de Griesa y de la Cámara de Apelaciones, y el 21 de abril en la audiencia para exponer que la pretensión de los buitres de embargar activos del Estado argentino en bancos estadounidenses implicaría violación a la ley de inmunidad de soberanía extranjera vigente en EE.UU. Así es como las expectativas argentinas de una resolución favorable deben depositarse más en el propio interés económico del país del Norte que en la sapiencia y ecuanimidad de sus tribunales fariseos. Toda una lección para los que reverencian la institucionalidad norteamericana.

* Docente UBA. Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Coordinador del Frente de Profesionales del Movimiento Evita.