La apelación presentada anteayer por el Gobierno ante la Corte Suprema de Estados Unidos, por el litigio que enfrenta el país contra un grupo de fondos buitre, resalta el riesgo de default de toda la deuda reestructurada si se mantienen los fallos de primera y segunda instancia. Esos juzgados de Distrito obligan a la Argentina a pagar la totalidad y en efectivo lo demandado por estos fondos especulativos. El escrito subraya que el nivel actual de reservas en el Banco Central sería, incluso, insuficiente para responder a la exigencia potencial que implica una masiva presentación de juicios contra el Estado argentino de parte de bonistas que ingresaron al canje y que quieran reclamar la diferencia. “Los reclamos de todos los holdouts superan los 15 mil millones de dólares, mientras que el principal (capital) de títulos reestructurados –en manos de inversores– asciende a 24 mil millones. En tanto, las reservas de la Argentina, que también deben utilizarse con fines distintos al servicio de deuda, son por aproximadamente 28 mil millones”, sostiene la apelación que fue elevada al máximo tribunal estadounidense.

Esta presentación representa la última instancia legal en la disputa por los 1330 millones de dólares que reclaman los fondos buitre por sus tenencias en títulos defolteados en 2001 y que mantuvieron fuera de los dos canjes para judicializar las condiciones originales de emisión. El juez del Segundo Distrito de Nueva York, Thomas Griesa, convalidó el pedido de los fondos buitre y su fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones. La apelación ante la Corte Suprema que elaboraron el secretario de Finanzas, Pablo López, junto con la Unidad de Reestructuración de la Deuda, que encabeza Hernán Lorenzino, y el estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, sostiene que ambos fallos violentan la inmunidad soberana del Estado argentino, consagrada en la ley estadounidense, y resalta la interpretación errónea que hacen de la cláusula de pari passu (tratamiento igualitario entre los acreedores) que esgrimen los buitres.

En la extensa argumentación se alerta también sobre los riesgos y los perjuicios que implican, para la Argentina y para futuras reestructuraciones, que queden firmes los fallos que obligan al país a pagarles 1330 millones de dólares en efectivo a los fondos NML, Aurelius y Blue Angel, entre otros. “Los demandantes obligan a pagar o sufrir una calamidad. La elección es satisfacer el pedido de los demandantes o el impago de 24 mil millones de dólares de bonos de deuda reestructurada”, afirma el documento. “Por su parte, los tenedores de bonos reestructurados sufrirían inmensas pérdidas y un nuevo default amenazaría con una renovada crisis financiera en Argentina”, advierten los letrados en la apelación.

En caso de que se mantengan firmes las sentencias, el país “debe detener completamente el servicio de sus títulos de deuda reestructurada para acatar la orden de un juez predeterminado. NML desestimó las perspectivas de default, afirmando que la Argentina podría darse el lujo de pagar la totalidad a los tenedores de bonos con sus reservas”, recuerda la apelación. Actualmente, el volumen de reservas se ubica en 27.770 millones de dólares.

Mientras, los cálculos de Economía estiman un default de 24 mil millones de dólares de deuda reestructurada, que se sumaría a los 15 mil millones en proceso de litigio judicial con bonistas que no ingresaron en los dos canjes de deuda, en su mayoría fondos buitre. “Esta imposición además generará graves pérdidas a los tenedores de bonos, a los mercados de crédito y a los ciudadanos argentinos”, afirma. “El incumplimiento en el pago sería aún peor; un default también podría desencadenar una renovada crisis financiera, lo que compromete directamente la salud y el bienestar de millones de ciudadanos argentinos”, remarca.

También insiste en el daño que generará en la resolución consensuada para problemas de deuda en otros países. Los riesgos que plantea la presentación argentina tienen su raíz, tal como se sostiene en el texto, en la falta de “un régimen de quiebras soberana”. No obstante, la ley de inmunidad soberana, por la que debería velar la Corte Suprema, permitiría “evitar que se tome a los ciudadanos y a otros terceros como rehenes, con el fin de requisar al Fisco”.