El oficialismo confía en poder comenzar a analizar la semana próxima, en Diputados, el proyecto de ley que refrenda el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la petrolera Repsol por la expropiación de las acciones de YPF, que fue enviado al Congreso el viernes. Antes de llegar al recinto, la iniciativa deberá contar con el visto bueno de las comisiones de Presupuesto, de Asuntos Constitucionales y de Energía, por lo que su debate se concretará en un plenario conjunto, una vez que quede definida la conformación de cada una de esas comisiones, proceso que debería estar concluido antes de que finalice esta semana. En el bloque oficialista no descartan incluso que el plenario de comisiones pueda comenzar a analizar el proyecto en los próximos días, de manera de acortar los plazos de llegada al recinto. La oposición pidió conocer más detalles sobre el acuerdo, aunque algunos legisladores ya adelantaron que se opondrán. Igual el oficialismo y sus aliados tendrían los votos para aprobarlo.

El sábado, a través de su cuenta en la red social Twitter, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que el viernes envió al Congreso el proyecto de ley para refrendar el acuerdo entre el Gobierno y Repsol por la expropiación de YPF. “Nosotros, que recuperamos para los argentinos la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta de petróleo shale del mundo, vamos a someter el acuerdo al Parlamento”, dijo la Presidenta.

El acuerdo con Repsol –denominado Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación– fue rubricado el jueves pasado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una reunión celebrada en el Palacio de Hacienda, en la que estuvieron presentes el secretario general y del Consejo de Administración de la petrolera española, Luis Suárez de Lezo Mantilla, y el director general de Negocios de la firma, Nemesio Fernández. El entendimiento fue el fruto final de las negociaciones encaradas por el gobierno argentino y las autoridades de la empresa a partir de fines de noviembre pasado, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.

El acuerdo contempla una compensación de 5000 millones de dólares en títulos públicos “por la expropiación” del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio. Una vez que el Congreso dé su conformidad y autorice la emisión de deuda para el pago de la compensación a Repsol –por un monto nominal máximo de 6000 millones de dólares–, el 28 de marzo próximo se reunirá la Junta de Accionistas de Repsol en Madrid, para terminar de refrendar el acuerdo. Entre las condiciones previstas para que el acuerdo alcance “plena eficacia”, Repsol tiene como fecha tope al 7 de abril próximo para que la Junta General de Accionistas ratifique el entendimiento. En tanto, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1º de mayo próximo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.

La primera reacción de la oposición fue exigir más detalles sobre el acuerdo. El diputado de la Unión Cívica Radical Ricardo Alfonsín exigió a los funcionarios que expliquen cómo llegaron a la cifra de 5000 millones de dólares. “El Gobierno debe informar muchas cosas a los argentinos. No solo cómo llega a la indemnización, sino también si efectuó o no en la Justicia las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de inversión”, afirmó. El ex vicepresidente y también radical Julio Cobos preguntó si se consideraron los pasivos ambientales y si el tribunal de tasación fue el encargado de poner la cifra de la indemnización.

El bloque del PRO emitió un comunicado donde afirmó que sus diputados fueron “los únicos que votaron en contra del proyecto de expropiación de YPF” y lamentaron “el alto costo económico que tuvo y tiene hoy para el país haber seguido el camino equivocado”. “Dos años después, el Gobierno da marcha atrás y muestra que nuestra posición de aquel entonces era correcta”, agregaron. Por último, el PRO cuestionó el costo que supone la indemnización. “Nos hubiese salido más barato hacer las cosas bien desde el principio, sin tener que pagar más del doble por los bonos entregados y sin endeudar innecesariamente al Estado por una empresa que estaba en manos privadas”, concluyeron.

Desde el Movimiento Libres del Sur, de Humberto Tumini, Jorge Ceballos y Victoria Donda, consideraron que el Gobierno “acepta abonar el dinero que Brufau había planteado en su momento: 10 mil millones de dólares y que Axel Kicillof rechazó con verborragia nacionalista”. A los 10 mil millones llegan luego de sumarle los intereses al capital, algo inédito al momento de calcular cualquier tipo de deuda.

La deuda que emitirá Argentina para el pago por la expropiación estará compuesta por 3250 millones de dólares en un nuevo bono denominado Bonar 24 con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75 por ciento; 500 millones en Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7 por ciento y 1250 millones en título Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28 por ciento. La emisión de bonos complementarios, con un tope de 1000 millones en valor nominal, estará compuesta por hasta 400 millones de dólares en Boden 2015, con un interés del 7 por ciento y vencimiento en 2015; hasta 300 millones en Bonar X y hasta 300 millones de dólares en Boden 2024.

El entendimiento contempla que, en caso de controversia o diferendo, las partes se someterán al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), ya que el acuerdo se encuadra en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones entre España y Argentina. La propuesta argentina a Repsol se basó en la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que en sus artículos 7, 11 y 12 estableció la expropiación del 51 por ciento del patrimonio de YPF perteneciente a Repsol YPF SA, siguiendo los procedimientos que marca la Ley 21.499, de Expropiaciones.