La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) profundizará la investigación sobre la supuesta asociación ilícita que comercializaba “soja negra” en Córdoba. Si bien la causa todavía está centrada en determinar el rol de las empresas apócrifas y aquellas que se desempeñaban como “blanqueadoras” de los granos, la Procelac avanzará en los vínculos entre las compañías fantasma y las exportadoras. Tal como publicó Página/12 el 23 de febrero pasado, en la causa sobresalen los vínculos directos entre las compañías investigadas (apócrifas y blanqueadoras) con Bunge y Vicentín, entre otras. La línea argumental de la Procelac es que a partir de las pruebas encontradas en los distintos allanamientos, “resulta poco probable que las exportadoras desconocieran el origen ilegal de los granos”.

La trama de la comercialización de “soja negra” por 1700 millones de pesos posee además ribetes judiciales poco vistos. El abogado defensor de uno de los principales imputados, Luis Caronni, impulsó el apartamiento de la fiscal que está investigando la causa, Virginia Miguel Carmona. Caronni es, a su vez, conjuez en otra causa similar a la mencionada, aunque con un movimiento de dinero inferior (600 millones de pesos). En su doble rol de abogado y magistrado (en causas diferentes), pidió el apartamiento de la fiscal Carmona, en base a los argumentos esgrimidos por el fiscal general de Córdoba, Alberto Lozada, quien quería colocar en esa fiscalía de Villa María a la hermana de su secretario, Beatriz de Cesari. “Es escandaloso que un abogado y conjuez esté atropellando el Ministerio Público Fiscal, con el solo objetivo de consagrar la impunidad de los sectores económicos”, afirmó a Página/12 el titular de la Procelac, Carlos Gonella. Según la fiscalía y la Procelac, para poder determinar algún grado de responsabilidad penal de las exportadoras es necesario encontrar los vínculos directos entre las empresas fantasma o apócrifas (APOC, según la lista que elabora la AFIP) y estas cerealeras. A partir de los allanamientos realizados en la causa que tramita en Villa María, surgieron datos concretos de los contratos directos entre las empresas APOC y Bunge. Por ejemplo, entre el 22 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año existen registros de cartas de porte y facturas diarias a cobrar con importes que iban desde los 86 mil pesos o dólares (no está identificado) hasta operaciones por 373 mil pesos o dólares. En total, Bunge aparece en 18 operaciones con las distintas empresas APOC denunciadas por la fiscalía de Villa María.

“Hay normas de conformidad que las empresas deben cumplir por cuestiones de imagen y transparencia. Estas funcionan de modo similar a las exigencias que la UIF impone a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Las exportadoras no pueden excusarse tan fácilmente con el argumento de que ellas recibían el cereal ya en blanco, y menos si lo recibían de empresas apócrifas”, indicó Gonella. Del análisis de la prueba documental también surgió la sistematicidad de las operaciones entre las empresas APOC con Vicentín (59 operaciones).

El otro aspecto de esta causa tiene que ver con las trabas de la Justicia cordobesa. La sala 2 de la Cámara Federal de Casación debe resolver si confirma o rechaza la falta de mérito de los 24 imputados, de los cuales dos están prófugos. Además, existe un intento de apartar a la fiscal. Virginia Miguel Carmona fue recusada por el abogado Luis Caronni, cuyo defendido es Luis Farías, ex ministro de Agricultura de Angeloz, uno de los principales imputados en la asociación ilícita. Caronni actúa como conjuez en otra causa investigada por Carmona, en la que también reclamó el apartamiento de la funcionaria del Ministerio Público. En ambas recusaciones, que todavía no fueron resueltas, Caronni utilizó argumentos del fiscal general de Córdoba, Alberto Lozada, quien también estaría a favor del desplazamiento de la fiscal.

“La fiscal de Villa María tiene todo el apoyo del Ministerio Público. Las procuradurías fueron creadas para quebrar la lógica que históricamente llevó a la impunidad este tipo de casos con gran impacto económico y social. Por eso estamos colaborando plenamente con la investigación de la asociación ilícita que movió 1700 millones de pesos, con vínculos directos con las exportadoras”, concluyó Gonella.

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