La causa judicial por escuchas ilegales que involucra al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dio ayer un giro sorpresivo. El juez federal Sebastián Casanello revirtió la decisión del anterior juez de la causa, Norberto Oyarbide, quien había cerrado la etapa de instrucción, dejando a Macri al borde del juicio oral. Según Casanello, esa medida fue “apresurada” y se realizó sin producir prueba “significativa para el resultado de la causa”. En este contexto, el juez envió a juicio a otros implicados como el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodovski, al ex espía Ciro James y al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, mientras ordenó “nuevas medidas de prueba” para resolver la situación del líder del PRO, que continúa procesado. A través de su cuenta de Twitter, Macri se apresuró a dar su interpretación de la novedad: “Queda claro que fui víctima de una causa armada desde la política y que es falso que había una red de escuchas vinculada a mí”.

En un fallo de 177 carillas, Casanello consideró que por el momento no hay evidencias suficientes para someter al jefe de Gobierno a juicio oral y decretó la “nulidad parcial” del cierre de la etapa de instrucción. En el escrito, el magistrado recordó que en julio de 2010 la Cámara Federal, al confirmar el procesamiento de Macri, le ordenó a Oyarbide profundizar la investigación a fin de garantizar su derecho de defensa.

“La atribución de responsabilidad respecto de Mauricio Macri, a diferencia de lo que sucede con el resto de los imputados, pasó a sostenerse casi exclusivamente en su posición de vértice dentro de la estructura burocrática de su gobierno”, sostuvo Casanello sobre la causa abierta en 2009, a raíz de un llamado anónimo recibido por la hija de Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA. En aquella comunicación, se le advirtió a la hija de Burstein que su padre estaba siendo espiado. El otro caso que se investiga es el del cuñado de Macri, Néstor Leonardo, el segundo de los querellantes.

Para producir nuevas pruebas, Casanello ordenó la citación a declaración testimonial del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, para el 15 de abril, y también pidió información a la Inspección General de Justicia sobre la empresa de seguridad privada AP Security. “Se le atribuye (al jefe de Gobierno) particular interés en las intervenciones telefónicas sufridas por Leonardo y Burstein y se lo coloca al frente de una asociación ilícita dedicada a realizar espionaje ilegal en función de su posición institucional como jefe de Gobierno” pero, para el juez, “ninguno de los escritos, ya sea del fiscal o de las querellas, señala o especifica una prueba directa que permita sostener que Macri haya requerido u ordenado espiar”. “No hay pruebas concretas”, agregó la resolución y advirtió que “mucho más cercano en el interés por la vigilancia de Leonardo se ubicaba a Franco Macri, quien incluso hizo saber que había contratado los servicios de The Ackerman Group” para investigar “los riesgos de su hija Sandra vinculados a su matrimonio” con el parapsicólogo.

El padre de Macri nunca estuvo imputado en la causa en virtud de que “los eventuales clientes no tenían por qué saber de los métodos ilegales utilizados” por la empresa contratada. Casanello remarcó que en la causa se comprobaron escuchas ilegales de todo tipo, desde divorcios hasta sumarios disciplinarios y litigios empresariales. “Lo determinante es que tampoco se ha ofrecido prueba que acredite que Macri fuese el instigador” de las intervenciones ilegales.

El juez advirtió que “no deben confundirse dos niveles de análisis, el político y el penal; una cosa es asignar responsabilidad política o de gobierno y otra muy distinta atribuir responsabilidad penal”. Las relaciones de “larga data” de Macri con algunos de los procesados “no alcanzan” para mandarlo a juicio, advirtió en relación con los vínculos de Macri con el Fino Palacios, quien al igual que James estuvo preso en la causa y luego fue excarcelado.

Casanello sobreseyó a la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Educación porteño Rosana Barroso y a Augusto Busse, Fernando Castelli y Lidia Kruchowski. Asimismo, envió a juicio a Narodowski, James, Palacios, a su ex segundo Osvaldo Chamorro, al ex juez de Misiones José Rey, a su secretaria Mónica González y a los procesados Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda.