Cada semana se publican noticias vinculadas con sobreexplotación, informalidad y precariedad laboral. Es un tema que figura en la agenda informativa, aunque algunos le dan más importancia que otros. Hace poco se conoció que el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios relevó aproximadamente 300 empresas, con una fiscalización de 8000 trabajadores, entre febrero de 2013 y enero pasado. El resultado fue que en el 70 por ciento de los operativos se encontraron niñas, niños y adolescentes trabajando. Ayer se conoció un operativo en Mendoza en doce galpones clandestinos de empaque de ajo, con 200 trabajadores no registrados. El Ministerio de Trabajo junto a la AFIP, y también ARBA en la provincia de Buenos Aires, realizan periódicas inspecciones en locales comerciales para detectar empleados no registrados. Incluso avanzan causas judiciales, como la que tiene de protagonistas a directivos de Kosiuko, Cheeky y Portsaid, citados a declaración indagatoria en tribunales acusados de contratar un taller clandestino y colaborar así con la reducción a la servidumbre.

El discurso políticamente correcto expresa preocupación por el empleo no registrado y reclama iniciativas para combatirlo. A fines del año pasado, Trabajo presentó una serie de medidas, entre otras, fortalecer la fiscalización y crear un registro de empleadores infractores. Además de esa atención oficial, se requieren cambios culturales relacionados con el grado de tolerancia colectiva respecto de la informalidad, la precariedad laboral y la desigualdad.

Un aspecto esencial cuando se aborda esta problemática es definir de qué se trata el empleo informal. Tener una radiografía precisa para intervenir con más claridad. Es lo que ofrece una reciente investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Escrito por los expertos de esa institución en la Argentina, Fabio Bertranou, especialista en mercado de trabajo, y Luis Casanova, funcionario técnico de apoyo al programa de trabajo decente, la introducción destaca que reducir la informalidad laboral continúa siendo uno de los mayores desafíos para los países de la región: 127 millones de personas continúan trabajando en esas condiciones, en su mayoría pertenecientes a los grupos de población más vulnerables.

El documento Informalidad laboral en Argentina: segmentos críticos y políticas para la formalización, de Bertranou y Casanova, define que “la economía informal se caracteriza por un agudo déficit de trabajo decente y un porcentaje desproporcionado de trabajadores pobres”. Detalla sus consecuencias para los trabajadores y sus familias, y también para las empresas y la sociedad en general. Dice que el empleo informal dificulta el reconocimiento de derechos laborales y está asociado con la pobreza en sus diversas dimensiones; que los trabajadores informales generalmente no cuentan con la protección necesaria frente a los diversos riesgos sociales, como pueden ser los accidentes laborales, el desempleo, la pobreza en la vejez, entre otros; que para algunas empresas, la informalidad puede significar operar con bajos niveles de productividad, con limitadas capacidades de expansión, mientras que para otras, que operan dentro de la formalidad, puede significar enfrentar una competencia injusta; y que a nivel más agregado, la informalidad laboral afecta a la equidad, la eficiencia, la capacidad del Estado para recaudar recursos, el alcance de la seguridad social, la productividad y el crecimiento. “Todos estos motivos hacen necesario el abordaje integral del fenómeno, con el fin de diseñar políticas públicas eficaces”, aconseja.

Los dos expertos de la OIT recuerdan que la conceptualización del término “informalidad” ha cambiado desde que fue introducido a principios de la década de 1970. Inicialmente se asociaba con el empleo por cuenta propia de subsistencia, mientras que actualmente se refiere a una amplia gama de ocupaciones tanto en la economía formal como en la informal. “El desarrollo histórico de estas visiones sobre la informalidad ha intentado abarcar distintas aristas de un fenómeno complejo y multidimensional”, indican, señalando que “en la actualidad, se ponderan distintas particularidades que dificultan el alcance de las políticas públicas y las posibilidades de reducir su extensión”. Entre estas características mencionan la persistencia del fenómeno, incluso en etapas de crecimiento económico y de generación de empleo, la vinculación entre los sectores formal e informal, la presencia de empleo informal en la economía formal y la gran variedad de ocupaciones sobre las que se extiende la informalidad. “Podría decirse que al presente existe consenso en que, para reducir la extensión de la economía informal, es necesario un enfoque de políticas integral, que pueda abarcar todas las características de este fenómeno”, explican.

Precisan que la precariedad laboral es un concepto más amplio que el de empleo no registrado, siendo este último una de sus principales manifestaciones. Pero la precariedad tiene otras dimensiones, como la temporalidad de los empleos y contratos, la forma de determinación de salarios, las condiciones laborales, la protección legal referida a despidos injustos, las prácticas laborales no aceptables, la falta de protección de la seguridad social y los bajos ingresos.

Bertranou y Casanova evalúan que la informalidad laboral se ha convertido en un fenómeno socioeconómico que reviste una gravedad y una extensión más que significativas desde hace varias décadas y afecta en la actualidad a cuatro de cada diez trabajadores. El problema es más elevado entre los trabajadores independientes, donde la incidencia es cercana al 60 por ciento, que entre los trabajadores asalariados, donde se ubica en el 35. “De hecho, si bien se ha registrado una importante reversión en los años 2000, el trabajo informal constituye la principal fuente de empleo precario en el país”, afirman.

El empleo asalariado no registrado es el que no realiza contribuciones a la seguridad social. En la investigación se estimó que la mayor cantidad de trabajadores informales se encuentra en ocupaciones en relación de dependencia, en unidades formales (cerca de un tercio del total), luego continúan en orden de importancia los trabajadores por cuenta propia y los asalariados en hogares y en unidades productivas informales. Destaca que la problemática de la informalidad laboral se presenta como una característica estructural del mercado de trabajo en la Argentina, ya que se registran incrementos de los no registrados tanto en fases recesivas como expansivas.

La tasa de empleo asalariado no registrado presenta una tendencia creciente desde mediados de la década de 1970 hasta principios de los años 2000. Recién a partir de 2004-2005 comienza a revertirse esa tendencia. Hasta el impacto local de la crisis financiera internacional en 2009, el empleo asalariado no registrado se redujo año a año. Desde entonces presenta un ligero amesetamiento, en torno del 33 por ciento del total de los asalariados, como se observa en el gráfico adjunto. Las principales caídas corresponden a los sectores de servicios sociales y de salud, el comercio, la construcción y la industria manufacturera. Al cuarto trimestre de 2012, el sector que concentra el mayor porcentaje es el servicio doméstico, donde desempeñan sus tareas cerca de uno de cada cuatro asalariados no registrados. Luego siguen el comercio, la industria y la construcción. A pesar de la notable reducción del empleo informal en establecimientos de menos de 40 personas, sigue concentrando el 83,2 por ciento del total.

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