El Indice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) de febrero será informado mañana. Será el segundo paso de la reconstrucción de la legitimidad social para un indicador muy cuestionado. La estrategia de medir mal con el viejo índice alteró la credibilidad de la palabra pública, provocando debates que no hubieran existido sobre la evolución positiva de variables sociales y económicas. Las estadísticas pasaron a ocupar entonces un espacio privilegiado en la disputa política, terreno abonado por el propio Gobierno al difundir cada mes el anterior IPC. Es un mérito extraño haber convertido una materia de escasa seducción en centro de discusiones políticas, además de habilitar un nicho de negocios a consultoras de la city con la comercialización de sus propios indicadores. Que estos números precarios hayan podido competir en credibilidad con los oficiales muestra la nula legitimidad que había alcanzando el índice del Indec. Ahora la batalla está centrada entre un gobierno que busca lamerse las heridas con el IPCNu y la legión de analistas y economistas del establishment que tratan de mantenerlas abiertas.

En un mensaje global a sus colegas, que excede al de un indicador de precios, el economista Miguel Bein afirmó anteayer en declaraciones radiales que “no se trata de ser optimista o pesimista, se trata con humildad de entender la realidad. No se trata de proyectar futuro o lo que gustaría que pase. No es así la profesión”. En estos días previos a la difusión de la cifra de inflación del mes pasado, que registrará también el impacto de la devaluación, se ha desplegado con variada intensidad y sin nada que lo justificara un manto de sospecha sobre el nuevo índice. Esto sólo puede desarrollarse por el pecado pasado. Y también por una cuestión específica de las estadísticas de precios, y que no es exclusivo de las argentinas: la sociedad no percibe como “real” lo que sucede con los precios de bienes y servicios. Esto es así porque el índice de precios es un promedio ponderado de una canasta de consumo promedio. Cada familia tiene su propia cesta de consumo, distribución de gasto y lugares de compras que le permite construir su propia percepción de la evolución de precios. Por eso el relevamiento del IPC nunca será “la inflación verdadera”, sino que reflejará la tendencia de los precios. Esto significa que debe reunir rigurosidad técnica, calidad de las encuestas y de la metodología empleada para que sea socialmente aceptado. O sea, que si los precios suben, la dirección del indicador sea al alza, y si bajan o están estables, la opuesta, porque las estadísticas brindan esencialmente información cuantitativa para precisar tendencias en la evolución de determinadas variables, insumos necesarios para la toma de decisiones del sector privado y público.

La estadística es un grupo de técnicas o metodologías desarrolladas para la recopilación, presentación y análisis de datos. La discusión en el mundo de especialistas es sobre cómo se realiza esa tarea, aspecto tedioso y poco atractivo. Si bien sigue siendo una tarea compleja abordar el tema con una mirada desapasionada, precisamente porque las estadísticas públicas son parte importante de un debate magnificado de la puja política, resulta ilustrativo conocer de qué se trata el IPCNu. Este nuevo indicador mide la evolución de los precios al consumidor de un conjunto de bienes y servicios representativo del gasto de consumo final de los hogares residentes en localidades de más de 5000 habitantes de todo el país. Para su elaboración, el Indec recopila aproximadamente 230.000 precios por mes en las ciudades capitales y un conjunto de localidades del interior del país pertenecientes a 40 aglomerados urbanos.

Como se mencionó al comienzo, su recorrido con la cifra de cada mes definirá la suerte de ese indicador, es decir si mide bien el fenómeno económico de las variaciones de precios. Mientras, debe conocerse cómo se elabora el IPCNu para no caer en la trampa de comparaciones equivocadas con índices privados que tienen un alcance muy limitado en lo geográfico, puntos de relevamientos y cantidad de bienes encuestados.

El Indice de Precios al Consumidor Nacional urbano es el primero que mide todo el país. El Indec dispone de información de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que luego agrupa a nivel regional en seis áreas geográficas: Metropolitana (42 partidos de la provincia de Buenos Aires incluyendo los aglomerados del Gran La Plata y Zárate-Campana), que concentra el 46,2 por ciento del gasto total de los hogares urbanos del país, Pampeana, Noroeste Argentino (NOA), Noreste Argentino (NEA), Cuyo y Patagónica. De este modo, el IPCNu se construye mediante un promedio aritmético ponderado de índices regionales. Para cada región se confeccionó una canasta integrada por 520 precios de variedades de bienes y servicios. Estos tienen una ponderación estimada en la cesta de consumo a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/13.

Esta encuesta facilita la comprensión de los cambios de las pautas de consumo de la población, base para definir la canasta de bienes y servicios cuyos precios determinan la variación mensual del índice. Hubo modificaciones respecto de la encuesta de gastos de los hogares 2004-2005. Los principales se observan en la preponderancia en Salud y Transporte y comunicaciones en el gasto total. En el primer caso, disminuyó 2,2 puntos porcentuales y, en el segundo, aumentó 3,3 puntos porcentuales por la expansión de la telefonía celular y del servicio de Internet de las últimas décadas.

El último Informe Macroeconómico y de Política Monetaria del Banco Central destina un apartado especial para analizar el IPCNu, destacando que a partir de la información difundida por el Indec en relación con las estructuras de gastos de los hogares urbanos por rubros a nivel regional, se pueden detectar ciertos patrones diferenciales de consumo. Considerando a los tres rubros más relevantes a nivel nacional, el documento del Central menciona que el rubro Alimentos reviste mayor importancia en la estructura de gastos de los hogares del norte del país, mientras que tiene la menor ponderación en la región Patagónica. “Este comportamiento resultó similar al capturado en las dos anteriores encuestas”, aclara. Indica que la ponderación del gasto en Propiedades, combustibles, agua y electricidad disminuyó a nivel nacional respecto de las encuestas anteriores. Esto lo explica en la evolución de las tarifas de los servicios públicos, que se incrementaron en menor medida que el promedio de los precios de la economía. A nivel regional, mientras que en la Encuesta Nacional de Hogares ‘96/’97 la mayor participación de ese gasto correspondía al Gran Buenos Aires, en la actualidad el peso relativo de las provincias es superior. Particularmente, en el sur del país los gastos en este rubro resultan más importantes que en el resto de las regiones. Lo mismo sucede en Transporte y comunicaciones. Es una consecuencia de la política de subsidios a servicios públicos de los últimos diez años que benefició al área metropolitana, población sometida a un estado de hipnosis por economistas conservadores, que les produjo el extraño comportamiento de demandar la eliminación de subsidios porque aumenta el gasto público. Ya tendrán la oportunidad de quejarse con ganas cuando el choque de las palmas de las manos en sus bolsillos los despierte.

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