La Caja de Valores está en rebeldía, desobedeciendo un DNU, que tiene rango de ley. Las AFJP la amenazan con denunciarla ante la Justicia, y paralelamente intiman al Banco Central, del que Hacienda pretende llevarse más de $ 600 millones, que, según las Administradores, pertenecen a los fondos jubilatorios de sus afiliados. Algunos abogados buscan entre éstos a los que estén dispuestos a denunciar a cualquier AFJP que se someta a los deseos del Ministerio de Economía, deseos a los que el Gobierno dio fuerza legal, y permita que las acreencias que los asociados detentan contra el Estado entren en la renegociación de la deuda externa, exponiéndolos así a una probable y drástica quita. Roberto Lavagna, ante la insubordinación de la Caja de Valores –entidad privada cuyos socios mayoritarios son la Bolsa y el Mercado de Valores–, debe avanzar, intimándola a acatar el decreto 530, publicado el pasado jueves 7, o recular y reformarlo, absorbiendo una derrota política.
Mientras que Lavagna presentó el litigio como un conflicto con las impopulares AFJP, éstas activaron su poder de lobby y su ascendiente sobre diversos medios de prensa –en especial los diarios económicos– para atacar virulentamente al Gobierno. Pero la verdad de este contencioso está en alguna otra parte, aunque no es fácil determinar quién tiene razón. El hecho es que resulta incierta la suerte que correrán los ahorros previsionales de 9,3 millones de afiliados, si bien sólo uno de cada tres está aportando efectivamente. Pero incluso 3,1 millones de cotizantes son un número considerable, capaz de generar una tormenta política que puede azotar los tejados de Economía.
Este ministerio les bajó la bandera a las AFJP, ordenándole a la Caja de Valores devolverles los bonos públicos en dólares que hace dos años les fueron canjeados –se supone que “voluntariamente”– por los Préstamos Garantizados. Estos estaban también dolarizados, pero rendían aproximadamente la mitad, aunque en compensación el Estado prendaba parte de la recaudación impositiva como respaldo (de allí lo de “garantizados”). La delirante operación, en la que se empeñaban recursos de los que depende el funcionamiento del Estado, la comandaron Domingo Cavallo y Daniel Marx, según el libreto de Horacio Tomás Liendo (h). Este publica ahora diatribas contra el equipo económico en defensa del sistema jubilatorio privado, al que él, Cavallo y Marx empapelaron con títulos irremediablemente destinados al default.
Lo que cambia para los aportantes (trabajadores o autónomos inscriptos en las AFJP) es que dejan de ser acreedores privilegiados, titulares de bonos que Hacienda nunca dejó de servir, para verse arrejuntados con los bonistas defolteados, sean éstos italianos, alemanes o japoneses. Esta es una muy mala noticia para los aspirantes a jubilarse algún día, pero buena para los acreedores externos porque cuantos menos acreedores preferenciales haya, más será el dinero a repartir entre los dueños de los títulos cuya renegociación se está iniciando. Desde este punto de visa, si pelearse con las AFJP es políticamente correcto, perjudicar a los dueños de los fondos de capitalización, que son simples trabajadores activos, es lo más incorrecto que pueda imaginarse.
Las Administradoras no han desaprovechado esta ocasión de aparecer batiéndose en defensa de sus asociados, aunque desde 1994 se dedicaron a desplumarlos con comisiones desproporcionadas, que desviaron hacia sus bolsillos más de un tercio del dinero aportado. Pero es cierto que la reciente decisión de Economía no perjudica a las AFJP sino a los fondos que administran y que pertenecen a los afiliados. Fuera de esta batalla quedó la AFJP Nación, porque después de la devaluación aceptó la pesificación de los Préstamos Garantizados, y en parte otras Administradoras, en particular Orígenes, que se avinieron parcialmente.
A las remisas, el Tesoro dejó de pagarles la renta y el CER de los PG, pasando a depositarla en una cuenta especial abierta en el BCRA, cuyo saldo quiere ahora recuperar. Esto equivaldría a quitarle unos 67 pesos enpromedio a cada inscripto, o $ 200 si el cálculo se efectúa en base a los aportantes. Estos se encontrarían de nuevo con los títulos originales, que permanecieron depositados en la Caja de Valores como garantía subyacente frente a un eventual incumplimiento del Estado. Economía tuvo al menos el tacto de autorizar a las AFJP a asignarles a los bonos un valor contable similar al de los PG, bien diferente de su magro valor de mercado. De lo contrario, los afiliados se hubiesen hallado con una pérdida patrimonial de 35 por ciento, aunque es preciso reconocer que todo consiste en una monumental ficción.
En 2001, con tres quintas partes de la cartera integrada por títulos públicos en dólares que rendían 13 ó más por ciento anual, los adherentes al sistema jubilatorio privado merecían la envidia de todo inversor. Pero, lamentablemente, ningún Estado, y el argentino tampoco, puede pagar semejante renta sin fundirse. Tampoco era justo que lo hiciese a costa de los contribuyentes. Por tanto, hablar de “confiscación”, como hace Liendo, es absurdo. Más aún porque, en buena medida, la insolvencia en que se hallaba el fisco, y que se realimentaba con la promesa de mayores rendimientos para poder refinanciar su agobiante deuda, era fruto de la reforma previsional de 1994. Esta desfinanció bruscamente al Estado. El dinero que pasaron a prestarle las AFJP, comprando sus bonos, era el mismo que antes recaudaba sin costo la Seguridad Social.
La pugna por los PG es apenas el trasunto de un fracaso. Más allá de cómo se resuelva, no podrá evitarse un replanteo general del sistema, que hasta ahora sólo sirvió a los intereses de los grandes conglomerados financieros porque les asegura el manejo del grueso del ahorro nacional.