El gasto público argentino se encuentra 1,5 punto por debajo del promedio de la segunda mitad de los ‘90. El actual nivel de 17,5 por ciento del PIB resulta bastante inferior al de otros países de la región, como Chile, donde llega al 21,5 por ciento, o Brasil, donde ronda el 20 por ciento. Además, las cifras del primer semestre del 2003 muestran una caída, en términos reales, del 3 por ciento con respecto a igual período del año anterior, poda que en el marco de una mejora en la recaudación resulta aun más “loable”. Las cifras fueron reseñadas por la consultora Ecolatina en su último informe semanal. El contexto es el de la discusión con el FMI, organismo que no logra abandonar el tic nervioso de demandar recortes cualquiera sea la circunstancia.
Aunque desde el neoliberalismo más rancio se lo tilde de “heterodoxo”, Roberto Lavagna ostentará el privilegio de ser el primer ministro de Economía en sobrecumplir un acuerdo con el FMI. Por supuesto, Ecolatina nada dice de este logro, silencio que probablemente responda a la voluntad de no incomodar a su socio fundador, el actual titular del Palacio de Hacienda.
Pero más allá del record conseguido por Lavagna y de los reclamos seriales de los economistas de siempre, la baja “estructural” del gasto público local resulta evidente. Existen dos comparaciones clave. Una es la ya señalada, y más tradicional, de medir los gastos contra el año anterior. Lo raro es que algunos economistas cercanos a las demandas del FMI optaran por tomar el gasto a sus valores corrientes. Y esto a pesar de tratarse de un período con notables distorsiones inflacionarias. Durante el primer semestre, el aumento nominal del gasto fue del 30 por ciento. Pero si, como resulta lógico, se descuenta la inflación, la suba se transmuta en una baja del 3 por ciento (cifra que surge de deflactar por precios combinados, 50 por ciento por precios minoristas y 50 por mayoristas). Esto significa que el sector público argentino realizó, desde la implosión de la convertibilidad, un recorte del 33 por ciento (30 en el 2002), uno de los ajustes del gasto público más espectaculares de los que haya registro en la historia económica (para un plazo tan corto y sin la mediación de guerras o catástrofes naturales).
La segunda comparación es que mientras el gasto nominal creció en la primera mitad del año el 30 por ciento, los ingresos totales lo hicieron en un 57 por ciento. Esto es, la recaudación aumentó prácticamente el doble que el gasto. En consecuencia, en los primeros seis meses se obtuvo un superávit primario de 4931 millones de pesos. Si se restan los pagos de intereses de deuda efectivamente realizados, 3500 millones, aun se mantiene un excedente de más de 1400 millones. Dada la evolución que registra la recaudación, el superávit primario del estado nacional será superior al 2,1 por ciento pactado en el acuerdo vigente con el FMI para todo el año. Hay que reconocer que existe cierta mezquindad en la ortodoxia al no reconocerle a Lavagna la magnitud de su logro. Los números concretos del primer semestre muestran que frente a los 4500 millones de superávit comprometidos con el Fondo se obtuvieron 4931 millones, es decir, 431 millones de más.
En línea con el discurso gubernamental, Ecolatina destaca que estos números se consiguieron a pesar de haber mantenido los planes asistenciales, recompuesto el salario público mediante la devolución del 13 por ciento y con la “disminución de la deuda flotante del Tesoro” anterior a la devaluación, “medidas que forman parte de la política económica”. Nótese que en estos destinos del gasto poco hay que pueda ser considerado un rol activo del Estado en la dinamización de la actividad económica. Antes bien, se trata de estrictos criterios de caja.
En este contexto, el pretendido superávit del 4 por ciento demandado por el FMI parece responder antes que nada a un tic nervioso, donde la lucha por el excedente a destinar al pago de deuda se encuentra varios escalonespor encima de la también reclamada “sustentabilidad” del programa económico.