Sobre el total del haber que recibiría hoy un aportante de ingresos medios al régimen de jubilación privada, una AFJP sólo debería pagar un porcentaje mínimo de la remuneración, alrededor del 10 por ciento, mientras que sería el Estado quien debería asumir el 90 por ciento restante. El dato surge de una investigación del Instituto para el Modelo Argentino (IMA) y es sumamente relevante en el actual contexto, cuando las administradoras utilizan como instrumento de presión los pagos que recibirán sus afiliados cautivos. El objetivo es preservar los privilegios de un sistema perverso que continúa filtrando el 35 por ciento de los aportes de los afiliados y desfinanciando la seguridad social.
Las AFJP que no aceptaron la pesificación de los préstamos garantizados que tenían en cartera están furiosas. La razón es que el Estado les devolvió los bonos que los préstamos vinieron a reemplazar. Aunque en su momento se quejaron pour la galerie de que dichos préstamos tenían un rendimiento menor (aunque obviamente mayor a cualquier media internacional), lo cierto es que con el canje habían conseguido escapar al inminente default. Así, el “castigo” del Poder Ejecutivo de restituirles los papeles originales dio marcha atrás al salvataje ideado por Domingo Cavallo tras el fracaso del ruinoso megacanje de julio de 2001. El balde de agua fría puso rápidamente en movimiento el aceitado lobby de las administradoras. Y como no es de buen tono hablar de los propios intereses, allí estaban a mano, como prenda de negociación, los futuros jubilados del régimen.
El argumento temerario esgrimido por las AFJP fue que el nuevo canje ponía “en riesgo” los haberes futuros de sus afiliados cautivos. Sin embargo, un detallado análisis del Instituto para el Modelo Argentino (IMA), realizado por el especialista en Derecho de la Seguridad Social José Luis Di Lorenzo mostró, a través de un estudio de casos, cuál sería la parte de esos futuros haberes que efectivamente se encontraría en riesgo.
Si se observa, a modo de ejemplo, a cuánto ascendería hoy la jubilación de un varón nacido en 1938 que acredite la totalidad de los aportes efectivos, tomando para la estimación un ingreso al inicio de su carrera laboral de 200 pesos y de 750 al momento de jubilarse, el resultado sería que, si estuviese afiliado al sistema de reparto, obtendría un haber de 501,37 pesos. Si en cambio hubiese aportado al sistema privado, contaría con 499,58 pesos. Pero en este último caso, el dato más significativo no es la pequeña pérdida de ingresos, sino que sólo el 8 por ciento de este haber sería pagado por la AFJP, mientras que el Estado debería hacerse cargo del 92 por ciento restante.
Esto se debe a que las AFJP sólo tienen la obligación de pagar la llamada jubilación ordinaria, mientras que el sector público conserva la responsabilidad de pagar la Prestación Básica Universal y la Prestación Compensatoria. En el ejemplo, de los 499,58 pesos de jubilación, la AFJP debería pagar 39,24 pesos y el Estado 460,34. La investigación del IMA destaca que, “lo que en principio aparece como ‘en riesgo’ es un monto de aproximadamente el 10 por ciento del haber jubilatorio”.
El trabajo señala además que desde la entrada en vigencia del nuevo régimen, el individuo en cuestión habría acumulado un capital de 5.414,27 pesos y pagado, en concepto de comisión, 1.895,65 pesos. En cambio, si su aporte se hubiese depositado simplemente en una caja de ahorro contaría con 6.251,10 pesos. Esto significa que el sistema no sólo es ineficiente, sino carísimo. Su costo asciende a cerca del 35 por ciento contra apenas el 1,3 por ciento del sistema público.
En cuanto a la relación activos pasivos, una de las justificaciones de la reforma, se tiene que a la fecha existen en el sistema privado 97 aportantes por cada pasivo y en el público menos de 1. Si se considera quesólo aportan el 30 por ciento de los afiliados, entonces la relación baja a 32 a 1 (capitalización) y a 0,25 a 1 (reparto).
Mientras en el Senado continúa durmiendo la media sanción de Diputados que simplemente habilitó la libre opción para regresar al reparto, cada vez queda más claro, como concluye el trabajo del IMA, “que el sistema de capitalización, intrínsecamente perverso, lo único que ha garantizado es el elevadísimo nivel de ganancia vía comisiones y seguros, ya que por no tratarse de un sistema de seguridad social, la única prestación que asume hoy es aproximadamente de un 10 por ciento del haber total”, resultado que depende de la inversión de dichos fondos. Además, producto del desempleo y el trabajo en negro, a la fecha el 35 por ciento de los afiliados no podrán acceder a los beneficios a cargo del Estado, ya que no podrían acreditar los 30 años de aportes efectivos al sistema. Según el Banco Mundial, en los próximos años este porcentaje superará el 50 por ciento de los afiliados.