A pesar del default, el Gobierno deberá separar el próximo año unos 8200 millones de pesos para el pago de la deuda. La aparente contradicción se explica en que la cesación de pagos no es total: un grupo de acreedores, compuesto esencialmente por el FMI, el Banco Mundial y el BID, los poseedores de títulos públicos emitidos tras la devaluación y quienes aceptaron las nuevas reglas de los préstamos garantizados siguen cobrando. El Estado acumula obligaciones con todos ellos por unos 70 mil millones de dólares, mientras que otros 100 mil millones quedaron en la red de la reestructuración.
Un análisis sobre los vencimientos que se continúan afrontando refuerza la importancia de conseguir un buen acuerdo con los acreedores a los que se les dejó de pagar. En 2005, por ejemplo, se necesitarán unos 4800 millones de dólares para cumplir con el primer grupo, 2100 millones más que el año que viene. La cifra es lo suficientemente alta como para suponer que se cubrirá con niveles crecientes de superávit fiscal. Para no repetir el default, el Gobierno necesitaría volver al mercado con colocaciones de títulos públicos. La otra opción sería obtener ayuda de los organismos, pero Roberto Lavagna ya dijo que el acuerdo que se negocia con el FMI no contempla la posibilidad de nuevos desembolsos.
Todo lo que se busca en el convenio con el Fondo es que los organismos multilaterales posterguen vencimientos de capital por los próximos tres años. Pero los intereses se seguirán saldando. En 2004, Argentina girará a Washington 810 millones de dólares por ese concepto. “Para poder emitir bonos nuevamente, el Gobierno necesita acordar con el FMI y cerrar la reestructuración de la deuda”, apuntó el consultor Miguel Kiguel, ex secretario de Financiamiento de Roque Fernández.
El monto definitivo de lo que se pagará de 2004 en adelante aún no es preciso. Pero entre la información oficial disponible y la estimación de consultoras y bancos de inversión se llega a un número tentativo de 2719 millones de dólares. Ello contempla los intereses de los organismos, el 50 por ciento de los préstamos garantizados (la otra mitad, en manos de las AFJP, entró en la reestructuración de la deuda porque las administradoras rechazaron la pesificación), la cancelación de las series 2005, 2007, 2008 y 2012 de los Boden (que se emitieron para saldar deudas con empleados públicos y con ahorristas que quedaron en el corralito, y para compensar a los bancos que tenían deudas en dólares en el exterior), y una estimación de bonos por emitirse para cubrir deuda de las provincias, un bono en favor de los bancos públicos por su deuda en dólares con el exterior, otro título por la compensación a los bancos por los amparos y una serie de Boden 2013. El mismo esquema, para el año siguiente, arroja 4803 millones de dólares.
El cálculo del Ministerio de Economía está hecho con un tipo de cambio de 3 pesos por dólar. La conversión arroja, para 2004, una erogación de 8157 millones de pesos. El Gobierno se propone llegar a un superávit primario equivalente a 3 puntos del PIB, que el Palacio de Hacienda proyecta en 420.000 millones de pesos. Por tanto, el superávit sería de 12.600 millones de pesos. El problema, como se mencionó más arriba, comienza en 2005, cuando el superávit primario debería crecer todavía más para afrontar los mismos compromisos. Y si a eso se agregan pagos de la deuda ahora en default, la perspectiva vuelve a ser complicada. El Gobierno sabe que deberá conseguir años de gracia en la reestructuración de la deuda si no quiere que el peso de los vencimientos lo acorrale como le ocurrió al gobierno de la Alianza.