Hace algo más de dos años, diversos analistas pronosticaron que la por entonces reciente ruptura de la alianza entre los gremios referenciados con Hugo Moyano y el gobierno nacional tendría un fuerte impacto sobre los niveles de conflictividad laboral. Su afirmación se sostenía en el hecho de que el Ejecutivo ya no podría valerse de la relación con un líder sindical dotado (al menos en el momento en que se consumó la ruptura) de una alta capacidad para conducir al movimiento obrero y administrar la conflictividad de acuerdo con las negociaciones, intercambios y compromisos que esa relación producía. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos posteriores no ha confirmado estas suposiciones.

De acuerdo con la información relevada por el Ministerio de Trabajo, se verifica que los principales patrones de comportamiento de la conflictividad laboral no se han modificado. Así, el principal escenario de conflictos siguió siendo el sector público (que concentró dos tercios de casos, dos tercios de los huelguistas y el 85 por ciento de las jornadas individuales no trabajadas); y, en particular, fueron los estados provinciales y municipales los que continuaron concentrando los niveles más altos de conflictividad. Por su parte, en el sector privado, la mayor parte de hechos continuó desarrollándose en un único lugar de trabajo, y aquellos que tuvieron como protagonistas a toda una rama de actividad siguieron concentrando la mayor cantidad de huelguistas y de jornadas de paro.

Ahora bien, durante los últimos años sí se incrementó la cantidad total de conflictos laborales en relación con los períodos anteriores (aunque no así la cantidad de huelguistas y de jornadas de paro, cuyos valores fueron similares o incluso inferiores a los registrados previamente). Pero ese incremento difícilmente pueda ser atribuido a la ruptura de la alianza entre Moyano y el gobierno nacional, considerando los sectores y el tipo de reclamos que lo impulsaron.

El aumento en la cantidad de conflictos se explica, en primer lugar, por un incremento en los que se desarrollaron en el sector público y, fundamentalmente, en los municipios, que son ámbitos cuya dinámica de conflictividad difícilmente responda a la ruptura de la alianza que referimos. En segundo lugar, el incremento se explica por un crecimiento en los conflictos que tuvieron lugar en los lugares de trabajo del sector privado, pero el hecho de que tal situación responda a una tendencia de incremento verificada desde 2006 a la fecha también induciría a pensar que el impacto de la ruptura sobre ella ha sido moderado.

Por su parte, el crecimiento de la conflictividad en el sector transporte fue significativo (tras la ruptura, el promedio de conflictos anuales creció un 54,7 por ciento; el de huelguistas, un 142,7 por ciento; y el de jornadas no trabajadas, un 131,5 por ciento), pero ello no explica el incremento de la conflictividad total, dado que el peso de este sector en él no es especialmente relevante.

Por último, la denunciada contención de los aumentos salariales mediante un “techo” que el gobierno nacional habría impuesto a los valores definidos en las paritarias (que es uno de los principales reclamos de los gremios moyanistas) parece no haber impulsado los niveles de conflictividad. La disminución de los conflictos motivados por demandas salariales tras la ruptura referida, y la relativa independencia con la que evolucionaron los conflictos y el salario real durante los últimos años, sostienen esta afirmación.

En conclusión, la ruptura de la alianza entre Moyano y el gobierno nacional produjo algunos conflictos resonantes, que se convirtieron rápidamente en hechos políticos. Sin embargo, considerando los sectores que protagonizaron los conflictos y sus principales reclamos, dicha ruptura no ha tenido un impacto significativo sobre la conflictividad laboral, tal como había sido vaticinado en el momento en que se consumó.

Coordinador del Celab. Centro de Estudios Laborales.
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