ECONOMíA
Discuten el fin del CVS y bancarizar los créditos entre particulares
A cambio de su apoyo a los cambios en la Carta Orgánica del BCRA y la Ley de Entidades Financieras, diputados de la UCR reclaman anticipar el fin del CVS y el “blanqueo” de los créditos por escribanía.
› Por David Cufré
El Gobierno deberá esperar al menos una semana más para obtener las leyes que le reclama el Fondo Monetario. El justicialismo no pudo juntar ayer el número de diputados suficiente para imponer su voluntad, lo que derivó en una negociación con el radicalismo para la sesión del próximo miércoles. Según los términos de la negociación, los radicales ayudan a sancionar las leyes que modifican la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Entidades Financieras y, a cambio, la eliminación del CVS será a partir del 31 de diciembre, en lugar de a fines de marzo como pretende Roberto Lavagna. El ministro de Economía tendrá que ceder en algo, porque parece difícil que pueda ganar en los dos frentes.
La sesión de ayer se levantó porque el peronismo reunió apenas unos 80 diputados, sobre un bloque de 116, y el radicalismo rehusó dar quórum. En rigor, el oficialismo también desistió de seguir intentando porque corría riesgos ciertos de perder la votación. Para la próxima semana, la conducción del bloque se obligó a conseguir sí o sí la aprobación de las leyes, que Lavagna consideró indispensables para obtener el acuerdo con el FMI.
Una interpretación inevitable respecto de la ausencia de tantos diputados del PJ fue que se trasladó al Congreso la pelea entre Néstor Kirchner y Daniel Scioli. La versión fue desmentida de manera contundente por distintos voceros del bloque. Varios legisladores están de campaña en sus provincias y eso justifica su inasistencia, dijeron a modo de explicación. “El duhaldismo estuvo presente”, agregaron las fuentes, aunque reconocieron que tres legisladores de ese sector, allegados al vicepresidente, faltaron de manera imprevista. Ellos son Jorge Villaverde, Daniel Basile y Jorge Casanova.
Para la semana que viene comenzó una negociación entre el PJ y la UCR que podría derivar en la anulación del CVS a fin de año. Así lo reclaman los radicales. El peronismo los apoyaría a cambio de que ellos ayuden a aprobar las leyes que pidió Lavagna. El problema es que el ministro también reclamó que el CVS siga hasta fines de marzo. Pero si la relación de fuerzas sigue como ayer, el jefe de Economía seguramente tendrá que resignarse.
Los diputados radicales iban a votar en contra de las leyes que reforman la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Entidades Financieras. Y todavía es incierto si aceptarán el convenio que les propone el PJ. En cuanto a la primera de esas iniciativas, consideran que todavía existe la concesión de inmunidad judicial al directorio del Banco Central, a pesar de los retoques que se le hicieron al proyecto en el Senado. También evalúan que es poco clara la redacción del artículo que aumenta el monto de adelantos transitorios que puede dar el Banco Central al Tesoro nacional para el pago de vencimientos con organismos internacionales. El cuestionamiento es que podría haber una emisión “sin límites” para ese fin, a lo cual se oponen.
En el Central niegan esa imputación. Una alta fuente de esa entidad comentó a Página/12 que “una vez que se cubre el stock de 12 por ciento de la base monetaria y 10 por ciento de la recaudación, el Tesoro no puede recibir más asistencia del Central, hasta que el Tesoro devuelva el dinero”. El radicalismo no está convencido.
Un tercer punto que objetaron los diputados de la UCR es que la ley permite al Central entregar redescuentos a los bancos a pesar de que presenten problemas de solvencia patrimonial. Si el proyecto sufriera modificaciones debería volver al Senado, adonde ya obtuvo media sanción, y eso complicaría al Gobierno en su relación con el FMI. Además, Lavagna advirtió que necesita la sanción de la ley por si se retrasa el acuerdo con el organismo y se decide afrontar el vencimiento del 9 de septiembre por 3200 millones de dólares.
La única coincidencia entre oficialismo y oposición ayer fue la decisión de impulsar una ley que bancariza el pago de créditos entre particulares. Los deudores deberían pagar capital e intereses en una cuenta en un banco del sistema, y las escribanías u otro tipo de acreedores privados cobrarían allí. La intención es “blanquear” esas operaciones.