Para atenuar las expectativas que generó una reunión informal del Directorio del Fondo Monetario para tratar el caso argentino, el vocero del organismo, Thomas Dawson, salió a difundir un previsible mensaje protocolar en favor de un acuerdo. “El proceso de negociación está continuando al ritmo que estaba previsto inicialmente, en términos de los plazos y las discusiones que se llevan a cabo”, afirmó. Y se negó a especular sobre qué ocurriría en caso de no llegarse a un entendimiento antes del 9 de septiembre, cuando el Gobierno debe hacer frente a vencimientos improrrogables con los organismos internacionales por más de 3000 millones de dólares. “Nuestro objetivo es lograr un programa, sería prematuro, y no particularmente productivo, especular sobre lo que pasaría en caso de no lograrlo”, manifestó. Dawson tampoco desaprovechó la oportunidad para reclamar por la suba de las tarifas de servicios públicos.
“Hemos indicado que la necesidad para un marco predecible y comprensible para un ajuste de las tarifas públicas es un elemento necesario para restaurar la confianza empresarial”, recordó el vocero, dejando en claro que es una de las exigencias que la administración K todavía no cumplió. “No es el único elemento, pero ciertamente es un factor clave, ya que el país necesita un Estado de derecho claro, predecible”, sostuvo.
En la madrugada del jueves, el Senado dio media sanción al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos con las empresas privatizadas y a modificar las tarifas (ver página 18). Sin embargo, la cuestión sigue generando fuerte controversia en el seno mismo del Gobierno.
Pese a que Argentina cuenta con el respaldo político de la administración Bush en el Directorio, los burócratas del Fondo siguen presionando, además, para que el gobierno de Kirchner tolere metas de ajuste fiscal creciente a partir del año próximo. En concreto, le plantearon a Lavagna que no cerrarán trato por tres años si no existe el compromiso de alcanzar un superávit fiscal, antes del pago de intereses, de 3,5 por ciento del PBI en el 2004, y arriba del 4 por ciento del producto para los dos años subsiguientes. Los economistas del staff, que responden a Anne Krueger, saben que a partir de 2005 empiezan a vencer las cuotas de capital de los Boden entregados a bancos y ahorristas, y temen que Argentina caiga nuevamente en default si no garantiza los pagos a los acreedores con más superávit fiscal.
Pero, el propio presidente Kirchner dijo públicamente que son inaceptables metas de superávit superiores al 3 por ciento del PBI, porque ello significaría resignar gastos sociales imprescindibles. Este año, la pauta acordada con el Fondo es del 2,5 por ciento, algo más de 9000 millones de pesos. Cada punto del producto equivalen a unos 4000 mil millones de pesos. Para tener un rango de magnitud, esa cifra equivale a los recursos fiscales necesarios para financiar más de 2 millones de planes Jefes de Hogar durante un año.
El calendario de la negociación prevé que entre el 1º y 2 de septiembre el Directorio del Fondo reciba la última versión del borrador de la Carta de Intención, y que en una reunión del mismo 9 de septiembre se ponga formalmente a consideración la firma del acuerdo.
–¿Qué sucede si no se llega a un acuerdo antes del 9 de septiembre?, le preguntó un periodista a Dawson, en conferencia de prensa. Ese día, vencen 3150 millones de dólares con el FMI y el Banco Mundial. Sin acuerdo, no hay refinanciación posible y, teóricamente, si el Gobierno no pagara, entonces caería en default también con los organismos internacionales.
–Esa es una pregunta hipotética. Nuestro objetivo es lograr un programa, un acuerdo, y en eso es en lo que estamos trabajando, y sería prematuro, y no particularmente productivo especular sobre lo que pasaría --respondió el funcionario.