El Banco Nación deberá pagar el mes que viene otra cuota semestral, esta vez de unos 2,7 millones de euros en concepto de capital (intereses aparte), a la Banca Gottardo, de Lugano, Suiza (la primera de la larga serie, por 4,8 millones de dólares, se giró seis años atrás), con destino a la alemana Ultrafin AG, por el agujero que le dejó la operación Inducuer, un gigantesco y vidrioso proyecto de curtiduría –bendecido en 1989 nada menos que por la hoy extinguida Arthur Andersen– que el BNA avaló en los primeros años ‘90, durante las sucesivas gestiones de los presidentes Hugo Santilli y Aldo Dadone, recordados con particular aprecio en la institución. El caso, que fue revelado por Página/12 en noviembre de 1999, involucra pesadamente a Fernando de Santibañes, de estrecha relación personal, financiera y política con Fernando de la Rúa. Aquella amplia nota, publicada el 28 de noviembre de ese año, días antes de la asunción del gobierno de la Alianza, no impidió que De Santibañes ejerciera luego enorme influencia sobre el presidente como máximo asesor ni que fuera colocado por éste al frente de la SIDE. Es más: ¡la idea era que presidiese un Consejo Asesor e instalara su despacho en el edificio del Banco Nación!
Tampoco hubo un clamor en las filas aliancistas para cerrarle el paso a alguien sospechado de haber defraudado al Estado en decenas de millones, por lo que el posterior derrumbe de ese gobierno no debería de asombrar a nadie. Valga como apunte ilustrativo: fue un miembro del equipo del ministro de Economía, José Luis Machinea, quien dio la pista del affaire a este diario después de leer el 6 de ese mismo mes un primer artículo en el que se describía la manera cómo De Santibañes se había convertido de bancario en banquero, a fuerza de facilidades concedidas por el Banco Central y con la complicidad de los radicales en general y de la Coordinadora en particular.
De hecho, De la Rúa, Enrique Nosiglia y De Santibañes constituían un trío en operaciones. El aludido hombre de Machinea se dirigió al autor de la nota en estos términos: “Lo que escribiste es tal cual, pero se ve que te falta enterarte de algo”. “De qué?”, indagó el cronista. “Anotá un nombre: Inducuer, y averiguá. Más no voy a decirte”, remató. Descifrar ese enigma insumió las tres semanas que mediaron entre las dos notas. La ruina del Partido Radical tampoco puede entonces asombrar: se pudrió por dentro, a fuerza de corrupción, acomodo y complicidad.
En cierto sentido, los radicales tienen más suerte que los peronistas y sus aliados liberales, porque no van presos. En el caso Inducuer, la denuncia penal llegó a la Justicia en 1997, por decisión de Roque Maccarone al asumir la conducción del desvalijado BNA. Seis años después, no es mucho lo que se ha avanzado, mientras los sospechosos juegan al conocido juego de la prescripción: el día que estén reunidas las pruebas, su (por ahora presunto) delito habrá prescripto. Cuando el periodista intenta conocer las últimas novedades, lo que obtiene es una disposición judicial del 6 de noviembre de 2001.
En ella se dispuso que fuesen citados a prestar declaración indagatoria numerosas personas. Algunas de las siguientes, todas ellas ex directores del Nación, resultan familiares porque tuvieron mucha prensa gracias al Proyecto Centenario, aquel negociado informático urdido con la International Business Machines (IBM). Integran la lista el riverplatense Hugo César Santilli, Joaquín Antonio María Alonso (quien fue llevado por De Santibañes a la SIDE), Ricardo César Fabris, Hugo Gaggero (a quien Domingo Cavallo premió con la conducción de la DGI, donde se cocinaba otro escándalo mayor aún con la misma IBM), Genaro Contartese, César Manuel Ochoa, Mario Jorge Dadone, Aldo Antonio Dadone y Juan Bautista RigalButler. La nómina incluye también a Luis Arroyo, quien era subgerente del área internacional y fue separado de su puesto.
Ajenos al Nación, pero también citados, figuran Rodolfo “Rulito” Constantini, quien desde su frigorífico Huancayo-Rioplatense proveería 3000 cueros diarios, aunque no llegó a curtirse ninguno, y que además es quien adquiriera en sociedad con Citibank el Santa Elena, tras lo cual el BNA no pudo recuperar nada de lo que ese frigorífico entrerriano le debía; De Santibañes, que niega toda relación con el asunto; Guillermo Miguel Nano, individuo sin medios en cuyas manos dejó De Santibañes el proyecto, al menos en lo aparente; Angel David Gorodisch, socio de De Santibañes en el Banco de Crédito Argentino (vendido luego al Francés-BBVA) y en Ferdar, la compañía controlante de Inducuer; y el contador Carlos Adolfo de la Vega. Este y Nano asumieron Ferdar-Inducuer en noviembre de 1990, supliendo a De Santibañes-Gorodisch, en un remplazo que abogados del Nación consideraron fraguado. Posteriormente, la presidencia de Ferdar pasó a Chantal France Safra, quien había trabajado en el Crédito Argentino. Su marido, Mario Bissoni, también vinculado laboralmente al BCA, sería luego asesor de la SIDE en la era De Santibañes. Estos y otros datos reforzaron la presunción de que los nuevos responsables del proyecto carecían de solvencia, pero no de vínculos con el íntimo de De la Rúa.
“Ninguno de los gordos declaró todavía”, informa una fuente. Todos ellos atrancaron el trámite formulando pedidos de excepción, unos alegando la prescripción del aparente fraude, consumado formalmente a partir de enero de 1991, que es cuando el Nación otorga el primer aval a la operación. Otros pretenden la nulidad de todo lo actuado por presuntas fallas procesales. Arroyo asegura que en el sumario que le abrieron en el banco había errores. En realidad, la llamada a declaración indagatoria es un acto interruptivo, que detiene el taxímetro de la prescripción por hasta seis años.
Varias de las excepciones planteadas fueron resueltas adversamente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que ahora debe pronunciarse acerca de la interpuesta por Nano. Según el criterio de los camaristas, el plazo de prescripción no empezó a transcurrir mientras continuaron los perjuicios al banco oficial. Por eso toman como referencia el momento (fines de 1997) en que el BNA puso fin al engaño, llevando el caso a la Justicia, donde pasó por las manos de los jueces Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo. Recién entonces dejó de consumarse el ilícito.
Lo que consiguió recuperar el Nación es relativamente ínfimo, peor aún cuando se ha quedado con una deuda en euros. En el 2000 juntó 4,7 millones de pesos mediante la ejecución de las patéticas garantías reales, particularmente el inmueble de Monte Chingolo donde iba a funcionar la curtiembre y que supo albergar en tiempos a Siam Di Tella y Autolatina (Ford). Además, Ferdar pagó aquel mismo año su garantía solidaria por 11,9 millones de marcos. Un cálculo aproximado sugiere que el BNA recuperó el equivalente actual de sólo una de las 17 cuotas semestrales que está afrontando.
Dentro del Nación se saltaron todos los controles, haciéndose caso omiso del dictamen contrario de un abogado del banco (Carlos Luis Bosch, agosto de 1991) y de las averiguaciones realizadas por la sucursal París del BNA, que revelaban una sobrevaluación del 55 por ciento en el proyecto. El pretexto para obtener el compromiso del Nación fue pueril: la Banca Gottardo financiaría a la trading milanesa que se comprometía a exportar hacia Buenos Aires las dos plantas llave en mano previstas (había una segunda que fabricaría calzado) siempre que un “banco oficial argentino de primerísima línea” avalara la operación.
Una vez que el BNA estuvo embretado, los proveedores italianos empezaron a quebrar, bancarrota atribuida por Inducuer ¡a la caída del Muro deBerlín! Se inició entonces una fuite en avant, en la que el Nación fue redoblando su apuesta para salvar el proyecto, hasta que en 1997 le propusieron directamente que capitalizara sus acreencias. Es decir, que pasara de acreedor a socio del desastre, con el mismo esquema de un decreto firmado por Carlos Menem en 1994 a la medida de Emir Yoma (alguien cuya hipotética vinculación al asunto Inducuer flotaba como sospecha). Maccarone bloqueó esta última maniobra.
Ahora que la transversalidad política está de última moda, el caso de la abortada curtiduría merece especial reconocimiento. Para perpetrar la defraudación colaboraron radicales, justicialistas y mediterráneos sin fijarse en banderías partidarias. También aunaron afanes para arroparlo de impunidad. Y, hecho curioso, fue un banquero, un personaje de la patria financiera como Maccarone el que obró decentemente.