La fiscal Evangelina Santana, que tiene a su cargo la investigación del Grupo Etchevehere por el supuesto delito de defraudación, confirmó que la pesquisa judicial ya está en marcha, en la cual fueron realizadas una serie de medidas de prueba. La fiscalía les reclamó a los bancos que tuvieron operaciones comerciales con los demandados, entre ellos el Banco Itaú y el Banco de Entre Ríos (Bersa), que informen todos los movimientos existentes. La causa busca determinar si los demandados redireccionaron dinero de un préstamo millonario del Itaú otorgado a la empresa familiar Las Margaritas hacia otra compañía del mismo grupo, Construcciones del Paraná SA, algo que está prohibido por la Ley de Sociedades Comerciales y penado como defraudación en el Código Penal. La confirmación de la fiscal echó por tierra los dichos de Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural, quien negó ante la consulta de Página/12 conocer la existencia de una demanda penal que involucra a sus dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego; a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y al propio titular de la SRA.

“Estamos en la etapa de recolección de pruebas y estamos esperando las respuestas a esos pedidos”, manifestó Santana. La causa penal se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº3 de Entre Ríos, a cargo de Alejandro Diego Grippo. Esta parte de la investigación está centrada en la toma de un crédito por 1,066 millón de pesos proveniente del Itaú, que luego fue retirado a título personal por los demandados. Así consta en el Balance 2011, bajo el rótulo Cuenta Particular de Accionistas, donde el importe retirado coincide con el préstamo del Itaú.

La ley de sociedades establece que los dividendos “no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley”. Es decir, no contempla la toma de un crédito para realizar otros negocios particulares. El Código Penal lo califica de defraudación, entendida ésta como: “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos” (artículo 173, inciso 7).

La investigación de esta maniobra comenzó cuando el Grupo Etchevehere decidió vender parte de las acciones de El Diario de Paraná. En 2010, dos de los accionistas del matutino decidieron vender sus acciones y solamente quedó en la empresa Leonor Barbero Marcial, y con ella, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere aumentaron su participación accionaria del 33 al 40 por ciento del diario, mientras que el restante 60 por ciento fue vendido al financista santafesino Walter Grenón, dueño de la Red Mutual.

El diario tenía como capital una serie de inmuebles por más de 14 millones de pesos, que luego de la venta del periódico fueron “vendidos” a empresas pertenecientes al Grupo Etchevehere y Grenón. Es decir, se transfirieron a sí mismo una serie de propiedades. Una de las hipótesis que maneja la querella, según se desprende del expediente al que accedió Página/12, es que los demandados derivaron recursos de la empresa Las Margaritas hacia Construcciones del Paraná para concretar una transferencia encubierta.

Pero ésta no es la única historia que involucra a los Etchevehere. En 2009, la Cámara Penal de Paraná confirmó el procesamiento contra Juan Diego Etchevehere y Luis F. Etchevehere por el delito de usurpación. La causa fue impulsada por José Morcillo, que durante diez años arrendó un terreno de 65 hectáreas perteneciente a la ex estancia Los Quebrachos, hasta que fue expulsado por los demandados. El procesamiento fue realizado por el juez Carlos Trajtemberg.

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