ECONOMíA › OPINIóN
› Por Julio De Vido *
Desde el inicio de su gestión, el ex presidente Néstor Kirchner impulsó un modelo donde la soberanía, el desarrollo y la inclusión fueron sus ejes principales. Esto sin ninguna duda también tuvo su correlato en el sector de las telecomunicaciones que al igual que otros como la energía, había sufrido los embates de las políticas neoliberales: un fuerte proceso de privatización, la destrucción de capacidades nacionales y el acceso limitado para la población en términos geográficos y económicos.
Entre los hitos iniciales se destaca la recuperación del Correo Oficial de la República Argentina, que estaba en manos de una empresa privada en convocatoria de acreedores, que brindaba un servicio postal ineficiente y que pretendía que el Estado Nacional le reconociera como inversión las indemnizaciones pagadas a los seis mil trabajadores despedidos en la década del ’90.
En materia de telecomunicaciones, una de las primeras decisiones de Kirchner fue la recuperación del espectro radioeléctrico, concesionado a Thales Spectrum, que colocaba a nuestro país en el grupo –integrado por Gabón y Burkina Faso, por ejemplo– de aquellas naciones que habían renunciado a ejercer el control sobre este recurso tan limitado como estratégico.
Sin dudas, la medida más trascendente y que permitió gran parte de las acciones llevadas adelante para universalizar y federalizar el acceso a las comunicaciones fue la creación por ley de la empresa nacional y estatal Ar-Sat en 2006, luego de la huida de Nahuelsat, que dejó al país al borde de perder un activo tan relevante como las posiciones orbitales por no utilizarlas. Ar-Sat se convirtió en el principal instrumento para llevar adelante las políticas de telecomunicaciones.
A diferencia de lo que se había hecho en décadas anteriores con satélites alquilados, el ex presidente Kirchner tomó una decisión histórica: que esa posición orbital (la Nº 81) fuera ocupada por satélites diseñados y construidos en nuestro país, para lo que se logró que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) le concediera una extensión de plazos.
Hoy Ar-sat tiene un plan de tres satélites de telecomunicaciones, de los cuales el primero está terminado y próximo a lanzarse al espacio en septiembre desde la Guyana Francesa, el segundo tiene un avance del 50 por ciento, mientras que la construcción del tercero se iniciará muy pronto. Estos satélites brindarán servicios de telefonía, datos, Internet y televisión a toda la Argentina, desde la Antártida hasta toda América del Sur, evitando la dependencia de operadores internacionales.
Así, la Argentina es el único país de la región que construye satélites de telecomunicaciones que brindan este tipo de servicios, integrando el selecto grupo de países que desarrolla estos proyectos junto con Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, Francia e Italia. Un orgullo y un hito tecnológico incuestionable, que no puede atribuirse, como hizo en La Nación el periodista José Crettaz solamente a la “industria”, omitiendo cuidadosamente mencionar la decisión política del ex presidente Kirchner de llevarla a cabo.
Por otra parte, en agosto de 2009, con esa misma visión estratégica, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó la Televisión Digital Abierta (TDA), libre y gratuita, para fomentar la inclusión digital en todo el territorio nacional, adoptando de común acuerdo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la norma japonesa ISDB-T, por ser la única que permitía la transferencia de tecnología y la consecuente posibilidad de desarrollarla de manera autónoma.
Casi cinco años después, se encuentran funcionado 83 estaciones de TV Digital que otorgan cobertura al 85 por ciento de la población y se entregaron 1.400.000 decodificadores. Además, salvo alguna excepción, todos los países de la región adoptaron esa norma, lo que hizo posible exportaciones de torres, antenas y decodificadores nacionales a Venezuela por 200 millones de dólares.
En línea con esas políticas inclusivas, en octubre de 2010 se creó el plan Argentina Conectada para llevar fibra óptica y conectividad a todo el territorio nacional. De esa manera, a través de Ar-Sat, se tendieron 30 mil kilómetros de fibra óptica, incluyendo 80 kilómetros de cruce al Estrecho de Magallanes, que hacen posible que el servicio en 4G se brinde en todo el territorio nacional y que el Estado Nacional haya podido anunciar recientemente el concurso de las nuevas bandas de espacio radioeléctrico.
Esta Red de Fibra Optica constituida por 25.800 kilómetros troncales y 4200 intraprovinciales posibilitará que, por ejemplo, Formosa o Santiago del Estero puedan ser las primeras provincias en poner en marcha el 4G.
En este sentido, y en un claro acompañamiento estratégico federal al Plan Nacional de Telecomunicaciones, se han creado diez empresas provinciales de telecomunicaciones en Formosa, Chaco, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego, lo que nos da la magnitud de la importancia de dicho plan, que se completa con 171 Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC) en todo el país, espacios para acceder a Internet, juegos y capacitación.
El exponencial y explosivo crecimiento de la demanda en el sector durante los últimos diez años, en los que pasamos de un millón y medio de conexiones a Internet a 12,6 millones y los hogares con celular pasaron de 2,7 millones a 10,5, es producto del fenomenal proceso de inclusión social que vive la Argentina desde el año 2003 y de las inversiones por casi 18 mil millones de pesos que se llevaron adelante en telecomunicaciones.
Es por ello que tampoco es correcto lo que planteaba el periodista José Crettaz en el diario La Nación, o sus colegas de El Cronista, acerca de supuestos “retrasos” para licitar nuevas porciones de espectro. Lo que demoró la llegada del 4G y la expansión del 3G fue la integración monopólica de Telefónica y Telecom, además del calamitoso estado financiero de Nextel, que hubieran llevado a que entreguemos el espectro remanente a Claro. No permitimos esa extorsión entonces ni convalidaremos ninguna situación de abuso por parte de las compañías ahora.
El acceso a la conectividad debe considerarse un bien tan esencial como la energía o el agua. No puede concebirse una inclusión plena en la sociedad sin el acceso a las telecomunicaciones. Es por ello que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, continúa ejecutando políticas antimonopólicas y obras para garantizar el servicio en todas las regiones del país con espíritu inclusivo y federal.
* Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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