La Cámara de Diputados sesionará la próxima semana en busca de transformar en ley el proyecto del Gobierno de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral con el objetivo de combatir el trabajo en negro. Pero el oficialismo en la Cámara baja ya definió algunas de sus prioridades legislativas para el segundo semestre de 2014: convertir en ley la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial, darles media sanción a las reformas del Código Procesal Penal y al nuevo Código Penal, si el anteproyecto que elaboraron juristas de distintos partidos políticos y que ahora se discute en las universidades nacionales llega al Congreso antes de fin de año. También trabaja en línea con el Gobierno en la redacción de un proyecto que “proteja a los consumidores” y sancione a las compañías que no cumplan con los acuerdos comerciales pactados, como la adhesión al programa de Precios Cuidados. El kirchnerismo trabaja “paso a paso” en la Cámara de Diputados en busca de avanzar con los proyectos que impulsa el Gobierno en el Parlamento. El miércoles de la semana próxima volverá a convocar a una sesión especial para convertir en ley los proyectos contra la informalidad laboral que ya tienen media sanción del Senado.

La Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral implementa un régimen de exención impositiva para las pymes que blanqueen a sus trabajadores. La escala va del descuento del ciento por ciento de las contribuciones laborales durante el primer año por cada nuevo empleo que tomen, del 50 por ciento para las pymes con planteles de entre 18 y 80 trabajadores y del 25 para las que empleen más de 80 trabajadores en los dos primeros años. Pero también crea sanciones con pérdida de éste y otros beneficios a las empresas que violen el régimen al que se acogieron.

Pero el Frente para la Victoria ya empezó a definir sus prioridades legislativas para la Cámara baja para el segundo semestre del año. Los diputados trabajan en línea con el Ejecutivo en la elaboración de un proyecto que refuerce los derechos de los consumidores frente a las empresas. Consideran que el sistema de multas que les permiten las leyes de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial, que generalmente son apeladas y frenadas en el ámbito judicial, no alcanzan para sancionar a las compañías comerciales en sus incumplimientos y abusos.

El encuentro que mantuvo el secretario de Comercio, Augusto Costa, el martes con el bloque de diputados del Frente para la Victoria giró alrededor del papel de los legisladores en el territorio para fortalecer la extensión del programa de precios cuidados a los comercios de proximidad y la Red Comprar en municipios y pueblos del interior, pero el funcionario tampoco desechó iniciativas sobre sanciones a las compañías que no cumplan con los acuerdos. “No está mal un mayor sustento legal a la que puedan recurrir los consumidores” y la propia Secretaría, dijo Costa al salir de la reunión.

Códigos

Avanzar en el tratamiento legislativo de los códigos Civil, Penal y Procesal Penal es otro de los objetivos del oficialismo parlamentario para el segundo semestre del año, luego del Mundial de Fútbol y el receso parlamentario de invierno.

En Diputados se dispone a convertir en ley la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial, que ya tiene media sanción del Senado. Aunque dentro del oficialismo existen algunas divergencias sobre el texto que aprobó la Cámara alta, la mayoría considera que la ley no se puede demorar.

Uno de esos puntos es el establecimiento sobre la concepción de la vida que establece el nuevo Código, que no pocos atribuyen como una concesión a los planteos de la Iglesia Católica. “Es una discusión filosófica que se da en todo el mundo y en nuestro caso atraviesa a la mayoría de los bloques parlamentarios”, se justifican quienes en el oficialismo prefieren una postura más laica que la redactada en el artículo 19 del Código. Algunos de ellos también creen que se puede avanzar con otros proyectos que fortalezcan derechos, que no entren en contradicción con el nuevo Código, como los que establece la ley de fertilización asistida.

La Comisión de Legislación Penal avanza en la redacción de los 600 artículos que tendría el nuevo Código Procesal Penal, al tiempo que estableció audiencias públicas en una serie de ciudades (La Plata, Córdoba, Rosario y Ciudad de Buenos Aires) que culminarán en septiembre, además de analizar las distintas experiencias de juicios por jurado –que también se coló en la discusión– en Córdoba y Neuquén.

Hay consenso para avanzar en la implementación de un sistema “acusatorio puro” en manos de los fiscales, la oralidad de los procesos y ampliar la modalidad de juicios abreviados. El oficialismo aspira a llevarlo al recinto antes de fin de año, si sus pares del Senado –que también comenzó el debate sobre el CPP en paralelo– no se les adelantan.

El proceso del Código Penal parece más sinuoso. El anteproyecto que elaboraron juristas de un amplio abanico político fue cuestionado antes de que llegara al Congreso por el massismo, que privilegió su estrategia punitiva y arrastró a otros dirigentes opositores que tuvieron representantes partidarios en la redacción del texto.

La decisión política fue entonces que el mismo fuera analizado en el ámbito académico de las universidades nacionales en un periplo de noventa días, de donde podrían surgir sugerencias que el Ejecutivo evaluaría antes de cerrar el proyecto final.