La Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe y la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) imputaron como integrantes de una asociación ilícita a 49 operadores financieros que se apropiaron del dinero de al menos 408 ahorristas, concentrados fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a través de la sociedad Bolsafe Valores y la empresa BV Emprendimientos, con la aparente complicidad del Mercado de Valores del Litoral y el Banco de Galicia.

En la presentación realizada hace unos diez días ante el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe a cargo de Francisco Miño, se solicitó que se convocara a declaración indagatoria al empresario Mario Rossini, un conocido operador financiero titular de Bolsafe, que actualmente se encuentra detenido y procesado por ser considerado autor del delito de administración fraudulenta en una causa iniciada por los primeros damnificados, pero el listado también incluyó a otros 25 empleados, productores y directivos de Bolsafe y BV Emprendimientos, 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia.

La investigación se inició el 12 de diciembre de 2012 a partir de una denuncia penal del juez Diego Aldao, quien tramitaba el proceso concursal de la firma Tool Research y comprobó el faltante de títulos de deuda pública que, debiendo estar bajo custodia judicial en poder de Bolsafe Valores, habían sido liquidados en favor de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral, entidad ajena a la masa de acreedores. Debido a ese hecho, Rossini fue sometido a un proceso penal y en el marco de esa investigación se presentaron nuevos inversores perjudicados. Incluso la Comisión Nacional de Valores presentó una denuncia penal en el fuero federal por considerar que los hechos imputados no sólo afectaban derechos patrimoniales de ahorristas, sino que comprometían el orden público económico porque Rossini ejercía actividades que el organismo regulador denominó como de oferta pública irregular, hecho caratulado en el Código Penal como delito de intermediación bursátil no autorizada.

A su vez, entre abril y mayo del año pasado un grupo de damnificados se presentó ante la Procelac y formularon nuevas denuncias contra Rossini, lo que motivó la intervención del fiscal general Carlos Gonella y el fiscal ad hoc a cargo del área de Fraude Económico y Bancario, Pedro Biscay. Ambos funcionarios, junto con el fiscal Walter Rodríguez, sostuvieron en su reciente presentación que la estafa no ha sido resultado sólo del accionar de Rossini sino que, por el contrario, revela “la existencia de una planificación criminal orientada a defraudar el patrimonio de una inmensa e indeterminada cantidad de ahorristas, a partir de una mecánica continuada de captación de activos”, iniciada en 2003. Por ese motivo, es que reclaman la indagatoria de 49 operadores financieros, involucrando como parte del ilícito al Mercado de Valores del Litoral y al Banco de Galicia.

Entre los damnificados por las maniobras se encuentran desde pequeñas sociedades de fomento hasta víctimas del terrorismo de Estado o sus familiares, que canalizaron en Bolsafe los ahorros o los bonos recibidos en concepto de indemnizaciones con la promesa de Rossini de pagarles un rédito económico a través del “alquiler” de los títulos, operación bursátil prohibida en el mercado local. “Rossini mentía a sus clientes generando desconocimiento en las víctimas que ignoraban que las operaciones de alquiler de títulos ofrecidas por Bolsafe Valores S. A. estaban prohibidas por el mercado, y que BV Emprendimientos (antiguamente Bolsafe Valores Emprendimientos S. A.) no era una sociedad de bolsa autorizada, ni una sucursal, ni una agencia de aquélla, por lo que no se encontraba autorizada a administrar una cartera de clientes bursátiles, sino que tampoco conocían que a partir de la transferencia de sus valores a BV Emprendimientos perdían la titularidad de las especies que eran liquidadas en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil”, explicaron los fiscales en el requerimiento. Ahora, el juez federal Francisco Miño debe resolver si cita a los imputados.