El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de Amado Boudou de televisar en vivo y en directo su indagatoria en el caso Ciccone. Lo hizo en base a un artículo del Código Procesal Penal que dice que “el sumario siempre será secreto para los extraños” y que sólo “será público para las partes y sus defensores”. En la misma resolución dispuso adelantar las indagatorias de los demás imputados, de manera que quedarán concentradas la semana próxima, lo que precipitará definiciones en la causa ya que una vez que terminen el juez tendrá diez días (que no siempre se cumplen) para resolver la situación procesal de todos. Cerca del vicepresidente ratificaron que el lunes se presentará a las 11 en el juzgado, tal como fue citado.

Después de conseguir que Lijo admitiera adelantar su declaración, Boudou presentó un pedido para que sea transmitida por televisión. También le reclamó que resuelva cuanto antes el planteo de nulidad que sus abogados habían hecho respecto de la citación a indagatoria. Lijo dispuso ayer que no habilitará días y horas para anticipar una resolución sobre la nulidad en cuestión, para lo cual abrió un expediente aparte que analizará de manera independiente del resto de la causa.

El nuevo cronograma de indagatorias es así: después de la declaración de Boudou, para el martes 10 de junio está citado su socio y amigo José María Núñez Carmona; el miércoles 11 tendrá que presentarse Alejandro Vandenbroele, titular del fondo de inversión The Old Fund (que fue el que había posibilitado el rescate de la quiebra de Ciccone y que se quedó con el 70 por ciento); el jueves 12 les toca al ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Riesnik Brenner y a Guillermo Reinwick, socio de la imprenta, y el viernes 13 será indagado su suegro, Nicolás Tadeo Ciccone.

Boudou pidió declarar ante las cámaras de televisión por considerar que su “persona” y su “investidura” fueron “mancilladas al amparo de decisiones infundadas del magistrado y de los trascendidos periodísticos”. Por ende, planteó que para que nadie tergiverse nada de lo que pueda ocurrir durante su declaración lo mejor era convertirla en un acto totalmente transparente y que cualquiera pueda verla, escuchar las preguntas del juez y sus explicaciones ante las imputaciones que le haga. Lijo se basó en un artículo del Código Procesal que dice que las actuaciones en la etapa de instrucción son secretas. También argumentó que están en juego las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de defensa en juicio. Citó, por eso, los artículos 16 y 18, que dicen respectivamente que todos los ciudadanos “son iguales” y que “no hay fueros personales ni títulos de nobleza” –por lo tanto, sugiere, que todos deben tener el mismo trato judicial– y que es “inviolable” el derecho a defenderse en un juicio.

En el mundillo judicial no todo el mundo coincide con la conclusión de Lijo. El juez platense Carlos Rozanski, por ejemplo, dijo en Radio Nacional que “la indagatoria es un mecanismo de defensa” y “la posibilidad de que sea difundida la decide exclusivamente la persona que está declarando”. “Es su propio acto de defensa, ¿cómo no va a tener derecho a que esto sea conocido en el momento en que se produce?”, señaló. Se supone, así, que si existe alguna medida que haga la indagatoria secreta, es para preservar al imputado y sus derechos, pero si es él quien promueve que se conozca, para evitar que sea transformada por el relato de los medios, no habría razones para decirle que no. Otro juez, Mario Juliano, de la Asociación Pensamiento Penal, señaló su “desa-cuerdo” con la decisión de Lijo, y dijo que el secreto es “una disposición inquisitiva, medieval y oscurantista”. Y que, además, nada impediría al terminar la audiencia que Boudou se ponga a hablar con los periodistas en las escalinatas de tribunales.

Algunas provincias rompieron con esa tradición del juicio escrito y secreto con reformas procesales que transforman todo el proceso penal en oral. En Santa Fe, por ejemplo, ya no existe la indagatoria como tal, sino una “audiencia imputativa” que puede ver todo el mundo y que se ha televisado en más de una ocasión.

El titular de la tradicional Asociación de Magistrados, Luis Cabral, respaldó las decisiones de Lijo y más tarde la entidad, en un comunicado, disparó críticas furibundas a Boudou, a quien acusaron de “farandulizar el proceso como forma de defensa”.

Boudou, dicen sus colaboradores, estará el lunes en el juzgado. El planteo de nulidad del llamado a indagatoria, que los defensores cuestionan por contener una “falsa acusación” y por considerarlo “carente de contenido jurídico” será, en teoría, resuelto por un carril aparte. Seguramente Lijo lo rechazará y deberá ser analizado por la cámara, que también tiene pendiente expedirse sobre la validez de los testimonios de Reinwick y Ciccone, en los que se basa la citación a Boudou para involucrarlo en las negociaciones para el rescate de la imprenta.