Frente al rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos de tratar el caso de los fondos buitre, la respuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue muy coherente y valiente, en base a las condiciones impuestas por el tribunal de ese país. Si se paga como se reclama, la Argentina tendría una crisis imposible de sobrellevar.

El Gobierno decidió cumplir a rajatabla con los compromisos asumidos con los acreedores que sí entraron a los canjes de deuda, y tácitamente abrió la posibilidad de que los que no ingresaron cobren en las mismas condiciones que el resto. Los acreedores que aceptaron los canjes representan el 92,4 por ciento del total. En una quiebra entre privados, en casi todo el mundo, alcanza con que el 66 por ciento acepte la reestructuración de los pagos para obligar al resto a aceptar (ese porcentaje también es válido en Estados Unidos). En este caso se trata de una deuda soberana y no hay legislación internacional que la regule.

Las razones del rechazo de la Corte de Estados Unidos se desconocen. El respaldo de la administración del presidente Barack Obama, de los gobiernos de China, de Francia y de México, del Vaticano, de los integrantes del Club de París y del G-77 no bastó. Posiblemente se haya tratado de un tema ideológico. Para esa Corte, un pequeño país rebelde no debía enfrentar el dictamen de un magistrado de Estados Unidos, respaldado, además, por los jueces de su Cámara de Apelaciones. Desde el punto de vista republicano y de respeto de las instituciones, para ese corpus jurídico las obligaciones de deuda comprometidas por una nación se deben honrar. Cueste lo que cueste. Y un país como la Argentina no puede cambiar el fallo de un magistrado del imperio. Ni siquiera con el respaldo internacional, ni con la posibilidad de dificultar futuras negociaciones de reestructuración de deudas que se deban tratar.

Lo más increíble del caso es que, respetando el fallo de la Corte, una sola persona condiciona todo proyecto futuro de crecimiento de nuestro país. En un mundo donde domina el “anarcocapitalismo financiero”, debemos reclamar la creación de tribunales financieros internacionales que regulen las grandes operaciones de reestructuración de deudas públicas y seguir defendiendo la soberanía nacional sobre los intereses especulativos.

* Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (Geenap).