La causa comenzó como una demanda que nucleaba a 168 mil bonistas italianos perjudicados por el default argentino de 2001. Al momento de presentarse, el listado de afectados sólo incluía nominalmente a 51 mil afectados. Cuando debió acompañarse la documentación respaldatoria, otros 5000 quedaron en el camino por no poder demostrar su condición de acreedor. De ese modo, plagada de irregularidades, sin precisión sobre la magnitud real de la deuda demandada ni sobre el momento de adquisición de los títulos, la causa que impulsa el lobista financiero Nicola Stock desde 2006, reclamando por una deuda en default supuestamente por 2000 millones de euros de holdouts italianos, logró avanzar en el seno del Ciadi hasta las actuales instancias, en las que por dos votos a uno un tribunal arbitral podría sentenciar que Argentina deberá responder ante los bonistas. Pero, según los expertos, este fallo no tendría ningún efecto real, ya que los supuestos beneficiarios tendrían que recurrir ante la Justicia para que un tribunal de esa órbita pueda hacer valer esos derechos.

“Con las falencias que presenta la demanda y lo inadmisible del reclamo en la forma en que fue efectuado, lo más probable es que Argentina pueda obtener la nulidad del fallo del Ciadi y, para mayor perjuicio de los bonistas, hasta podría quedar prescripta la causa por agotamiento de los plazos para la demanda”, aseguró uno de los especialistas en derecho internacional que siguieron la causa.

El caso de Nicola Stock y la denominada Task Force Argentina, el sello que él mismo creó para hacer propaganda contra el país cuando se lanzó la primera propuesta de canje, ha merecido ya varios tratamientos en revistas y sitios de Internet especializados en derecho internacional. Un aspecto reiterado es la falta de sustento del reclamo, en el que nunca quedó claro el valor demandado ni la tenencia real de los títulos que deberían respaldar la pretensión de cobro. Además, tampoco queda justificado por qué la presentación se hizo ante el Ciadi y no ante un tribunal judicial. “La renuncia a la soberanía y el reconocimiento a una jurisdicción extranjera que otorga el contrato de emisión de cada uno de estos títulos (bonos en default), siempre hace referencia a tribunales judiciales, nunca a un tribunal arbitral como el Ciadi, dependiente del Banco Mundial”, subrayan los juristas que estudiaron el caso.

Sin embargo, la causa logró avanzar con diversos dictámenes a favor de los reclamantes, siempre en una votación por 2 a 1, en la que los votos del árbitro que propone el Banco Mundial y el propuesto por el grupo accionante (de Nicola Stock) siempre se pronunciaron en bloque, contra el voto en soledad del árbitro propuesto por Argentina. Este último, un jurista de prestigio internacional llamado Abi Saab, de origen egipcio, terminó renunciando, tras comprobar que sus cuestionamientos a los defectos de la demanda y las carencias documentales jamás eran atendidos por sus “colegas”, ni siquiera para buscar una justificación. En uno de sus últimos pronunciamientos, Saab llegó a calificar como “una ingeniería genética jurídica” al armado de la demanda, a la cual consideró “inadmisible”. En esa oportunidad, los otros dos integrantes del tribunal terminaron resolviendo la admisión de la demanda, pero sin dejarle la posibilidad a Saab de defender su posición o tratar en reunión conjunta su punto de vista. El jurista egipcio pegó el portazo y su puesto fue ocupado, tiempo después, por el español Torres Bernárdez.

Diversos especialistas en derecho internacional coincidieron en que la presentación de Stock y la Task Force ante el Ciadi exhibe una manifiesta “inhabilidad”, que haría impracticable que una sentencia de un tribunal judicial la haga valer. Por otra parte, se sospecha que, detrás de esta demanda, se ocultan los mismos bancos italianos que colocaron los bonos argentinos entre sus clientes, aun a sabiendas de que estaban próximos a caer en default (año 2001). “La demanda contra Argentina en los tribunales del Ciadi es una fórmula para eludir su propia responsabilidad ante sus clientes, que podrían demandarlos por estafa o mala fe”, señaló un letrado de la península itálica que promovió la acción contra las entidades financieras de su país. A las posturas de Stock y sus violentas diatribas contra Argentina siempre se las vinculó con los intereses bancarios de su país, más allá de que, en público, se presentara como un leal representante del “interés de ahorristas y jubilados italianos estafados por el gobierno argentino”.