En las últimas 48 horas hubo contactos entre los abogados que representan a la Argentina en Nueva York con el mediador designado por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack, para acercar posiciones entre el país y los fondos buitre. El planteo que escuchó Pollack fue que el Gobierno negociará con buena fe, pero que el fallo que obliga a pagar a los holdouts es incumplible en los términos fijados. En consecuencia, para establecer nuevas condiciones se necesita tiempo. Primero, para superar la cuestión urgente de que la Argentina debe afrontar un vencimiento de 228 millones de dólares el próximo lunes. Y segundo, para evitar los efectos de la cláusula RUFO, que obligaría al país a igualar al 93 por ciento de los bonistas que participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010 con lo que reciban los fondos buitre antes del 31 de diciembre próximo. Eso hundiría la reestructuración de la deuda. Pollack tomó nota y habló con los abogados de NML, Aurelius y otros fondos especulativos, quienes se volvieron a mostrar inflexibles a esas exigencias argentinas.

Axel Kicillof analizó ayer la situación con los abogados del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton que representan a la Argentina. Fue en la sede de Naciones Unidas, tras su exposición ante el G-77, según confiaron a Página/12 fuentes oficiales. Intercambiaron información y opiniones sobre el papel de Pollack y las actitudes de Griesa. Los abogados habían ido el día anterior a un encuentro con Pollack tras recibir una convocatoria formal y la advertencia de que si faltaban sería considerado desacato. El mediador preguntó cuál era la posición argentina. La respuesta fue que para empezar una negociación formal con los buitres es necesario que Griesa vuelva a instalar una medida suspensiva de la sentencia –“stay”– que evite embargos de activos argentinos. Hasta el momento, el juez no respondió la solicitud.

El equipo económico considera que en esta coyuntura el papel de Pollack puede ser más importante como mediador entre el Gobierno y el juez Griesa que como facilitador de un diálogo con los fondos buitre. Kicillof insistió en que si el magistrado no genera las condiciones para negociar con los holdouts, empuja al país al default. Esa pulseada es la que más ocupa en este momento al Gobierno, que confía en seguir cosechando apoyos internacionales para superar la resistencia del juez de Nueva York.

Pollack, en tanto, apuró reuniones y llamados a los distintos actores del conflicto. Ayer hizo una breve declaración a través de una agencia internacional: “Los abogados de las partes se encontraron conmigo ayer (por anteayer) por varias horas y también se han comunicado conmigo telefónicamente en el curso de las últimas 48 horas”. En esas reuniones, indicó, “no se ha alcanzado ninguna resolución”. Finalmente, sostuvo que “las partes, a través de sus abogados, han acordado mantener lo sustancial de nuestras conversaciones en confidencialidad, con el fin de facilitar la posibilidad de una resolución futura”.

“En realidad fue un encuentro preliminar y lo que dijimos es que Griesa tiene que volver a poner el stay”, relativizaron desde el Gobierno. El plazo para seguir con esa estrategia es limitado. El próximo lunes la Argentina debería cancelar un vencimiento de 228 millones de dólares. Sin el stay, no se girará el dinero al Banco de Nueva York para que lo distribuya entre los acreedores que sí participaron de los canjes de deuda porque podría ser embargado para pagarles a los buitres. En ese caso, habría otros 30 días de gracia antes de que se declare formalmente el default. Los buitres enfatizaron que si la Argentina realmente quiere negociar, tiene ese plazo para hacerlo. El equipo económico insistió en que tiene que haber buena fe también de la contraparte y del juez Griesa.

Mientras se define la pulseada por el stay, Pollack intenta ir anticipando pasos de la negociación por los pagos de Argentina a los buitres. Pidió a los fondos especulativos que le acerquen un esquema preliminar de qué plazos y condiciones estarían dispuestos a aceptar. La sentencia de Griesa los habilita a cobrar 1500 millones de dólares en efectivo, pero si pretenden hacerlo valer empujarían al país al default. Por tanto, otra vez, el papel de Griesa es central. Tal como están planteadas las cosas, la pelota está en la cancha del magistrado.