El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo rector en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, quitó de la “lista gris” a la Argentina. En concreto, el país dejará de tener un seguimiento intensivo ante el plenario del GAFI debido al “cumplimiento acabado de las normas recomendadas” por la entidad. Este avance había sido adelantado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace dos semanas, cuando anunció que la Argentina había firmado el Memorando Multilateral de Entendimiento en la reunión de directorio de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco). “Iosco, que forma parte del G-20, acaba de aprobar el ingreso de la Argentina en el acuerdo multilateral de intercambio de información. O sea, en criollo, se pasa de la lista gris a la lista blanca”, argumentó la mandataria.

“La Argentina abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el establecimiento de procedimientos para identificar y congelar activos terroristas; la mejora de los procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; la garantía de que la UIF sea totalmente operativa y de funcionamiento efectivo; y la mejoría de los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas.” Así lo determinó el GAFI a través de un comunicado publicado en el sitio web del organismo.

El Grupo de Acción informó también que enviará al país una delegación para terminar de constatar las mejoras implementadas y concluir formalmente la etapa de revisiones exhaustivas. El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, estuvo en Francia siguiendo al detalle el último encuentro de este organismo, junto a funcionarios del Ministerio de Justicia.

En 2009, este organismo había hecho una evaluación sobre la Argentina y encontró que de las 49 recomendaciones internacionales, sólo cumplía correctamente con dos. Por este motivo, el organismo internacional incluyó a la Argentina en un listado de países “con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero” y lo sometió al seguimiento intensivo ante el plenario. Ahora, esta situación se revirtió.

“Desde 2010 hemos modificado sustancialmente todo el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se han efectuado modificaciones normativas y se ha reformado completamente la UIF, dotándola de las herramientas y los recursos necesarios para una efectiva lucha contra esos delitos”, manifestó Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Una de las últimas medidas estructurales del gobierno nacional fue la sanción de la ley de mercados de capitales. “Uno de los aspectos que permitieron el acceso a los estándares regulatorios internacionales fue la sanción de la nueva ley de mercado de capitales que alinea a la Argentina con las normas más avanzadas a nivel internacional, conforme las regulaciones previstas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, cumpliendo con los principios para el intercambio de información promovidos por la Iosco”, remarcó el Poder Ejecutivo hace dos semanas, luego del ingreso al Iosco.

El Iosco es un instrumento que establece un marco jurídico para consulta, cooperación e intercambio de información entre los firmantes. A través de esos acuerdos, los reguladores persiguen garantizar el cumplimiento de sus respectivas leyes o requisitos normativos internos respecto de los valores negociables.

“Con la firma del memorando se incrementará la protección de inversores, ya que se fortalecerá la prevención de las prácticas fraudulentas y otras conductas contrarias a la transparencia. Además, la investigación de los delitos y de las infracciones de grupos económicos y operaciones que vulneran las normas cambiarias, impositivas o de lavado de dinero se mejorará drásticamente”, argumentó Alejandro Vanoli, presidente de la CNV, en un reportaje publicado por Página/12 el pasado 14 de junio.

El ingreso en el Iosco es consecuencia de alcanzar los estándares internacionales reclamados por el GAFI. Es decir, esta medida está en sintonía con la reciente decisión de este organismo de sacar de la lista gris a la Argentina.